Ayotzinapa

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May
09

Serpientes y Escaleras / El final de la "verdad histórica"

Autor // comunicacion

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AUTOR: Salvador García Soto 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 9 de mayo de 2017


El documento elaborado por el ex visitador general de la PGR, César Alejandro Chávez Flores, y revelado ayer por EL UNIVERSAL, es el golpe definitivo que termina de derrumbar la cuestionada "verdad histórica" del ex procurador Jesús Murillo Karam y toda la investigación oficial del gobierno mexicano que se tejió y se construyó sobre ilegalidades. Según lo documentado en su momento por el visitador de la Procuraduría, las averiguaciones previas federales incluyeron testimonios obtenidos bajo tortura, diligencias fuera de la legalidad, imputaciones de delitos con base en violaciones graves al debido proceso y a derechos humanos de los detenidos, además del rompimiento de la cadena de custodia, lo que significa que ningún tribunal ni nacional ni internacional sostendría esa investigación, si se impugna su legalidad o constitucionalidad.

La denuncia interna, hecha por Chávez Flores, la cual le costó su separación del cargo en septiembre de 2016, fue conocida en su momento por la procuradora Arely Gómez y por el presidente Enrique Peña Nieto; tras entregar el documento, al visitador general le pidieron "retirar o modificar" su documento, en el que ya denunciaba las irregularidades, incluidas las diligencias ilegales realizadas por Tomás Zerón en el río San Juan para la "siembra de evidencias" en el hallazgo de los primeros restos y el traslado ilegal, sin presencia de su abogado, del reo Agustín García Reyes, a la zona donde se encontraron, supuestamente, las primeras osamentas que después se identificaron como pertenecientes al normalista de Ayotzinapa, Alexander Mora.

Pero ante la negativa de César Chávez de desaparecer o desdecirse de su investigación, el presidente Peña Nieto ordenó su destitución y el nombramiento de una nueva visitadora, y en lugar de proceder legalmente en contra de Tomás Ruiz, por delitos contra la administración de la justicia, aún cuando ya era señalado públicamente por el GIEI y los padres de los normalistas como responsable de la "siembra de evidencias", el presidente le ordenó a la procuradora Arely emitir un comunicado anunciando su "renuncia" de la Agencia de Investigación Criminal y "reconociéndole su trabajo", al mismo tiempo que desde Los Pinos salía, con unas horas de diferencia, otro comunicado en el que Peña premiaba a Zerón y lo invitaba como secretario del Consejo de Seguridad Nacional, dependiente de la Presidencia de la República.

Se sellaba así no sólo la impunidad de Tomás Zerón, quien fuera coordinador de Investigación de la Procuraduría mexiquense en los tiempos del gobernador Peña Nieto y estuviera al frente de polémicas investigaciones como la del caso de la niña Paulette, bajo el mando del entonces procurador Alfredo Castillo, además de otras "polémicas" y dudosas investigaciones. Y de paso, el gobierno peñista confirmaba una vez más que detrás de todo el entramado de ilegalidades, mentiras y violaciones sobre el que se construyó su "verdad histórica" del caso Ayotzinapa, estaba la intención de ocultar, de desviar y de enterrar los verdaderos sucesos y responsables involucrados en la desaparición de los 43 normalistas en septiembre de 2014.

Hoy que se revive el documento elaborado por Chávez Flores -por cierto aspirante a la Fiscalía Anticorrupción que sigue pendiente en el Senado de la República- no sólo queda en evidencia que durante los últimos 2 años y 8 meses las investigaciones de la PGR no sirvieron para esclarecer ni los móviles ni las razones por las que desaparecieron con tanta saña a 43 jóvenes, sino que además tergiversaron evidencias y siguieron pistas y declaraciones forzadas que no necesariamente dijeron la verdad sobre todas las personas, grupos criminales o instituciones que participaron o fueron cómplices, ya sea por acción o por omisión, en la detención, secuestro, desaparición y asesinato de los normalistas. Y también la reaparición y difusión de esa investigación interna, con sus documentadas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos de varios de los acusados, abre la puerta a que se caiga definitivamente la indagatoria oficial. Y entonces sí, 32 meses después, el Caso Ayotzinapa volvería a empezar de cero. Y tal vez esta vez ya no sea el gobierno federal quien investigue, sino las instancias internacionales a las que tanto se criticó y se atacó por su colaboración en este caso impune y paradigmático.

** Notas indiscretas… Como se lo adelantamos, finalmente se cumplió la exigencia del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y rodó la cabeza de la directora de Comunicación Social de la PGJDF, Elena Cárdenas. La renuncia busca poner fin al penoso capítulo de los tuits desafortunados. Cárdenas trabajó los últimos dos años con el profesionalismo y la experiencia que tiene en el ámbito de procuración de justicia, pero al final los errores se pagan y éste lo tuvo que pagar…Los dados mandan Escalera. Mejora el tiro.

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May
09

Padres de los 43 temen impunidad

Autor // comunicacion

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AUTOR: Astrid Sánchez 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 9 de mayo de 2017


Padres de los 43 normalistas desaparecidos y su representante legal temen que los hechos del 26 de septiembre de 2014 queden impunes si los detenidos obtienen su libertad por haber sido víctimas de tortura.

En relación a la nota publicada ayer en EL UNIVERSAL, en l|a que se señala la posibilidad de que los detenidos sean puestos én libertad por una posible violación al debido proceso al comprobarse la tortura en su contra, Vidulfo Rosales, vocero y abogado de los padres de las víctimas advirtió sobre el riesgo de que el caso no sea resuelto.

"Eso evidencia las inconsistencias de la línea de investigación del basurero de Cocula, también da la razón a los padres de familia de la necesidad de avanzar, de mantener abiertas, de ahondar y profundizar en las cuatro líneas de investigación que estamos exigiendo", comentó.

Explicó que las cuatro líneas de investigación que exigen involucra la probable participación en la desaparición de elementos del Ejército del 27 de Batallón de Infantería.

Una segunda exigencia va encaminada a la detención inmediata de los policías federales y municipales de Huitzuco. Además, se pide investigar el trasiego de droga de Iguala a Chicago como probable móvil del ataque contra los jóvenes. La cuarta línea es que la indagación sobre la telefonía celular de los detenidos y oficiales, presuntamente involucrados, avance.

La nota publicada por EL UNIVERSAL destaca que el informe del ex Visitador General de la Procuraduría General de la República (PGR), César Chávez, señala que las investigaciones encabezadas por Tomás Zerón de Lucio, entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), tuvieron distintas irregularidades.

El informe fue desechado bajo el argumento de que no se trataba de un documento oficial, y aunque la ahora Visitadora General emitió la resolución, consideraba que Zerón tuvo faltas administrativas.

Por ello, agregó impugnaron la decisión. "Tenemos el amparo que interpusimos ante el juzgado tercero de distrito en materia administrativa para que revise esa resolución que rasuró injustamente el informe de César Alejandro Chávez", informó.

Padres de los jóvenes mantienen, desde el 20 de abril, un plantón afuera de la PGR; Alfredo Higuera, fiscal del caso Iguala, y Sara Herrerías Guerra, subprocuradora de Derechos Humanos, acudieron al plantón para invitarlos a retomar el diálogo, sin tener éxito.

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May
09

Exigen a PGR que aclare anomalías en Ayotzinapa

Autor // comunicacion

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AUTOR: Suzzete Alcántara y Alberto Morales 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 9 de mayo de 2017


Senadores y diputados federales se pronunciaron porque la Procuraduría General de la República (PGR) explique a fondo las irregularidades en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, documentadas ayer por EL UNIVERSAL, y se sancione a Tomás Zerón de Lucio, ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Los diputados de la Comisión Especial de Ayotzinapa, con excepción de los integrantes del PRI y del PVEM, coincidieron en que es preciso que las investigaciones continúen, pero con más dedicación, contundencia y rapidez.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía (PAN), ex presidenta de la comisión, afirmó que "es preciso continuar con las averiguaciones, ya que lo señalado hace referencia a lo expresado por los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), sobre el uso de tortura.

Araceli Damián, de Morena, expuso que la información publicada da muestra una vez más de la mala actuación y desempeño de Zerón de Lucio y de la importancia que tiene el informe de la Visitaduría General de la PGR por los señalamientos de tortura.

Cristina Gaytán (PRD), coincidió en la necesidad de que las investigaciones deben ser más profundas, pero también en la necesidad de solicitar la separación del cargo de Tomás Zerón de Lucio como secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Los senadores Angélica de la Peña (PRD) y Alejandro Encinas exigieron a la PGR dar una respuesta oficial ante las evidencias de tortura y violaciones al debido proceso.

De la Peña dijo que se evidencia que las diligencias que practicó Zerón de Lucio en el río San Juan de Cocula, fueron cuestionadas como en su momento lo hizo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y adelantó que volverá a presentar un punto de acuerdo para exhortar a la PGR que indague el trabajo del actual secretario Técnico del Consejo de Seguridad Nacional cuando dirigió la Agencia de Investigación Criminal de la PGR.

El senador del PRI, Miguel Ángel Chico Herrera, dijo que en caso de que lo revelado arroje nuevos elementos, se debe indagar a fondo porque se trata de un caso que importa a los mexicanos.

"Esta nota de investigación de EL UNIVERSAL viene a cimbrar, puesto que en este tema de Ayotzinapa, [se busca] que se llegue hasta el fondo de estas investigaciones", dijo.

Encinas explicó que hoy presentará a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para citar a comparecer al procurador Raúl Cervantes Andrade, para que explique las anomalías detectadas.

El senador Roberto Gil Zuarth (PAN), indicó que preocupa la precariedad (en la investigación) "de un caso tan relevante y que ha lastimado profundamente a la sociedad".

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May
08

Informe enlatado de PGR amenaza caso Ayotzinapa

Autor // comunicacion

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AUTOR: Jorge Ramos 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 8 de mayo de 2017


La investigación por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, ocurrida el 26 y 27 de septiembre de 2014, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según un informe de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR), el cual fue enlatado y desechado oficialmente.

Fuentes del gobierno federal admitieron a EL UNIVERSAL que existe la posibilidad que la investigación sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley.

En el expediente se documenta que hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río Cocula, donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos de los estudiantes, y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.

En el documento se destaca que el presunto responsable Agustín García Reyes fue llevado al río en un helicóptero Bell-412, matrícula XC-JBX, sin su abogado, como obliga la ley.

Todo el personal que apoyó ese 28 de octubre a Tomás Zerón, quien entonces era el director de la Agencia de Investigación Criminal, no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos.

Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por haberlo llevado sin su abogado defensor.

La presencia en el sitio de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez "reviste un carácter ilícito", añade el documento, y registra "retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho", como las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza y Agustín García Reyes, entre otros, varios de ellos de los principales testigos del caso.

Hubo párrafos idénticos en las consignaciones de Jonathan Osorio, Patricio Reyes y Darío Morales. La Visitaduría detectó indebidamente "fechas y horas contradictorias", y pone en duda que hubiesen llevado a todos los 43 jóvenes apilados.

** Caso Ayotzinapa, en peligro

Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, escuchó estupefacto el reporte: hay pruebas fehacientes de tortura a los detenidos por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A uno de ellos le aplicaron el "teléfono", que es el estallido de los tímpanos sin dejar huellas físicas evidentes.

De acuerdo con una reconstrucción hecha por EL UNIVERSAL, el secretario de inmediato convocó a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Federal.

El temor fue que, a futuro, una investigación que llegase a probar que no cumple el debido proceso corre el riesgo de dejar en libertad a los siete detenidos por la desaparición de los estudiantes en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, señalaron fuentes federales consultadas.

Tiempo después, en agosto de 2016, la investigación de la PGR que encabezó Tomás Zerón de Lucio como director de la Agencia de Investigación Criminal, estuvo plagada de presuntas ilegalidades, según el informe que en ese momento integró la Visitaduría General de la PGR, a cargo de César Chávez, mismo que fue enlatado y desechado oficialmente.

Se solicitó a la PGR una postura al respecto, pero ratificó que es un documento no oficial y la Secretaría de la Función Pública (SFP) no respondió, pese a que los padres de los 43 normalistas litigan en tribunales la sanción a los funcionarios señalados en el informe no reconocido de la Visitaduría General.

Fuentes del gobierno federal admitieron que existe la posibilidad de que la investigación de la PGR en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa sea controvertida en tribunales internacionales y queden en libertad los detenidos porque se violó la ley: hubo tortura a testigos y presuntos implicados, se realizaron diligencias fuera de la ley en el río donde supuestamente hallaron cenizas de los cuerpos y hay contradicción en las actuaciones de los ministerios públicos.

En el Cisen se realizaron reportes en la primera semana de octubre -a los que tuvo acceso este diario en ese entonces- en donde aseguraba que los jóvenes habían sido incinerados y arrojados en bolsas al río San Juan. Tiempo después, el entonces procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el 7 de noviembre de 2014, dijo en conferencia de prensa: "Un homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula".

En el río

El documento elaborado por César Chávez, visitador de la PGR hasta antes de presentar su reporte el 18 de agosto de 2016, señala que las retenciones que hizo la Ministerio Público federal Blanca Alicia Bernal Castilla, en particular de Agustín García Reyes, alias El Chereje, fueron "de manera ilegal y arbitraria", además de que el certificado médico de esa persona fue entregado por la Marina el día 27 a las 23:15 horas, pero el reporte se fechó el día siguiente sin hora precisa. "Blanca Alicia Bernal Castilla estableció que había recibido el dictamen médico el día 27 de octubre a las 23:15 horas, cuando el teniente Javier Castro, de la Marina, no había concluido la valoración", cuestionó la visitaduría.

Adicionalmente, señala el documento, García Reyes fue llevado de forma ilegal al río San Juan el día 28 de octubre, en la diligencia encabezada por Tomás Zerón de Lucio, titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, sin que la misma quedara asentada en la averiguación.

Sólo se supo de ella hasta que se conoció públicamente el video donde Zerón lleva a cabo una inspección fuera de toda norma. La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) permitió a la AIC de Zerón de Lucio esa maniobra, "sin causa legal que lo justificara".

Destaca que el presunto responsable, Agustín García Reyes, fue llevado al río en un helicóptero Bell-412 matrícula XC-JBX sin su abogado, como obliga la ley. Todo el personal que apoyó ese día -28 de octubre- a Zerón no respetó las formalidades de ley en materia de registro de cadena de custodia y omitió asegurar debidamente el lugar de los hallazgos. Además, a Zerón se le imputa infracción al derecho de defensa de García Reyes por estar ahí sin su abogado defensor.

La presencia en el lugar de los peritos Mauricio Cerón y Patricia Gómez "reviste un carácter ilícito", añade el documento.

Tortura

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recalcó en su informe del 24 de abril de 2016 que, pese a que el video donde se ve a Zerón con otros servidores públicos en el río el 28 de septiembre, este hecho nunca se registró en el expediente. Peor aún, el GIEI demostró que hubo un parte médico de la Marina -que fue quien lo detuvo- en donde García Reyes no presentaba lesiones, pero 11 horas después lucía 30 hematomas, excoriaciones y hasta restos de sangre seca.

En uno de los documentos de prueba, la visitaduría entrevistó a Miguel Ángel López, elemento de la Policía Federal Ministerial, quien confirmó que García Reyes, El Chereje, fue sacado de una celda en la SEIDO mediante un "oficio por cese de custodia". De ahí fue llevado por Zerón de Lucio a Cocula, pero esto último no se registró en la indagatoria.

La visitaduría recogió el testimonio de García Reyes el 24 de junio de 2016: "Yo estaba detenido en la SEIDO, en una celda, y nomás me sacaron y me subieron a un helicóptero y ya en el helicóptero me dijeron que me iban a llevar al puente del río San Juan y que ahí había unas bolsas que yo tenía que señalar, que si no lo hacía me iban a torturar, entonces yo contesté que sí (.) ya en el río uno de ellos vestido de negro me llevaba del cuello y me dijo que si intentaba correr me iba a disparar. Ya llegando hasta las bolsas hice lo que me habían dicho". Además, dijo que en la aeronave iba Tomás Zerón.

Al preguntar a El Chereje si en esa diligencia estuvo acompañado de un defensor su respuesta fue "No. Sólo había wachos [soldados]".

Retenciones ilegales

Dos de los siete detenidos, Salvador Reza Jacobo y Benito Vázquez Martínez, fueron ubicados en Ahuatepec, Morelos, por la Marina a las 13:20 horas del 27 de octubre, "detenidos en flagrancia" y portando armas de fuego.

Sin embargo, para la visitadora esta circunstancia no es probatoria en absoluto. Prácticamente lo mismo ocurrió con los casos de Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa y Darío Morales Sánchez, el 27 de octubre, en el poblado de Apetlanca en Guerrero.

"Los detenidos manifestaron de forma espontánea pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber sido partícipes de la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes normalistas", señala la indagatoria de la visitaduría, aunque pone en duda la firmeza de esta prueba para detener a un individuo.

En particular, la visitaduría registra como "retenciones ilegales, arbitrarias y contrarias a derecho" las de Jorge Luis Poblete Aponte, Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes, varios de ellos, de los principales testigos del caso.

En el caso de Poblete, advierte la visitaduría: "Haber detenido a Jorge Luis Poblete Aponte, sin hacer el estudio de los requisitos materiales y procedimentales de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, así como ni siquiera pronunciarse sobre el supuesto de flagrancia en el que se encontraba el indiciado, resulta una violación manifiesta al principio de legalidad y seguridad jurídica (.) también se advierte que su retención ministerial fue a su vez arbitraria", y cita los preceptos de ley violados.

También encontró párrafos idénticos en las consignaciones. Para los casos de Osorio Cortez, Reyes Landa y Morales Sánchez, la agente del Ministerio Público estableció: "En forma espontánea manifestaron pertenecer a la organización delictiva Guerreros Unidos y haber participado en la ejecución de estudiantes de Ayotzinapa, a quienes quemaron al fondo de un basurero en Cocula, Guerrero, y que después recogieron los restos, como son sus cenizas, mismas que fueron a tirar al río San Juan", pero estas palabras se repiten en la consignación de Reza Jacobo y Vázquez Martínez.

"Bernal Castilla dejó en total indefensión a los presentados", advierte. "Benito Vázquez y Darío Morales no realizaron confesión delictiva alguna", establece. De hecho, la visitaduría es prolija en señalar las anomalías legales "graves" en que habría incurrido la Ministerio Público en este caso, lo cual debilitaría la consignación de los probables responsables.

Multipresencia

Otra contradicción es que Bernal Castilla "levantó indebidamente" actuaciones ministeriales el día 29 en la Ciudad de México, mientras que "ese día se encontraba llevando a cabo la diligencia de búsqueda y recolección de indicios en el río San Juan". La visitaduría detectó que Jorge García Valentín, fiscal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros de la SEIDO, también "asentó indebidamente fechas y horas contradictorias", por ello planteó su remoción de cargo.

En la documentación, la visitaduría da cuenta de cómo la misma agente ministerial firmó actas en Guerrero y en la Ciudad de México al mismo tiempo, lo cual no pudo ocurrir pues señala que entre las 14:00 y las 15:00 horas estuvo presente en el río verificando el hallazgo de restos humanos expuestos a fuego directo y que eso ocurrió hasta las 18:00 horas del 29 de octubre. Y en otras actas oficiales se confirma su presencia en las instalaciones de la SEIDO en la Ciudad de México.

Cuerpos apilados

Algo que llamó la atención a la visitaduría fue la declaración de García Reyes. El presunto homicida admite haber llevado al basurero de Cocula en una camioneta Nissan blanca a cuatro estudiantes amarrados y boca abajo. Otros presuntos sicarios ya estaban ahí con otro vehículo y más jóvenes en la misma circunstancia.

"Empiezan a bajar a los estudiantes, todos iban amarrados y estaban acostados a lo largo, unos sobre otros boca abajo (.) veo que El Cepillo, El Guerreque, El Primo y El Bimbo llevaban armas cortas y todos ellos disparan hacia donde estaban amontonados los estudiantes, incluyendo El Cochiloco. Les disparan a la cabeza a todos y detonando varias veces a los que estaban en la parte de arriba, siendo como unos 20 o 22 personas".

La visitaduría pone en duda que hubiesen llevado a los 43 jóvenes todos apilados, sin moverse o gritar, pero García continúa en su relato que a los muertos "los agarraban de los pies y las manos y los columpiaban para poderlos aventar al fondo del basurero y los que quedaban vivos los bajaron caminando".

Sanciones

El visitador determinó remover de su cargo a Blanca Alicia Bernal Castilla y al fiscal antisecuestros de la SEIDO, Jorge García.

También resolvió que los peritos Mauricio Cerón Solana, Eva Hernández y Patricia Gómez Ramírez, cometieron irregularidades y debían ser removidos por incurrir en perturbación ilícita y omisión en la preservación de indicios, omisión de peritajes y falla en la cadena de custodia (acciones que se deben tomar para preservar evidencias de un crimen), lo cual es sancionado por el Código Federal de Procedimientos Penales.

Propuso dar vista a la SFP para que actuara en contra de Tomás Zerón, además de que podía ser castigado con base en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. En la misma circunstancia la visitaduría puso al fiscal antisecuestros de la PGR, Jorge García Valentín.

En la página de internet de la SFP relativa al registro de servidores públicos sancionados no aparece ninguno de los aludidos.

Fuentes oficiales del gobierno federal dijeron que confían en que de ser confirmadas estas anomalías puedan ser subsanadas por la PGR.

Sin embargo, recordaron, que en sus recomendaciones, el GIEI les hizo saber que deben sustentar bien las investigaciones.

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May
08

Exigen avances concretos sobre el paradero de los 43 normalistas

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AUTOR: José Antonio Román 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 8 de mayo de 2017


En el día número de 17 del plantón que realizan frente a la Procuraduría General de la República (PGR), padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos realizaron un "volanteo masivo" en las inmediaciones del Bosque de Chapultepec, y un acto político-cultural en el Hemiciclo a Juárez, para exigir "avances concretos" sobre el paradero de sus hijos.

En el volanteo, que dio inicio en la Puerta de los Leones del Bosque de Chapultepec, los padres, acompañados por decenas de normalistas, señalaron que a más de 31 meses de la desaparición forzada de los 43 jóvenes no se sabe de su paradero, y que durante todo este tiempo la PGR "ha tratado de engañar con que avanza e investiga".

En el volante entregado se destaca que los avances que se han lograron, donde la hipótesis de que los estudiantes fueron muertos e incinerados en el basurero de Cocula fue desechada científicamente, se lograron gracias a la presión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

Tanto en el volanteo como en el acto en el Hemiciclo a Juárez, los padres exigieron que la PGR continúe con las líneas de investigación dejadas por el grupo de expertos, entre las cuales están indagar la participación del Ejército Mexicano la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando desaparecieron los estudiantes, pues elementos del 27 batallón, con sede en Iguala, estuvieron en varias escenas de los hechos.

Otra de las líneas es la intervención de policías federales y del municipio de Huitzuco, pues existen evidencias de que participaron directamente en la desaparición, además de consolidar las pesquisas sobre el trasiego de droga entre las ciudades de Iguala y Chicago, Estados Unidos, y hacer el análisis de los aparatos de telefonía celular de los detenidos y otros más que pertenecían a los normalistas, y que han demostrado su operación tiempo después de los hechos.

Además, advirtieron que ante el freno de la investigación han decidido elevar el carácter de su protesta y que no levantarán el plantón que mantienen frente a la PGR hasta que haya avances concretos.

En el acto político-cultural del Hemiciclo a Juárez, titulado "Cuatro caminos para la verdad y la justicia", participaron diversos grupos de música y baile.