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Informes y balances sobre los derechos humanos en México realizados de manera periódica.

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Perpetuar el fallido modelo de Seguridad | 2da. Edición

PerFallModSeg2PortadaA pesar de las múltiples voces que advirtieron de los peligros de una Ley de Seguridad Interior, la exigencia de las Fuerzas Armadas se impuso en el Congreso de la Unión y ésta fue aprobada a finales de diciembre de 2017.

Se trata de una ley que incluye un concepto de seguridad propio de regimenes autoritarios, que contiene definiciones laxas, que no incorpora controles de derechos humanos ni contrapesos legislativos, que altera de fondo la relación cívico-militar; una ley que perpetuará el fallido modelo de seguridad y que prescinde de la evidencia empírica. Una ley que por su mal diseño mantendrá en la incertidumbre a marinos y militares.

La posibilidad de revertir esta legislación depende ahora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez más, la independencia del Máximo Tribunal del país será puesta a prueba. En esta segunda edición ofrecemos un análisis de lo aprobado y de las voces que hemos advertido que el mejor camino es una seguridad sin guerra.

Revertir la Impunidad

PortadaRevertirImpunidadMéxico vive una crisis de violaciones a derechos humanos y corrupción enlazadas por la impunidad.

Este diagnóstico, perfilado inicialmente por la sociedad civil, hoy es asumido como propio por relevantes actores políticos nacionales y por las más importantes instancias internacionales de protección a los derechos humanos, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (cidh) hasta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (acnudh).

En los últimos años y sobre todo a partir de los eventos que en 2014 develaron la magnitud de la crisis –Tlatlaya, la “Casa Blanca”, Ayotzinapa–, mucho se ha discutido en México sobre cómo revertir el estado de impunidad crónica que vive el país. Hoy sabemos que esto sólo puede lograrse cuando se acoplan dos ngranajes fundamentales: voluntad política y desarrollo de capacidades institucionales de investigación.

La voluntad política es la pieza clave y es la más escasa en nuestro entorno. No se ha acreditado en México voluntad política para investigar y sancionar a quienes delinquen desde el poder, sea cometiendo violaciones a derechos humanos o incurriendo en delitos de corrupción.

Como en los pactos de impunidad participan actores políticos y económicos preponderantes, este inmenso déficit de justicia sólo cambiará cuando la sociedad genere un entorno de exigencia capaz de reconfigurar la actual distribución del poder en México y ensanchar así los cauces de la justicia.

Pero incluso construida la voluntad política para revertir la impunidad, la falta de capacidades en el sistema de justicia prevalecerá. Los miles de casos acumulados en expedientes carentes de análisis contextual, ajenos al empleo de tecnología, necesitados de incorporar perspectivas de macrocriminalidad, conducidos por ministerios públicos que investigan desde el escritorio, no cambiarán de la noche a la mañana por la voluntad de ningún gobierno. Se necesita, por tanto, fortalecer las capacidades institucionales de investigación. Esto es especialmente cierto respecto de la investigación de graves violaciones a derechos humanos; los casos de tortura, ejecuciones y desapariciones no se investigan adecuadamente en México.

A partir de su trabajo de más de un año con el sistema de justicia mexicano, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (giei), designado por la cidh para la supervisión del caso Ayotzinapa, identificó algunos mecanismos estructurales que explican la impunidad en los casos de graves violaciones a derechos humanos: deficiencias en el acceso a la justicia que no solamente afectan a la investigación de los hechos de Iguala, sino que están presentes en la cotidianidad de las instituciones encargadas de procurar justicia.

Tomando como referencia el Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas, en esta publicación recogemos el diagnóstico hecho por el giei en cuanto a los mecanismos de impunidad que explican la ineficacia de las investigaciones para después ofrecer un esquema con las modificaciones legales necesarias para revertir la situación que hoy impera. Nos hemos tomado la libertad de ajustar la redacción del giei para alcanzar a un público más amplio y, en algunas ocasiones, hemos complementado sus observaciones con las que surgen de la experiencia de tres décadas del Centro Prodh.

Resumimos además cada uno de los aspectos desarrollados para abordarlos de manera breve y concisa.

Publicamos este material con la convicción de que superar el estado de impunidad que vive México no sólo es urgente: también es posible.

Criminalización de Mujeres Migrantes

PortadaMujMigEn diciembre de 2013, en el marco de la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que cada año ingresa a territorio mexicano, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami) tuvo conocimiento de la situación de un grupo de mujeres migrantes recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4, en Tapachula, Chiapas, acusadas de trata de personas y otros delitos afines.

En septiembre de 2014, junto con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Prami elaboró el informe “Migrantes en prisión. La incriminación de migrantes en México. Otro destino trágico”, a raíz del cual se solicitó el apoyo del Centro Prodh para intervenir jurídicamente en los casos.

Luego de la integración del Programa de Derechos Humanos de la Ibero (pdh) en mayo de 2015, se realizaron diversas reuniones y comunicaciones para evaluar las capacidades para continuar y fortalecer la documentación de los casos.

Así, a principios de 2016 se acordó presentar al grupo de mujeres en cuestión la propuesta de realizar un informe que sirviera de plataforma para la denuncia e incidencia.

Cabe destacar que en el primer trimestre de 2017, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova se unió formalmente a esta iniciativa para de esta forma fortalecer el análisis de los casos en un contexto de frontera y apoyar la documentación y denuncia como un actor local. Previo a ello, facilitó el espacio de sus instalaciones para tener reuniones con las mujeres que estaban en libertad.

El objetivo general de este proyecto ha sido documentar el conjunto identificado de casos de mujeres criminalizadas por delitos asociados a la trata de personas, recluidas en el Centro de Reinserción Social Femenil no. 4 en Tapachula, Chiapas.

Nuestros objetivos específicos fueron los siguientes:

1. Identificar las condiciones y los factores contextuales que facilitaron la criminalización y las violaciones a derechos humanos cometidas contra el grupo de mujeres. 
2. Identificar las diferentes formas de violencia que ellas han enfrentado antes, durante y después de la detención, así como los modos de afrontamiento que han puesto en marcha. 
3. Identificar y llevar a cabo acciones de documentación, denuncia y promoción de los derechos humanos de las mujeres, con énfasis en el derecho al debido proceso legal.
4. Formular recomendaciones dirigidas a la prevención de nuevas violaciones a derechos humanos tanto para este grupo de mujeres como para las migrantes en general, en especial aquellas que son procesadas penalmente.

A lo largo de los distintos apartados que integran este informe, se podrá tener un acercamiento a las experiencias de seis mujeres, la mayoría migrantes. Se parte del contexto que impera en la frontera sur de México para de ahí conocer la forma en que ellas han sido víctimas de numerosas formas de violencia a lo largo de sus vidas, agravadas por una serie de violaciones a derechos humanos producto de su criminalización. El informe retoma sus testimonios, así como la información técnico-legal sobre sus procesos penales; asimismo, permite conocer las historias de afrontamiento y valentía con que han sobrellevado y reivindicado su dignidad.

Del papel a la práctica: la aplicación de las reformas constitucionales en el sistema de justicia

PortadaLas reformas constitucionales de 2008 (que dispusieron la transición a un sistema penal acusatorio y oral) y de 2011 (que reformaron la figura del juicio de amparo e incorporaron los principios y obligaciones de los derechos humanos a la Constitución) constituyen en su conjunto una de las transformaciones más trascendentales en la normatividad e institucionalidad mexicanas del último siglo. Entendidas de manera integral, las tres reformas se complementan la una a la otra para ampliar la protección y garantía de los derechos de todas las personas en el país.

En los últimos años se han realizado diversos proyectos de monitoreo de la implementación y aplicación de la reforma en materia de justicia penal en particular, midiendo aspectos como la entrada en vigor de nuevos procedimientos penales, la cobertura geográfica, los cambios en los tiempos procesales de los casos, uso de medidas cautelares y las prácticas en materia de ejecución de la pena, entre muchos otros aspectos.

Hoy, estimamos que estamos en posibilidades de compartir una primera mirada a seis años de la reforma en derechos humanos, a nueve años de la reforma penal y a un año de la entrada en vigor de la misma en todo el territorio nacional. Conscientes de las limitaciones que todavía existen para acceder a un número de resoluciones bastante para documentar la evolución en el tiempo de las prácticas judiciales, consideramos no obstante que es importante acercar este primer aporte a los sectores directamente implicados en la aplicación de las reformas y a la sociedad en general.

Lo hacemos con el ánimo de abrir espacios de reflexión, para resaltar ejemplos de criterios positivos que pueden servir de guía a los demás actores y para advertir e impulsar la corrección desde este momento de criterios no compatibles con el nuevo marco constitucional, buscando evitar los riesgos de una mala aplicación de las reformas, desenlace que sería especialmente lamentable dada la crisis de derechos humanos que enfrenta México hoy en día.

Perpetuar el fallido modelo de seguridad

PortadaInformeSeguridadPerpetuar el fallido modelo de seguridad: La Ley de Seguridad Interior y el legado de una década de políticas de seguridad en México contrarias a los derechos humanos.

A una década de la llamada "Guerra contra el narcotráfico" los resultados no han sido los esperados ni en el combate a la violencia, ni en la reducción de la criminalidad, ni en el fortalecimiento de nuestras instituciones policiales y de justicia.

El fracaso de las políticas de seguridad del Estado mexicano no ha pasado desapercibido para las instancias internacionales de derechos humanos quienes han recomendado a México transitar de un modelo militar a un modelo de seguridad civil. 

Llamar a debatir el modelo de seguridad simplemente es defender las bases constitucionales de nuestra democracia.

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