Defensores Comunitarios del Agua

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Defienden el agua, pasan 3 años presos

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Periódico: Reforma

Reportera: Henia Prado

Viernes, 30 de noviembre de 2012

Líderes comunitarios liberados Defienden el agua, pasan 3 años presos Henja Prado José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan. 

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

"Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia", expresa José Ramón.

"Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros", complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Ada del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos.

Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.
En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.

Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisióa ^üjastill^ fue detenido en 20U, aktóájidóló % cómplice, y BBCUP^» sf libertad el pasado 23 de njviembre. J * Ercasó de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó qué las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

"No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población", reprochó ayer Dáríiel Zapico, de Amnistía Inrterñacional.

"La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupcióa Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto", expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustía Aparicio, quienes los acompañaron ayer en lá rueda de prensa ? t que ofrecieron. ,<:.) Ahora volverán a su casa •/:> donde los espera una fiesta en la < comunidad. i1 Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

"Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi '' corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos", dice con franqueza JoséRamóa "No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso", agrega Pascual.

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Ofrecen en Puebla investigar a policías

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Periódico: Reforma

Reportera: Adriana Castillo

Viernes, 30 de noviembre de 2012.

El titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Víctor Carranca, informó ayer que esa dependencia investigará la responsabilidad de los agentes que intervinieron en la acusación de robo de vehículo en contra de los activistas indígenas Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, liberados el pasado miércoles por decisión de la Suprema Corte de Justicia El funcionario aceptó que en el proceso en contra de los indígenas de Pahuatlán se registraron diversas irregularidades.

"Desde luego que, con la liberación, con la resolución de la Corte, será una obligación de la Procuraduría ahora revisar la actuación de aquellos que intervinieron en aquel momento, tanto los testigos, como los que hicieron las imputaciones, como desde luego la autoridad que ha in+ tervenido en la integración de laj averiguación previa", indicó en entrevista.

"Es un caso que nosotros to-* mamos la decisión de revisar en'' el momento en que nos lo solicit taron. Personalmente vi el expe-» diente y llegamos a la conclusión! de que efectivamente se habían; cometido irregularidades. En miopinión, se fabricó el delito de rd-> bo de vehículo para poderlos detener e inculpar", agregó. > Carranca anunció que se re* visarán los casos de otros indígenas encarcelados.

"He dado la instrucción de; que se revisen los casos en los que tenemos indígenas presas. A veces; es muy clara la comisión del he-> cho delictivo y entonces lo que he4 mos hecho es tratar de facilitar ei¡ traslado a los centros de reclusión cercanos a sus comunidades, penr, desde luego que estamos abiertos i a la revisión de cualquier caso, sea¡ el que sea", remarcó.