Ayotzinapa

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May
16

PGR toleró detenciones ilegales en Ayotzinapa

Autor // comunicacion

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AUTOR: Ricardo Gómez 
FUENTE: El Universal 
FECHA: 16 de mayo de 2017


El Ministerio Público Federal hizo detenciones ilegales y arbitrarias de al menos siete testigos de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, entre ellos Agustín García Reyes, El Chereje, revela un documento técnico jurídico de la Procuraduría General de la República (PGR), que forma parte de la indagatoria.

El expediente de investigación de la Visitaduría General de la PGR, órgano interno que vigila la legalidad de las pesquisas, muestra que hubo violaciones al debido proceso, pues el hecho de que se haya tratado de detenciones ilegales afecta también las declaraciones, que dirigieron la indagatoria a la quema de cuerpos en el paraje del río San Juan. Expertos aseguran que estos son elementos que podrían poner en riesgo la solidez del caso.

En el documento también se registran actuaciones irregulares de la agente del Ministerio Público Alicia Bernal, quien, de acuerdo con las retenciones en que participó, habría estado en dos lugares al mismo tiempo validando actuaciones.

Ante esos hechos, se consideró que la agente del MP pudo cometer delitos contra la administración de la justicia y que su conducta, junto con la de otros funcionarios, debió dar pie a sanciones.

** Detenciones arbitrarias en indagatorias de Ayotzinapa

Un documento técnico jurídico de la PGR da cuenta de que el Ministerio Público realizó detenciones ilegales que ponen en riesgo la solidez del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y abren un flanco para que se argumente violación al debido proceso.

La Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) documentó estas detenciones ilegales y arbitrarias de testigos en el caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.

Al tener un vicio de origen, y el que a través de las declaraciones se haya dirigido la investigación a la quema de cuerpos en el paraje de río San Juan, son elementos que podrían poner en riesgo la solidez del caso, dicen expertos consultados.

De acuerdo con un documento oficial de la PGR, el expediente de investigación DGAI/510/CDMX/2016, de la Visitaduría General, se constató que hubo detenciones que no estuvieron dentro del marco legal.

La visitaduría es un órgano de control interno que vigila dentro de la propia PGR que las investigaciones se conduzcan con apego a la ley.

En el expediente de la División General de Asuntos Internos, el Acuerdo de Conclusión señala que es procedente concluir la investigación al considerar que se han reunido "datos de pruebas bastantes para tener por acreditada la probable comisión de conductas irregulares perpetradas por servidores públicos de la institución".

El texto dice que estas conductas "resultarían constitutivas de responsabilidad administrativa en términos del régimen jurídico aplicable a la materia", según lo que se vierte en el mismo.

El detalle. En las 177 páginas se asientan las retenciones que decretó la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros, de la SEIDO, respecto de siete personas relacionadas con la averiguación previa AP/PGR/SEIDO/ UEIMS/871/2014.

Entre estos detenidos, señala el documento, estaba Agustín García Reyes El Chereje, uno de los testigos clave de este caso.

"Se realizaron de manera ilegal y arbitraria, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política", dice el documento.

En el texto también se lee que el agente del Ministerio Público habría incurrido en responsabilidad también, debido a que asentó que a las 23:15 horas del día 27 de octubre de 2014, recibió el certificado médico de Agustín García, con la presentación de éste por parte de elementos de la Marina Armada de México.

Sin embargo, en el contenido de dicho documento se desprende que el mismo fue terminado de elaborar el 28 de octubre de 2014, es decir, al día siguiente sin hora precisa.

Sostiene que sin fundamento permitió el traslado de El Chereje al paraje del río San Juan, y ahí habría señalado el lugar donde se aventaron los restos de los jóvenes normalistas.

Dentro de los señalamientos también destaca que no se procuró que El Chereje viajara al río San Juan acompañado de su abogado.

Las faltas a detalle. En la página 169 del documento se describe que el agente del Ministerio Público de la Federación, Blanca Alicia Bernal Castilla, habría cometido conductas ilícitas porque detectó la retención indebida de al menos siete personas, entre ellas El Chereje.

Bajo este enfoque, se determina que el MP pudo cometer delitos contra la administración de la justicia.

El artículo 225 del Código Penal Federal dice en su fracción 31 que son delitos contra la administración pública, los siguientes: "retener al detenido sin cumplir con los requisitos que establece la Constitución y las leyes respectivas".

En el parte emitido por la PGR se señala que la conducta del MP también podría encuadrar en la modalidad penal que se refiere a la falsificación de documentos, bajo el entendido de que se añadió y alteraron cláusulas o declaraciones o asentando como ciertos hechos falsos, o como confesados los que no lo están, "si el documento en que se asientan se extendiere para hacerlo constar y como prueba de ellos".

En ese apartado, el documento asienta que el MP dio fe de la recepción de un certificado médico a nombre de El Chereje, pero la autoridad advirtió que ese documento se inició el 27 de octubre de 2014, con la valoración de Agustín García Reyes, "concluyéndose el día 28 de octubre del 2014 sin que se precisara la hora; sin embargo, esto resulta contrario a lo asentado por la maestra Blanca Alicia Bernal Castilla, ya que no es posible haber tenido a la vista dicho certificado médico y dar fe del mismo, cuando éste no se había terminado de elaborar".

Otro aspecto que se detalla es que el MP realizó un acta circunstanciada el 29 de octubre de 2014, a las 8:00 horas, en Cocula, Guerrero, por la búsqueda y recolección de indicios sobre la ejecución y desaparición de los 43 estudiantes normalistas en el río San Juan.

"Sin embargo, es de advertirse que en esa misma fecha, de manera simultánea, se ostentaba practicando diligencias ministeriales en las instalaciones de la SEIDO el 29 de octubre de 2014, entre otras, acordó girar diversos oficios a la directora general de la Coordinación General de los Servicios Periciales de la PGR, fin de que se designaran peritos para que realizaran diligencias en su materia del día 29 al 31 de octubre de 2014 en Guerrero".

Y acordó la recepción del oficio número 77922 con el cual designó a Jesús Wilberto Reyes como perito en materia de análisis de voz, así como la recepción del oficio con número de folio 77945, mediante el cual designó a Jaime Sánchez Palma como perito en materia balística forense, "cuando en realidad se encontraba presente en las inmediaciones del río San Juan, en Cocula, Guerrero".

Sin flagrancia. De acuerdo con el documento, el Ministerio Público decretó también la detención de Jorge Luis Poblete Aponte, sin cumplir los protocolos de ley, por lo que el texto señala que "fue a su vez arbitraria".

También se detalla que hubo irregularidades en retenciones ministeriales ilegales y arbitrarias de Salvador Reza Jacobo, Benito Vázquez Martínez, Jonathan Osorio Cortez, Patricio Reyes Landa, Darío Morales Sánchez y Agustín García Reyes.

En el documento se precisa que las detenciones guardan identidad en la forma en que fueron decretadas, y no se garantizó la seguridad jurídica.

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May
15

Insisten padres de los 43 en que PGR abra cuatro líneas de investigación

Autor // comunicacion

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AUTOR: Emir Olivares Alonso 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 15 de mayo de 2017

En un acto más para exigir la verdad y la justicia, así como para demandar a las autoridades la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ayer en el Monumento a la Revolución se vivió una jornada más en la incansable lucha de los familiares de los estudiantes desaparecidos desde septiembre de 2014.

Acompañados por integrantes de organizaciones de la sociedad civil, artistas y ciudadanos, los padres y madres de los normalistas convocaron a un acto político y cultural denominado Cuatro puntos para la verdad y la justicia, donde insistieron en que la Procuraduría General de la República (PGR) abra cuatro líneas de investigación para resolver el caso.

Entre música, baile y performance, los familiares de los 43 normalistas aseguraron que no descansarán hasta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ''nos entregue a nuestros hijos, hasta que nos diga qué fue lo que realmente pasó'' entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014.

''Ya vamos para 32 meses y no es posible que el gobierno no pueda dar con el paradero de 43 jóvenes'', aseguró la señora Blanca Nava, madre de José Álvarez Nava, uno de los estudiantes desaparecidos aquella noche en Iguala, Guerrero.

Recordaron que desde el pasado 20 de abril se instalaron en plantón indefinido frente a la sede de la Procuraduría General de la República en demanda de que las autoridades incluyan en las indagatorias nuevas líneas de investigación, pero hasta el momento no ha habido respuesta afirmativa. ''No hay voluntad política para aclarar el caso''.

Una línea apunta hacia el Ejército Mexicano, ''pues integrantes del 27 batallón de infantería, con sede en Iguala, tuvieron conocimiento de los hechos y supieron a dónde se llevaron'' a los jóvenes; otra demanda es que se investigue a elementos de la policía municipal de Huitzuco, ya que -dijeron- al menos 25 normalistas fueron llevados a esa región.

Una petición más es que se siga la pista de la telefonía celular, pues los teléfonos móviles de varias de las víctimas estuvieron funcionando después de la noche en que supuestamente fueron quemados, con todo y pertenencias, en el basurero de Cocula, como ha apuntado la llamada ''verdad histórica''.

Finalmente, dijeron, está el tema de la red de narcotráfico que envía droga en autobuses desde Iguala hasta Chicago.

El acto realizado en el Monumento a la Revolución por parte de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos contó con el apoyo artístico de La Otra Rima, Gustavo Franco, Mexican Sound y el Son de Ahuentli.

Ahí, Blanca Nava, madre de uno de los jóvenes, pidió a la ciudadanía ''no dejarnos solos en esta lucha, porque es demasiado dolor vivir día tras día e intentar dormir noche tras noche sin saber nada de tu hijo''.

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May
14

Por motivos políticos Osorio no recibe a padres de los 43: vocero

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AUTOR: Fernando Camacho Servín 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 14 de mayo de 2017

Aunque las autoridades federales dicen tener voluntad para gestionar un nuevo encuentro entre el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014, al mismo tiempo buscan postergar la reunión por motivos políticos, denunció Felipe de la Cruz, vocero de los familiares de las víctimas.

"Nos reunimos con Roberto Campa (subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación) y nos dijo que hay disposición y voluntad para recibirnos, pero la estrategia es que el encuentro con el titular de la dependencia sea al mismo tiempo que con la comisión de seguimiento" de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), explicó.

"Nosotros no estamos supeditados al calendario del mecanismo de seguimiento (enviado por la CIDH). Ellos hacen su trabajo y vamos a apoyarlos, pero como familiares, nos urge llegar a la verdad y saber qué avances hay de las cuatro líneas de investigación que pedimos" agotar.

Entre las vertientes que los padres y madres de los normalistas exigen analizar se encuentra la posible intervención del Ejército en la agresión contra sus hijos, la participación de policías federales y municipales de Huitzuco, el estudio de los datos de telefonía celular de los estudiantes y sus agresores, y el uso de autobuses de pasajeros para traficar drogas.

La postura del gobierno, subrayó de la Cruz, es "retardar lo más que puedan la reunión con los padres de familia. Parece que debemos estar mendigando la atención de los funcionarios, cuando su obligación es atendernos en el momento que lleguemos".

Para el vocero de los familiares, "la verdadera cara del Estado en la cuestión de Ayotzinapa es seguir ocultando la verdad y protegiendo a los responsables. Hoy, el hartazgo, la ansiedad y la desesperación de los padres y madres llegó a un nivel muy complicado".

Ayer se realizó un acto político-cultural en el plantón instalado por los familiares de los 43 frente a la Procuraduría General de la República, y este domingo se llevará a cabo una actividad similar a las 15 horas en el Monumento a la Revolución.

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May
14

PRD exige detalles sobre Ayotzinapa

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AUTOR: Vanessa Alemán 
FUENTE: Excélsior 
FECHA: 14 de mayo de 2017


  • Los diputados del sol azteca dicen que hay preguntas por resolver; acusan omisión de las autoridades 

El Grupo Parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados presentó ante la Comisión Permanente un Punto de Acuerdo para solicitar la comparecencia de Raúl Cervantes Andrade, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), ante dicho órgano legislativo, para que informe de los avances de las investigaciones de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Ayotzinapa, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

La propuesta plantea que la Comisión Permanente solicite, además, la entrega de los avances de la intormación requerida por los familiares de las victimas, ya que consideran que la PGR no ha cumplido con su tarea y que los ciudadanos no deben recibir como dádivas sus derechos elementales.

El coordinador de la bancada, Francisco Martínez Neri, y el vicecoordinador, Jesús Zambrano Grijalva. destacaron que en enero de 2016 los padres de los estudiantes entregaron cartas en la Cámara de Diputados para que se les permitiera exponer ante el Pleno las demandas que desde septiembre de 2014 se han acumulado; sin embargo, no se ha concretado.

Esto luego que el pasado 3 de mayo, los familiares de los normalistas desaparecidos solicitaron al Congreso convocar a Cervantes Andrade para que responda a sus preguntas; los legisladores del Partido de la Revolución Democrática impulsan esta solicitud.

"La omisión del gobierno federal vulnéralo establecido en el artículo 17 de la Constitución. mismo que señala que la autoridad, al conocer de un asunto, debe emitir pronunciamientos respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos. garantizando al gobernado la obtención de una resolución que tutele el derecho a la justicia", precisa el Punto de Acuerdo.

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May
13

Confirma el gobierno que este mes habrá reunión con padres de los 43 normalistas

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AUTOR: Fabiola Martínez 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 13 de mayo de 2017


El gobierno federal confirmó que habrá una reunión, antes de que concluya el mes, con familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. La evaluación del caso se realizaría, por separado, con el procurador general de la República, Raúl Cervantes, y con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Mientras, los familiares de los estudiantes -desaparecidos en septiembre de 2014- e integrantes de grupos que los acompañan en sus movilizaciones dijeron que continuarán en Ciudad de México.

Vidulfo Rosales, abogado y vocero de los familiares, subrayó que no son apologistas de la violencia (dos protestas terminaron en incidentes), pero hay "reacciones" ante la indolencia de funcionarios y legisladores.

Aunque se pronunció en favor del "restablecimiento del diálogo político con Gobernación", al mismo tiempo continúa la presión en las calles para que la investigación tenga resultados concretos.

"Queremos saber si hay voluntad política para que resuelvan [el caso] en este sexenio", precisó antes de ingresar a Gobernación, donde una comisión de siete personas conversó con el subsecretario de Derechos Humanos de esta dependencia, Roberto Campa, con quien ya se habían reunido el 9 de mayo.

En esa ocasión las autoridades se comprometieron a adelantar la visita a México de los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que dan seguimiento al caso Ayotzinapa. En ese contexto se desarrollará la sesión con el procurador Cervantes y el secretario Osorio, quien viajará la semana próxima a Tamaulipas y luego a Washington.

El gobierno reiteró ayer que están vigentes las medidas cautelares dictadas por la CIDH y el compromiso de llegar a la verdad. "Estamos abiertos, estamos trabajando", dijo entonces el fiscal del caso, Alfredo Higuera.

Campa subrayó que "hay un trabajo serio, a fondo, que se viene haciendo, relacionado con la parte sustantiva de sus peticiones, relacionado con la investigación, búsqueda [de los 43 jóvenes] y atención a víctimas... la reunión [con Osorio] será en los siguientes días".

Vidulfo Rosales lamentó el trato que se da en todo el país a las víctimas del delito, familiares y defensores de derechos humanos, así como las permanentes agresiones, como la ocurrida a la activista Miriam Rodríguez, asesinada el 10 de mayo, presuntamente en represalia por su trabajo para lograr la detención de quienes asesinaron a su hija.

"Lamentablemente, este gobierno no está privilegiando la agenda de derechos humanos, que adquirió cierta importancia después del 26 de septiembre de 2014 [desaparición de los normalistas], ahí fue motivo de preocupación, y ahora este gobierno tiene otras prioridades, y vemos cómo se ha desbordado la violencia en todos los ámbitos y niveles", señaló.

El tema de los desaparecidos sigue ahí, sin avance: una ley congelada en la Cámara de Diputados y agresiones a defensores.

"La muerte de la compañera Miriam es muestra de cómo las autoridades no establecen medidas de prevención ante las agresiones; los familiares de los desaparecidos no tienen garantías, pese a que están colocados al filo del peligro", dijo Rosales.

Ayotzinapa tiene una oficina especial para la investigación y aun así todo es muy complicado, porque aunque se avanza con tomos y tomos (de investigación) y de detenidos, no se sabe nada del paradero de los normalistas.