Ayotzinapa

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Abr
28

La PGR ejerce acción penal contra "La Medusa"

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AUTOR: Gustavo Castillo 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 28 de abril de 2017


La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal contra Walter Alonso de Loya, La Medusa, por su presunta responsabilidad en delincuencia organizada y privación ilegal de la libertad por hechos ocurridos en 2014 y 2015 en el estado de Guerrero.

Según el Ministerio Público Federal, "esta persona es considerada parte de los líderes criminales que operaban en el municipio de Huitzuco de los Figueroa, en el estado de Guerrero, dedicados principalmente al delito de secuestro y extorsión".

La PGR refirió que diversos procesados por el caso Iguala relacionan a La Medusa "con los hechos acontecidos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en el municipio de Iguala, Guerrero", cuando fueron privados de la libertad 43 alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

Walter Alonso de Loya fue detenido el pasado 24 de abril en el municipio de San Juan del Río, Querétaro, junto con Erasto Bonfil, otro integrante del grupo criminal conocido como Guerreros unidos.

Ambos fueron aprehendidos en el municipio de Amealco por autoridades de Querétaro cuando detectaron que los presuntos delincuentes portaban dos armas de fuego, y luego de que Alonso de Loya presentó dos credenciales que, reconoció, eran falsas.

De Loya fue identificado por la PGR como integrante de la célula de Los Peques, integrada por sicarios, halcones, y operadores financieros de Guerreros Unidos, y que intervino en el asesinato de los activistas Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Banderas Román y Ángel Román Ramírez, opositores a la gestión del ex alcalde de Iguala José Luis Abarca.

La Medusa fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango, donde quedó a disposición de un juez federal para ser procesado por secuestro y delincuencia organizada, entre otros ilícitos.

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Abr
28

CIDH lamenta que México ignore sus recomendaciones

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AUTOR: Pedro Villa y Caña
FUENTE: El Universal 
FECHA: 28 de abril de 2017


La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lamentó que no se ha seguido su recomendación del retiro del Ejército mexicano en el combate a la inseguridad, las cuales "siguen siendo un desafío por la violencia que persiste en el país".

En el informe anual 2016, la CIDH destacó que es preocupante el tema de las desapariciones, homicidios y tortura en México, además de considerar que el país atraviesa una grave crisis de violencia e inseguridad desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa e indicó que la solución de sacar al Ejército mexicano desató mayor violencia y violaciones a los derechos humanos.

Agregó que a pesar de los avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, así como la adopción de importantes políticas públicas en México, elaboradas en consonancia con el derecho internacional de los derechos humanos, "persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad que se alimenta del miedo que generan los grupos del crimen organizado que actúan en nombre propio y en ocasiones en colusión con autoridades, así como por la consecuente impunidad".

Al hacer una revisión a las recomendaciones que ha hecho a México, la CIDH lamentó que México no ha dado seguimiento a las observaciones que se han realizado en diferentes temas, entre ellos, la presencia de las Fuerzas Armadas en la recuperación de las tareas de seguridad ciudadana por parte de las policías civiles, así como en temas como la tortura y la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa; tortura, ejecuciones extrajudiciales y el trato a migrantes.

La comisión toma nota de que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sugieren que no se estarían tomando en consideración la implementación de todas las medidas relacionadas con la investigación.

En el documento se recomienda que a la brevedad posible el Estado adopte la Ley General sobre Desapariciones y Desaparición Forzada, y exhorta al establecimiento de mecanismos de búsqueda inmediata, a mejorar el Registro de Personas Desaparecidas, a fortalecer los mecanismos de alerta temprana y búsqueda urgente en casos de desaparición de mujeres y niñas.

El capítulo cuatro del informe, conocido como la "lista negra", señala a Cuba, Venezuela y República Dominicana como los países donde las violaciones de derechos humanos requieren una "atención especial".

Indica que República Dominicana tomó el relevo de Guatemala por la persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana, o percibidas como tales. Sobre Venezuela, la CIDH denuncia que se ha registrado "un agravamiento" de la situación de la seguridad ciudadana con relación al derecho a la vida e integridad personal y "un deterioro del Estado de derecho y las instituciones democráticas".

Repite Cuba, por "las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las restricciones a la libertad de movimiento".

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Feb
12

Política Zoom / Injusticia a secas para Ayotzinapa

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AUTOR: Ricardo Raphael
FUENTE: El Universal
FECHA: 13 de febrero de 2017

La Procuraduría General de la República perdonó a Tomás Zerón de Lucio, el ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En vez de acusarlo por obstruir la justicia, la PGR sacó una pálida tarjeta amarilla para sancionarlo por una falta técnica sin importancia.

El martes de la semana pasada la investigación sobre el paradero de los 43 jóvenes estudiantes de Ayotzinapa echó de nuevo varios pasos en reversa. Fue más importante -otra vez- cubrir a los responsables de descarrilar la ley que resolver el caso penal más relevante de la historia mexicana reciente.

Justicia de cuates para Zerón e injusticia a secas para las víctimas desaparecidas.

El día que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) entregó su último reporte se denunció con evidencia incontrovertible que el señor Tomás Zerón -junto con un nutrido grupo de peritos y un supuesto testigo de los hechos- visitó el lecho del Río San Juan el día 28 de octubre de 2014.

Sin embargo, casualmente se cometió un olvido a la hora de registrar esta diligencia en el expediente judicial. Un día después ahí mismo aparecieron los restos de Alexander Mora. Ya que ningún otro resto de ningún otro normalista ha sido encontrado por la autoridad, ese pedazo de hueso se convirtió en pieza principal de la investigación.

Desde que el GIEI denunció a Zerón, los padres de las víctimas alimentan la sospecha de que ese señor sembró evidencia con el propósito deliberado de fabricar una verdad política asentada sobre pruebas falsas.

Consciente de la desconfianza que el episodio arrojó sobre la actuación de la PGR, Arely Gómez, la entonces procuradora, instruyó en mayo de 2014 al visitador Cesar Alejandro Chávez Flores para que investigara al investigador.

También prometió a los padres de los normalistas que, de encontrar irregularidades en el proceder de Zerón, habría consecuencias graves para él.

Tres meses después Chávez confirmó irregularidades serias cometidas desde el 26 hasta el 29 de octubre de 2014. Además del olvido sobre el registro de la actuación, entre las faltas más relevantes de Zerón está la excarcelación del supuesto testigo que condujo a que la autoridad visitara el lecho del Río San Juan.

Después de sufrir tortura confirmada, Agustín García Reyes, alias El Chereje, fue trasladado a Guerrero mediante oficio falso, sin instrucción válida del Ministerio Público y sin compañía de su abogado defensor.

Los peritos de la procuraduría tampoco recibieron autorización del MP para inspeccionar la zona. Además dieron la espalda a los protocolos previstos, contaminaron la escena del crimen y clasificaron erróneamente evidencia que habría podido ser importante.

Con los argumentos del visitador Chávez se refuerzan las dudas expresadas por los padres y sus abogados: los restos de Alexander Mora podrían haber sido sembrados para desviar el curso de la investigación.

El informe de Chávez fue entregado en agosto del año pasado a la ex procuradora. Días después el visitador fue despedido y poco más tarde Arely Gómez fue removida de su cargo. Enrique Peña Nieto la nombró secretaria de la Función Pública y a Tomás Zerón lo premió con una oficina contigua a la casa presidencial.

El capítulo posterior de esta lamentable historia lo aportó el martes pasado Adriana Campos López, quien sustituyó a Chávez como visitadora en la PGR. A pesar de la evidencia aportada por dos informes distintos -el del GIEI y del visitador anterior- Campos resolvió que Zerón de Lucio actuó conforme a derecho -cometiendo a caso una breve falta técnico-administrativa cuando olvidó registrar en el expediente la visita del 28 de octubre.

** Zoom: No será en esta administración que conoceremos el paradero de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. No hay condiciones políticas para que se produzca verdad jurídica a propósito de este caso. Y sin embargo, un día sabremos; que no les quepa duda a los responsables: un día sabremos.

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Feb
11

Zerón gana otra batalla por la impunidad

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AUTOR: Gloria Leticia Díaz 
FUENTE: Proceso 
FECHA: 12 de febrero de 2017



Tomas Zeron, exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, fue el arquitecto de ta falaz "verdad histórica" sobre Ayotzinapa. Y el mismo gobierno federal ha aceptado que, en ese empeño, actuó irregularmente y con opacidad. Sin embargo, en el dictamen final sobre su actuación -que se dio a conocer la semana pasada- se le exculpa de cualquier responsabilidad penal, se imputa a funcionarios menores y se eliminan los mayores señalamientos que la propia autoridad ya había admitido.

Para los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014, la reunión del jueves 9 con el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes Andrade, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, fue "la confirmación de las complicidades existentes para proteger a Tomás Zerón de Lucio", exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y artífice de la "verdad histórica", exhibido por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por su actuación irregular en el caso.

"¿Qué le debe este gobierno a Zerón? ¿Qué sabe o qué implicación tiene en la desaparición de nuestros hijos? ¿Por qué llegar a las complicidades para protegerlo?", pregunta con desesperación Mario González Contreras, padre del estudiante César Manuel González.

En entrevista, el señor González hace un recuento de la reunión en la que se cuestionó el dictamen final de las investigaciones realizadas por la Visitaduría General de la PGR a la actuación de Zerón y otros funcionarios que trasladaron a las margenes del río San Juan, en Cocula, a Agustín García Reyes -uno de los inculpados por la desaparición de los 43- sin consignar esa diligencia en la averiguación previa.

En el dictamen clasificado como "definitivamente concluido", la Visitaduría se declara incompetente "para conocer y resolver sobre los actos u omisiones que le fueron atribuidos a Tomás Zerón de Lucio". Esto contradice el Acuerdo de Conclusión (AC) elaborado durante la gestión de César Chávez Flores al frente de la Visitaduría, revelado por este semanario en noviembre pasado. Ahí se asentaba que Zerón violó "las garantías judiciales, (de) acceso a la justicia y derecho a la verdad" y era responsable de "haber excedido el ejercicio de sus facultades" (Proceso 2090).

Aunque en el documento final se reconoce que el actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad supuestamente tuvo responsabilidad y participó en el traslado del inculpado a Cocula "sin contar con facultades para ello", se insiste en que su caso debe ser investigado por el Órgano Interno de Control (OIC) de la PGR, que depende de la Secretaría de la Función Pública (SFP)... es decir, de la exprocuradora Arely Gómez, quien fue jefa ríe 7.prón.

El mencionado Acuerdo de Conclusión, que implicaba a otros cinco funcionarios, también ordenaba dar vista a la SFP, "a fin de que el (entonces) director en jefe de la AIC (Zerón) sea llamado a procedimientos en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos", y dejaba abierta la posibilidad para que los infractores fueran sancionados penalmente: ordenaba remitir el resultado de la indagatoria al director general de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, para que "inicie carpeta de investigación contra quien resulte responsable".

El hecho de que el AC fuera ocultado durante la gestión de Arely Gómez fue lo que provocó el rompimiento del diálogo entre la PGR y los familiares de los jóvenes desaparecidos, en agosto del año pasado. De ahí que para regresar a la mesa de conversaciones con Cervantes Andrade los padres pusieran como requisito la presentación del dictamen final.

"Desde el momento en que Peña Nieto nombró a Zerón en un alto cargo sabíamos que lo estaban protegiendo, y en la reunión lo confirmamos. La nueva visitadora (Adriana Campos López) trató de justificarlo, llegó a decir que lo que Zerón quería al ir al río San Juan era encontrar a los muchachos. Tan absurdas fueron sus respuestas que ni el procurador ni Osorio Chong la defendieron.

"Nosotros le exigimos que comparara su informe con el del exvisitador César Chávez, pero ella se negó; seguro pensaba que porque somos campesinos no leemos los medios, pero no sólo es eso, sino que el propio César Chávez nos dijo antes de que lo corrieran que había responsabilidades penales que perseguir", cuenta Mario González.  análisis actual no sólo se redujo el número de folios -que pasó de 177 a 128-, sino que se excluyeron las consideraciones desde la perspectiva de derechos humanos y derecho internacional.

"Olvidos" y exculpaciones...

El dictamen final -del que Proceso tiene una copia- es parte del expediente DGA/510/CDMX/2016, tiene el folio 1524/2016, está fechado el 8 de diciembre de 2016 y cuenta con la firma de la agente ministerial visitadora Rocío Ramírez Fernández.

Ahí se descarta que hayan sufrido retenciones ilegales y arbitrarias seis personas: Jorge Luis Poblete Acosta, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, cuyas declaraciones son los pilares de la "verdad histórica", que sostiene que los 43 estudiantes fueron ejecutados y calcinados en el basurero de Cocula, y sus cenizas arrojadas en bolsas de basura al río San Juan.

Tampoco se le atribuyen responsabilidades a Zerón, como se menciona en el primer escrito, por haber "sustraído" a García Reyes de los separas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para trasladarlo por helicóptero a Cocula, "sin que mediara mandamiento ministerial o judicial que así lo ordenara" y sin presencia de su abogado (lo que violó las garantías de defensa del inculpado).

Tampoco se recomiendan sanciones sobre el daño generado a los familiares de las víctimas, a quienes la actuación de Zerón impidió "conocer información detallada sobre las diligencias de búsqueda practicadas ese día (28 de octubre), expresar sus opiniones ante la autoridad, o incluso imponer recurso alguno para impugnar la legalidad de la actuación del titular de la AIC, así como la de los peritos allí presentes, quienes incluso descartaron evidencia luego de haber entrado en contacto con ella".

De acuerdo con el dictamen avalado por los directores general de Asuntos Internos y de Área, Eliseo Guzmán Villegas y Martín López Serrano, respectivamente, "los actos u omisiones que le fueron atribuidos a Zerón" consisten en que "pudo haber participado en la diligencia en la que se trasladó al inculpado Agustín García de las instalaciones de la SEIDO a Cocula, sin contar con facultades para ello".

Responsabilidad diluida Se sostiene que es el Órgano Interno de Control de la PGR, que depende de la SFP, el que tendrá que resolver la situación jurídica de Zerón, ya que "el cargo con el que se desempeñaba no es de aquellos (relacionados con) actividades inherentes a una labor sustantiva de esta institución, como los agentes de la Policía Federal Ministerial, oficiales ministeriales, peritos y oficiales ministeriales", quienes están regidos por el régimen especial de la Ley Orgánica de la PGR.

Por lo anterior, se agrega, "esa Visitaduría General y las unidades administrativas que le están adscritas carecen de facultades para iniciar, substanciar y resolver un posible procedimiento administrativo de responsabilidad administrativa en contra de Zerón".

El dictamen señala que se notificará al titular del OIC de la PGR "a efecto de que, de estimarlo procedente, inicie un procedimiento administrativo disciplinario" en contra del exdirector de la AIC.

La funcionaría responsable del dictamen no sólo exculpa a Zerón de las conductas irregulares detectadas en el AC del 18 de agosto pasado, sino que "encuentra" quién responda por ellas, aunque sea sólo en el ámbito administrativo.

Se trata de Abraham Eslava Arvizu, quien formaba parte de la comitiva de Zerón en el traslado de la SEIDO al río San Juan, y quien en octubre de 2014 era titular de la Unidad Especializada en Investigación de Asalto y Robo de Vehículo, cargo que le confiere atribuciones de agente del Ministerio Público de la Federación.

Es así como a Eslava -quien en el AC sólo es mencionado como acompañante del exdirector de 1a. AIC- se le achaca "omitir levantar constancia de la diligencia practicada el 28 de octubre de 2014 en Cocula" y no procurar la designación de un defensor que acompañara a García.

En el documento se admite que Eslava "no tenía a su cargo la integración de la averiguación, de igual modo tampoco se ha demostrado que haya solicitado al indiciado para la práctica de alguna diligencia".

Sin embargo, se resalta que de los cuatro funcionarios de la PGR que volaron con el inculpado (Zerón, Bernardo Cano Muñozcano -entonces funcionario de la AIC-, el agente de la Policía Ministerial Jaime Díaz Serralde y Eslava Arvizu), este último era "quien tenía facultades para intervenir en el lugar indicado", por lo que "debió asentar su actuación de manera formal por escrito y de acuerdo con las formalidades establecidas por el Código Federal de Procedimientos Penales, e informarlo al agente del Ministerio Público de la Federación encargado de la integración de la indagatoria para que dicha constancia fuera glosada a la misma".

En el mismo sentido se señala que, por "por ministerio de ley", Eslava debió garantizar que se contara con un mandamiento ministerial para trasladar a García Reyes y que éste tuviera abogado".

Pese a la contundencia de estos hechos, el resolutivo se limita a apuntar que Eslava "probablemente cometió conductas irregulares de índole administrativa".

Por esto se instruye dar vista al titular de 1a. SEIDO, Alonso Lira. Salas, para que evalúe al funcionario, "quien con su actuar violentó los principios de legalidad, profesionalismo y certeza que deben regir el actuar en la función pública".

De los otros acompañantes de Eslava, cuya responsabilidad tampoco se incluía en el Acuerdo de Conclusión, se considera que Cano Muñozcano comparte el mismo tipo de responsabilidad de quien fue director de la AIC, y de la misma|igta|iflf rg se remite su caso al OIC de la PGR para que "inicie un procedimiento administrativo disciplinario" en su contra. Sobre la actuación de Díaz Serralde se da vista al titular de la Policía Federal Ministerial, Vidal Díaz-Leal, "en su carácter de superior jerárquico (...), ya que omitió elaborar informes y rendirlos al Ministerio Público de la Federación con respecto al traslado del indiciado, Agustín García".

La agente del Ministerio Público que elaboró el dictamen resta importancia a las conductas de funcionarios adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) de la SEIDO, y de Servicios Periciales, calificadas como "graves" en su momento por el agente Ricardo Juan de Dios Martínez, responsable del proyecto de Acuerdo de Conclusión.
Mientras en el primer documento se responsabilizó a 1a. agente del Ministerio Público Blanca Alicia Bernal Castilla de detenciones y retenciones ilegales de siete personas, entre ellas García Reyes, en el dictamen final se suprime esa consideración y sólo se le atribuye no haber glosado el oficio de cese de custodia del inculpado, fechar la recepción del certificado médico emitido por personal de la Marina un día antes de que terminara de elaborarse, y firmar actuaciones fechadas en la Ciudad de México mientras supuestamente se encontraba en Cocula, en la diligencia del 29 de octubre.

En cuanto al fiscal de la UEIDMS, Jorge García Valentín, se le señala por entregar a García Reyes a Zerón sin causa legal que lo justificara.

En el escrito anterior se proponía la remoción de Bernal y la cancelación del certificado de García Valentín, pero en el dictamen final se considera que ambos cometieron "irregularidades de índole administrativo", y sus casos son enviados a su supe

ior jerárquico, el titular de SEIDO, Alonso Lira Salas.
En la resolución final también se consideran de índole administrativo las conductas irregulares de los peritos que participaron en las diligencias del 28 y el 29 de octubre: Eva Hernández Moreno, fotógrafa; Mauricio Cerón y Patricia Gómez.

Sus fallos supuestamente consistieron en errar al fechar fotografías, no preservar todos los restos localizados el 28 de octubre y "no levantar" la cadena de custodia, por lo que de la misma manera se instruye a que sea su superior jerárquico, en este caso el coordinador general de Servicios Periciales, Anselmo Apodaca Sánchez, quien determine las sanciones.

Ante el recorte de las primeras conclusiones y lo limitado de la resolución final, los padres de los 43 normalistas se enfurecieron durante la reunión del jueves 9, relata el señor González Contreras.

Destaca que por la información que habían tenido del propio exvisitador César Chávez, la publicada en medios como Proceso, y por las consideraciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de sus propios abogados, "se habían identificado 18 irregularidades en los hechos del 28 de octubre en el río San Juan, pero lo que nos presentó la visitadora sólo consideraba siete, y de ésas casi no toca a Zerón, así que nuestro coraje fue muy grande".

Al señalar que el próximo 9 de marzo llegarán a un nuevo encuentro con el procurador Cervantes y la visitadora general, Adriana Campos, en el que presentarán su propio análisis del dictamen, Mario González puntualiza que "no es un asunto personal contra Tomás Zerón. Lo que los 43 padres y madres queremos es que se castigue a los funcionarios que manipularon la investigación, y que pusieron obstáculos para alcanzar el objetivo más importante para nosotros: encontrar a nuestros muchachos".

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Feb
11

Caravanas "contra las injusticias" parten de CDMX hacia el norte y sur del país

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AUTOR: Sergio Ocampo Arista
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 12 de febrero de 2017

  • Padres de los 43 empiezan nueva jornada de lucha por su aparición
  • Realizan caravanas hacia el norte y el sur del país, informa Vidulfo Rosales
  • Impulsan lucha conjunta por Ayotzinapa, el gasolinazo y reformas estructurales

El abogado Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, informó que dos caravanas partieron de Ciudad de México en una nueva jornada nacional de lucha por la demanda de presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, contra el gasolinazo y las reformas estructurales.

Entrevistado vía telefónica, dijo que la mayoría de los padres de familia de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa se encuentran en la Ciudad de México, donde se integraron a dos caravanas que partieron rumbo al sur, al norte y el Bajío del país.
Explicó que la caravana que va al sur recorrerá Chiapas, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Morelos y concluirá en Hidalgo.

La que se dirige al norte, dijo, visitará San Luis Potosí, Qüerétaro, Guadalajara y Michoacán, con la finalidad de hacer contacto con colectivos y organizaciones que actúan en dichas entidades, e impulsar una lucha conjunta no sólo en apoyo al caso Ayotzinapa, sino de otras demandas; las caravanas concluirán el 17 de febrero.

Rosales. Sierra agregó que otro de los objetivos trazados es convocar a una asamblea nacional para el 25 y el 26 de febrero en la Ciudad de México con el objetivo de fortalecer la Asamblea Popular y establecer una ruta de articulación nacional que incluya resolver la desaparición forzada en el país.

Con relación a la investigación que se le sigue a Tomás Zerón de Lucio, ex director en jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por alterar pruebas en el caso Iguala y de la que está a cargo la Secretaría de la Función Pública, expresó: "No es la resolución que esperábamos; por lo menos no está acorde a un proyecto de resolución que se filtró a los medios .

Reconoció que los padres de los 43 normalistas han considerado que no pueden quedarse atorados en el tema de Zerón, porque debe haber transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio de la función pública; no obstante, lo fundamental es la presentación con vida, dar con su paradero.

"Los padres de familia tomaron la decisión de continuar con el diálogo, aun cuando la responsabilidad y la sanción a Zerón de Lucio se diluya, ya que pretenden encubrirlo. Las resoluciones que hoy se tienen seguirán siendo motivo de análisis y de discusión", refirió.

Ratificó que para el próximo 9 de marzo continuarán pláticas con la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Gobernación, mientras el resto del diálogo y la agenda se definirán junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la audiencia a realizarse a mediados de marzo.