Ayotzinapa

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May
08

Informe enlatado de PGR amenaza caso Ayotzinapa

Autor // comunicacion

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AUTOR: Jorge Ramos 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 8 de mayo de 2017


La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según un informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual fue enlatado y desechado oficialmente.

Fuentes del gobierno federal admitieron a EL UNIVERSAL que existe la posibilidad que la investigación sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley.

En el expediente se documenta que hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río Cocula, donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos de los estudiantes, y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.

En el documento se destaca que el presunto responsable Agustín García Reyes fue llevado al río en un helicóptero Bell-412, matrícula XC-JBX, sin su abogado, como obliga la ley.

Todo el personal que apoyó ese 28 de octubre a Tomás Zerón, quien entonces era el director de la Agencia de Investigación Criminal, no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos.

Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por haberlo llevado sin su abogado defensor.

La presencia en el sitio de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez "reviste un carácter ilícito", añade el documento, y registra "retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho", como las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza y Agustín García Reyes, entre otros, varios de ellos de los principales testigos del caso.

Hubo párrafos idénticos en las consignaciones de Jonathan Osorio, Patricio Reyes y Darío Morales. La Visitaduría detectó indebidamente "fechas y horas contradictorias", y pone en duda que hubiesen llevado a todos los 43 jóvenes apilados.

** Caso Ayotzinapa, en peligro

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el "teléfono", que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.

De acuerdo con una reconstrucción hecha por EL UNIVERSAL, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.

El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.

Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.

Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría General.

Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.

En el Cisen se realizaron reportes en la primera semana de octubre -a los que tuvo acceso este diario en ese entonces- en donde aseguraba que los jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al río San Juan. Tiempo después, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: "Un homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula".

En el río

El documento elaborado por César Chávez, visitador de la PGR hasta antes de presentar su reporte el 18 de agosto de 2016, señala que las retenciones que hizo la Ministerio Público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín García Reyes, alias El Chereje, fueron "de manera ilegal y arbitraria", además de que el certificado médico de esa persona fue entregado por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora precisa. "Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración", cuestionó la visitaduría.

Adicionalmente, señala el documento, García Reyes fue llevado de forma ilegal al río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sin que la misma quedara asentada en la averiguación.

Sólo se supo de ella hasta que se conoció públicamente el video donde Zerón lleva a cabo una inspección fuera de toda norma. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a la AIC de Zerón de Lucio esa maniobra, "sin causa legal que lo justificara".

Destaca que el presunto responsable, Agustín García Reyes, fue llevado al río en un helicóptero Bell-412 matrícula XC-JBX sin su abogado, como obliga la ley. Todo el personal que apoyó ese día -28 de octubre- a Zerón no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos. Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por estar ahí sin su abogado defensor.

La presencia en el lugar de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez "reviste un carácter ilícito", añade el documento.

Tortura

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del 24 de abril de 2016 que, pese a que el video donde se ve a Zerón con otros servidores públicos en el río el 28 de septiembre, este hecho nunca se registró en el expediente. Peor aún, el GIEI demostró que hubo un parte médico de la Marina -que fue quien lo detuvo- en donde García Reyes no presentaba lesiones, pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.

En uno de los documentos de prueba, la visitaduría entrevistó a Miguel Ángel López, elemento de la Policía Federal Ministerial, quien confirmó que García Reyes, El Chereje, fue sacado de una celda en la SEIDO mediante un "oficio por cese de custodia". De ahí fue llevado por Zerón de Lucio a Cocula, pero esto último no se registró en la indagatoria.

La visitaduría recogió el testimonio de García Reyes el 24 de junio de 2016: "Yo estaba detenido en la SEIDO, en una celda, y nomás me sacaron y me subieron a un helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar al puente del río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (.) ya en el río uno de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar. Ya llegando hasta las bolsas hice lo que me habían dicho". Además, dijo que en la aeronave iba Tomás Zerón.

Al preguntar a El Chereje si en esa diligencia estuvo acompañado de un defensor su respuesta fue "No. Sólo había wachos [soldados]".

Retenciones ilegales

Dos de los siete detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en Ahuatepec, Morelos, por la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre, "detenidos en flagrancia" y portando armas de fuego.

Sin embargo, para la visitadora esta circunstancia no es probatoria en absoluto. Prácticamente lo mismo ocurrió con los casos de Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Darío Morales Sánchez, el 27 de octubre, en el poblado de Apetlanca en Guerrero.

"Los detenidos manifestaron de forma espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber sido partícipes de la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes normalistas", señala la indagatoria de la visitaduría, aunque pone en duda la firmeza de esta prueba para detener a un individuo.

En particular, la visitaduría registra como "retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho" las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, varios de ellos, de los principales testigos del caso.

En el caso de Poblete, advierte la visitaduría: "Haber detenido a Jorge Luis Poblete Aponte, sin hacer el estudio de los requisitos materiales y procedimentales de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como ni siquiera pronunciarse sobre el supuesto de flagrancia en el que se encontraba el indiciado, resulta una violación manifiesta al principio de legalidad y seguridad jurídica (.) también se advierte que su retención ministerial fue a su vez arbitraria", y cita los preceptos de ley violados.

También encontró párrafos idénticos en las consignaciones. Para los casos de Osorio Cortez, Reyes Landa y Morales Sánchez, la agente del Ministerio Público estableció: "En forma espontánea manifestaron pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula, Guerrero, y que después recogieron los restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan", pero estas palabras se repiten en la consignación de Reza Jacobo y Vázquez Martínez.

"Bernal Castilla dejó en total indefensión a los presentados", advierte. "Benito Vázquez y Darío Morales no realizaron confesión delictiva alguna", establece. De hecho, la visitaduría es prolija en señalar las anomalías legales "graves" en que habría incurrido la Ministerio Público en este caso, lo cual debilitaría la consignación de los probables responsables.

Multipresencia

Otra contradicción es que Bernal Castilla "levantó indebidamente" actuaciones ministeriales el día 29 en la Ciudad de México, mientras que "ese día se encontraba llevando a cabo la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el río San Juan". La visitaduría detectó que Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, también "asentó indebidamente fechas y horas contradictorias", por ello planteó su remoción de cargo.

En la documentación, la visitaduría da cuenta de cómo la misma agente ministerial firmó actas en Guerrero y en la Ciudad de México al mismo tiempo, lo cual no pudo ocurrir pues señala que entre las 14:00 y las 15:00 horas estuvo presente en el río verificando el hallazgo de restos humanos expuestos a fuego directo y que eso ocurrió hasta las 18:00 horas del 29 de octubre. Y en otras actas oficiales se confirma su presencia en las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México.

Cuerpos apilados

Algo que llamó la atención a la visitaduría fue la declaración de García Reyes. El presunto homicida admite haber llevado al basurero de Cocula en una camioneta Nissan blanca a cuatro estudiantes amarrados y boca abajo. Otros presuntos sicarios ya estaban ahí con otro vehículo y más jóvenes en la misma circunstancia.

"Empiezan a bajar a los estudiantes, todos iban amarrados y estaban acostados a lo largo, unos sobre otros boca abajo (.) veo que El Cepillo, El Guerreque, El Primo y El Bimbo llevaban armas cortas y todos ellos disparan hacia donde estaban amontonados los estudiantes, incluyendo El Cochiloco. Les disparan a la cabeza a todos y detonando varias veces a los que estaban en la parte de arriba, siendo como unos 20 o 22 personas".

La visitaduría pone en duda que hubiesen llevado a los 43 jóvenes todos apilados, sin moverse o gritar, pero García continúa en su relato que a los muertos "los agarraban de los pies y las manos y los columpiaban para poderlos aventar al fondo del basurero y los que quedaban vivos los bajaron caminando".

Sanciones

El visitador determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla y al fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García.

También resolvió que los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, cometieron irregularidades y debían ser removidos por incurrir en perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar evidencias de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.

Propuso dar vista a la SFP para que actuara en contra de Tomás Zerón, además de que podía ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la visitaduría puso al fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.

En la página de internet de la SFP relativa al registro de servidores públicos sancionados no aparece ninguno de los aludidos.

Fuentes oficiales del gobierno federal dijeron que confían en que de ser confirmadas estas anomalías puedan ser subsanadas por la PGR.

Sin embargo, recordaron, que en sus recomendaciones, el GIEI les hizo saber que deben sustentar bien las investigaciones.

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May
08

Exigen avances concretos sobre el paradero de los 43 normalistas

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 8 de mayo de 2017


En el día número de 17 del plantón que realizan frente a la Procuraduría General de la República (PGR), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un "volanteo masivo" en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, y un acto político-cultural en el Hemiciclo a Juárez, para exigir "avances concretos" sobre el paradero de sus hijos.

En el volanteo, que dio inicio en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, los padres, acompañados por decenas de normalistas, señalaron que a más de 31 meses de la desaparición forzada de los 43 jóvenes no se sabe de su paradero, y que durante todo este tiempo la PGR "ha tratado de engañar con que avanza e investiga".

En el volante entregado se destaca que los avances que se han lograron, donde la hipótesis de que los estudiantes fueron muertos e incinerados en el basurero de Cocula fue desechada científicamente, se lograron gracias a la presión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Tanto en el volanteo como en el acto en el Hemiciclo a Juárez, los padres exigieron que la PGR continúe con las líneas de investigación dejadas por el grupo de expertos, entre las cuales están indagar la participación del Ejército Mexicano la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes, pues elementos del 27 batallón, con sede en Iguala, estuvieron en varias escenas de los hechos.

Otra de las líneas es la intervención de policías federales y del municipio de Huitzuco, pues existen evidencias de que participaron directamente en la desaparición, además de consolidar las pesquisas sobre el trasiego de droga entre las ciudades de Iguala y Chicago, Estados Unidos, y hacer el análisis de los aparatos de telefonía celular de los detenidos y otros más que pertenecían a los normalistas, y que han demostrado su operación tiempo después de los hechos.

Además, advirtieron que ante el freno de la investigación han decidido elevar el carácter de su protesta y que no levantarán el plantón que mantienen frente a la PGR hasta que haya avances concretos.

En el acto político-cultural del Hemiciclo a Juárez, titulado "Cuatro caminos para la verdad y la justicia", participaron diversos grupos de música y baile.

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May
06

Padres de los 43 cuestionan pesquisa de PGR

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AUTOR: Fernando Camacho 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 6 de mayo de 2017

Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos pusieron en duda la voluntad del gobierno mexicano para resolver el caso, e indicaron que si las autoridades realmente quisieran avanzar en este terreno, ya hubieran hecho avances importantes para saber cuál es el paradero de los jóvenes agredidos la noche del 26 de septiembre de 2014.

Durante un foro realizado ayer en el plantón que los familiares de los estudiantes instalaron el pasado 20 de abril frente a la PGR, Felipe de la Cruz, uno de los voceros de los padres, cuestionó la efectividad de las indagatorias y acusó que intentan reivindicar la llamada "verdad histórica", según la cual los normalistas fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula.

"Si hubiera respuesta (de la PGR) ya supiéramos dónde están los jóvenes, hubieran detenido a los policías federales que los llevaron a Huitzuco y supiéramos por qué los teléfonos de los jóvenes seguían funcionando un año después", subrayó.

"En el discurso dicen muchas cosas, pero en la realidad no vemos ningún avance. No podemos creer que a 2 años, 7 meses y días (de la desaparición forzada de los 43), todavía no puedan saber qué pasó.

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May
06

Urge la verdad para Ayotzinapa

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AUTOR: Miguel Concha 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 6 de mayo de 2017


A un año de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) emitiera su invaluable y contundente informe final del caso Ayotzinapa, es necesario, en el marco de la reciente visita del Mecanismo de Seguimiento creado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para monitorear su cumplimiento, y como contexto más amplio del legítimo plantón que se han visto orilladas a realizar las valerosas familias de los jóvenes, hacer un balance sobre la falta de justicia y verdad para las víctimas.

El mensaje del Mecanismo Especial de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH, que, encabezada por la comisionada Esmeralda Arosemena, realizó su segunda visita de trabajo del 19 al 21 de abril, fue claro, aunque algunos medios hayan intentado tergiversarlo: es necesario alcanzar con celeridad avances sustantivos en la búsqueda de verdad y justicia, pues en la medida en que el paradero de los estudiantes -como subrayó la CIDH- no ha sido determinado con pruebas inobjetables, México sigue reprobado en esta investigación.

La preocupación del Mecanismo de Seguimiento está plenamente justificada, pues, sin que haya avances importantes en las investigaciones a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), se cumplieron ya 31 meses desde la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014. Por ello, las y los integrantes del mecanismo lamentaron la lentitud del gobierno Federal. Postura que es coincidente con la que hemos manifestado diversas organizaciones nacionales e internacionales. Para el mecanismo, el que altas autoridades aún intenten validar ante la opinión pública la hipótesis de que los 43 estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, es inadmisible; pone en duda la buena fé del Estado para con el cumplimiento de la ruta que recomendó el GIEI, y provoca una distancia frente a las víctimas y sus familiares.

En este contexto, la CIDH ha urgido al Estado mexicano a alcanzar avances satisfactorios en cuatro puntos prioritarios. Primero, en examinar debidamente los indicios de involucramiento de miembros de las fuerzas de seguridad del Estado en estos hechos, destacando a la Policía Federal y a la policía de Huitzuco, y profundizando en la participación que tuvieron las autoridades de los distintos niveles de gobierno, incluyendo las de los ámbitos estatal y federal. Segundo, en realizar el análisis de telefonía y determinar la identidad de actores relevantes hoy sólo conocidos por su alias. Tercero, en profundizar con urgencia la línea de investigación sobre la posible conexión de los hechos con el traslado de estupefacientes hacia Estados Unidos, sugerida por el GIEI como posible móvil de los hechos. Y cuarto, en continuar la búsqueda en campo, usando la tecnología que ha mostrado ser útil.

Estos puntos, incluidos en las 20 recomendaciones prioritarias del GIEI, suponen reconocer cabalmente que el alcance geográfico y temporal de los distintos ataques contra los normalistas no hubiera sido posible sin el concurso y coordinación de distintos actores, incluyendo a elementos de las fuerzas de seguridad municipales, estatales y federales, así como a funcionarios de distintos niveles, y a elementos del crimen organizado.

No se puede seguir eludiendo esta realidad, encapsulándola ficticiamente sólo en la esfera municipal. No se puede tampoco, si se quisiera proponer como salida a este caso emblemático, pretender que las familias de Ayotzinapa acepten la "verdad histórica", según la cual el destino final de todos los normalistas desaparecidos habría sido su incineración en el basurero de Cocula, como sucedió el pasado 17 de marzo, cuando funcionarios del gobierno hicieron en este tenor preguntas abiertas a las familias, en el marco de la Audiencia celebrada en la CIDH sobre este Mecanismo de Seguimiento.

El derecho a la verdad se construye investigando a fondo, con una base sólida de respeto y acompañamiento a las víctimas. Jamás sobre supuestos que se han echado por tierra. La violación al derecho a la verdad y la justicia debe detenerse, empezando por rectificar la investigación interna de la PGR a los funcionarios que han cometido irregularidades en el caso, en el sentido expresado por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Como es sabido, esta instancia consideró que a pesar de que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con apego a los más altos estándares, se produjo un sospechoso, parcial y lamentable "viraje", cuyo resultado final confirió impunidad a quienes cometieron graves irregularidades en el curso de la investigación.

Lo que además significó un terrible mensaje de convalidación a las peores prácticas de las fiscalías mexicanas, que contradice frontalmente los esfuerzos de renovar las instituciones en este ámbito. La visita del Mecanismo de Seguimiento es un recordatorio de que Ayotzinapa, emblema de la crisis de derechos humanos que se agrava en México, no puede ser olvidado. La forma en que Ayotzinapa se solucione será un poderoso indicativo de la existencia o ausencia de voluntad política para transformar la impunidad estructural de México.

Hasta ahora la injustificable falta de avances significativos es un mal signo para las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y la sociedad, que en su conjunto demanda un alto a la impunidad y a la corrupción. Son comprensibles en este contexto la frustración y desesperación de las incansables familias de los normalistas y organizaciones que las apoyan, quienes tienen también ante sí el reto de seguir protestando y exigiendo justicia. Preservando y cuidando al mismo tiempo el incuestionable capital moral que han acumulado a lo largo de más de dos años. Como lo hizo notar la CIDH, la verdad urge y el tiempo se agota.

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May
05

Suspendida, la investigación administrativa de la SFP contra Tomás Zerón de Lucio

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 5 de mayo de 2017

La investigación administrativa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de Tomás Zerón de Lucio, ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal, por las irregularidades cometidas en el caso Iguala, está "suspendida", en tanto no se resuelva el amparo interpuesto por los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en contra de la resolución de la visitaduría general de la Procuraduría General de la República (PGR) que lo exonera de delitos graves.

Así lo dieron a conocer Felipe de la Cruz y Vidulfo Rosales, vocero y abogado del Comité de Padres de los 43, luego de realizar una reunión privada de más de dos horas con el subsecretario de la Función Pública, Eber Omar Betanzos.

Frente al edificio de la dependencia, donde también realizaron un mitin, el abogado Rosales precisó que el subsecretario Betanzos les informó la "suspensión" del procedimiento sancionador, debido a que el juzgado tercero de distrito en materia administrativa dictó una suspensión provisional en la que ordena a la SFP detener dicho proceso hasta que se resuelva el amparo 195/2017-3.

Este amparo fue interpuesto por los padres de familia ante la resolución de la visitaduría general de la PGR en la que exoneraba a Zerón de Lucio -actual secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad- de todos los cargos graves, dejándole sólo siete sanciones administrativas.

"Si se resuelve que es nula e inconstitucional la resolución que emitió la visitadora Adriana Campos, quedaría sin efecto este procedimiento y muy probablemente el expediente tendría que ir al Ministerio Público para que éste sea quien abra una carpeta de investigación contra Zerón de Lucio. En caso contrario, el procedimiento seguiría en la Secretaría", informó el abogado y representantes de los padres de familia, al término del encuentro.

Tanto Vidulfo como de la Cruz señalaron que el encuentro fue "muy ríspido", debido a la ausencia de la titular de la SFP y ex procuradora General de la República, Arely Gómez, con quien finalmente acordaron reunirse el próximo jueves 11 de mayo.

Los padres de familia y estudiantes normalistas llegaron a la SFP, sobre avenida de los Insurgentes Sur, a bordo de dos autobuses, pero ya eran esperados por un fuerte operativo policiaco de vigilancia, en torno a la dependencia del gobierno federal. El mitin, que no afecto la circulación vehicular, se realizó sin incidentes.