Comunicados de Prensa

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Oct
06

La liberación de cuatro militares involucrados en los hechos de Tlatlaya muestra que la PGR y el poder judicial de la federación no han garantizado el acceso a la justicia de las víctimas y no exonera al ejército de su responsabilidad en la masacre

Autor // comunicacion

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Ciudad de México, 06 de octubre de 2015.- Nuevamente a través de los medios de comunicación, la principal testigo y sobreviviente del caso Tlatlaya, quien es representada legalmente por este Centro de Derechos Humanos, tuvo conocimiento de la liberación de cuatro elementos de la SEDENA involucrados en los hechos del 30 de junio de 2014. La resolución no ha sido notificada a Clara Gómez González, conocida como la testigo Julia, en una reiteración de la falta de reconocimiento de su calidad de víctima tanto en el fuero civil como en el fuero militar.

Si bien este Centro de Derechos Humanos desconoce por esta situación los extremos de la resolución, ha trascendido que el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México ordenó la libertad de estos cuatro elementos, continuando sujetos a proceso penal federal otros tres. Lo anterior, en cumplimiento a una determinación del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México. Frente a las voces de distintos actores que aluden a esa resolución como una exoneración de la responsabilidad del Ejército en la masacre, es preciso recordar que tres elementos del Ejército Mexicano siguen procesados por homicidio, es decir, por una violación grave a los derechos humanos como es la ejecución arbitraria. Los señalamientos sobre autoría material de las ejecuciones por parte de tres activos de las Fuerzas Armadas son consistentes con los dichos de las sobrevivientes y se sostienen hasta el momento; ello no implica que el resto de los involucrados sean ajenos a la comisión de conductas ilícitas, dado que incurrieron en encubrimiento y en alteración del lugar de los hechos. En otras palabras, el Ejército no ha sido exonerado.

La información que circula en la opinión pública debe llamar la atención sobre la actuación de la PGR, que al ser quien acusa debe presentar cargos penales sostenibles jurídicamente, garantizando los derechos de las víctimas y realizando una investigación exhaustiva y diligente. También debe llamar la atención sobre la actuación del Poder Judicial Federal, garante del debido proceso para todas las personas sujetas a procesos penales, incluidas las víctimas. De persistir la PGR y el PJF en su patrón de actuación, podría consolidarse la impunidad en uno de los más graves casos de ejecuciones arbitrarias y encubrimiento de la historia reciente.

Vale la pena resaltar que a partir del Informe presentado por este Centro de Derechos Humanos el día 2 de julio del año en curso, en el que se dio a conocer la existencia de una orden militar inconstitucional propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos que ordenaba a los castrenses abatir a civiles en horas de oscuridad, las respuestas de las autoridades federales han sido insuficientes, por decir lo menos. La PGR se negó a investigar la cadena de mando, sin mayor fundamentación que su sola negativa; decisión que actualmente se encuentra impugnada y pendiente de resolverse.

A más de un año de la masacre, es pertinente recordar que la CNDH, el órgano constitucionalmente facultado para determinar la violación de derechos humanos, resolvió en la Recomendación 51/2014 que entre 12 a 15 personas fueron arbitrariamente privadas de la vida, en un contexto distinto al de un enfrentamiento; resolviendo además la violación a otros derechos como a la verdad, al acceso a la justicia y a la integridad personal respecto de las sobrevivientes.

En suma, la justicia y la verdad frente al caso Tlatlaya continúan pendientes, sin que la reciente resolución que se ha dado a conocer en los medios ponga fin al juzgamiento de estas graves violaciones a derechos humanos. No obstante, dicha resolución alerta sobre la posibilidad de que el caso quede impune, en la medida en que persista la negativa a reconocer a las víctimas y sus derechos. Este riesgo no es menor, si se considera que en su reciente visita a México la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señaló que en la grave crisis de violaciones que vive el país la impunidad es estructural.

 

Narce Santibañez Alejandre
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Oficina 55466559
04455 8531 2218
comunicacion@centroprodh.org.mx

 

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Jul
06

En la masacre de Tlatlaya en México, la orden fue abatir

Autor // comunicacion

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Comunicado de Prensa
2 de julio de 2015

 

  • En la masacre de Tlatlaya en México, la orden fue abatir
  • Documento militar publicado hoy desafía la narrativa oficial

 


Washington, D.C.— Hoy, una organización de derechos humanos en México dio a conocer un documento que demuestra que los militares mexicanos tenían órdenes de “abatir delincuentes” en el área de Tlatlaya, en el Estado de México, donde soldados mataron a 22 personas el 30 de junio de 2014. Estos resultados se hicieron públicos en un informe dado a conocer hoy por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

“El mensaje no puede estar más claro: los soldados recibieron la orden de abatir, o matar, a los presuntos delincuentes, con total desprecio por sus derechos humanos y el debido proceso legal", dijo Maureen Meyer, Coordinadora Principal del Programa de México de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), una organización líder en investigación y promoción de los derechos humanos en las Américas.

Según la historia oficial sobre la masacre, los soldados habían estado patrullando la zona cuando fueron atacados por presuntos secuestradores, provocando un tiroteo que dejó 22 muertos. Sin embargo, el análisis forense demostró que muchas de las víctimas fueron ejecutadas, lo que corrobora el testimonio de testigos presenciales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México (CNDH) más tarde llegó a la conclusión de que al menos 12 de las personas que murieron fueron ejecutadas y que los soldados habían alterado la escena del crimen para que pareciera como una confrontación. El gobierno mexicano ha, desde entonces, ejercitado acción penal en contra de siete soldados por el homicidio de ocho de las víctimas.

Como se describe en el informe del Centro Prodh, las comunicaciones de la policía y militares posteriores al incidente establecen que 22 personas habían sido "abatidas", usando el término de la orden original.

"El gobierno mexicano primero pintó esto como una confrontación y luego como un incidente aislado. La evidencia que se hizo pública hoy demuestra que los soldados fueron enviados con la misión de matar a los delincuentes", dijo Meyer.

Entre 2006 y septiembre de 2014, al menos 3,600 civiles fueron asesinados en confrontaciones con las fuerzas armadas mexicanas. "Es alarmante pensar que si no fuera por las sobrevivientes y la atención de los medios internacionales, Tlatlaya podría haber sido registrado como uno de los muchos enfrentamientos armados", afirma Meyer. “¿Cuántas otras muertes son en realidad producto de ejecuciones ilegales. La meta debe ser detener y procesar a las personas, no eliminarlas."

Las nuevas revelaciones surgen al mismo tiempo que el Congreso de Estados Unidos emite una carta al Secretario de Estado de Estados Uniods, John Kerry, sobre las violaciones a los derechos humanos en México, expresando preocupación tanto por el caso de Tlatlaya como por la desaparición forzada de 43 estudiantes en Ayotzinapa. La carta, patrocinada por el congresista Alan Lowenthal (D-CA), miembro del Comité sobre Asuntos Exteriores de la Cámara Baja, y firmada por 81 congresistas más, afirma: "Estos dos casos no son incidentes aislados en México; sino que ilustran un patrón más amplio de graves violaciones de los derechos humanos en el país, incluidos los casos de tortura, detenciones arbitrarias, secuestros y ejecuciones extrajudiciales”.

Como WOLA ha señalado anteriormente, el caso Tlatlaya y otras masacres, incluyendo las cometidas por la Policía Federal, apuntan a la necesidad urgente de implementar mayores controles y directrices más claras sobre el uso letal de fuerza por parte de las fuerzas de seguridad mexicanas.

“Las fuerzas de seguridad federales de México se enfrentan a graves riesgos en el curso de su trabajo, pero la lucha contra la delincuencia no debe suceder a costa del respeto a los derechos humanos”, dijo Meyer.

Más sobre el Informe y Antecedentes

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez representa una de las testigos oculares de la matanza que también es madre de una de las víctimas. En su trabajo legal sobre el caso, el Centro Prodh obtuvo después de varias acciones legales la Orden de Relevo y Designación de Mando, emitida el 11 de junio del 2014, que describe las actividades que las tropas y comandantes deben realizar en apoyo a la seguridad pública en esa área. Estas instrucciones incluyen que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

El reporte del Centro Prodh también indica la necesidad de ampliar la investigación del caso para identificar la cadena de mando militar y sanciones quienes son “directamente e indirectamente relacionados en los hechos por haber ejecutado, ordenado o tolerado los acciones u omisiones que dieron lugar a la masacre, incluyendo la emisión de la Orden de Relevo”.

WOLA apoya esta solicitud y las recomendaciones del informe que solicitan que el gobierno mexicano garantice una investigación exhaustiva de este acto horrible, continúe las reformas al Código de Justicia Militar y proteja a los testigos de este caso, además de a sus familias y a su defensa legal.

Para leer el reporte del Centro Prodh, haga clic aquí.

Para leer la carta de los congresistas estadounidenses, haga clic aquí.



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Contacto:
Kristel Muciño
Directora de Comunicaciones, WOLA
press@wola.org
+ 1 (202) 797-2171

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Jul
06

México debe investigar cadena de mando militar en caso Tlatlaya

Autor // comunicacion

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  • Documento oficial demuestra orden escrita de “abatir delincuentes”

San José, 6 de julio de 2015.- El Estado mexicano no ha cumplido con su deber de investigar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en Tlatlaya el 30 de junio de 2014.

Ese día, 22 personas fueron asesinadas en el marco de una operación militar. La versión oficial aseguró que todas las muertes sucedieron como consecuencia de un enfrentamiento, sin embargo, fuentes periodísticas y el testimonio de una persona sobreviviente señalaron que una gran mayoría de las víctimas habían sido ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento. Posteriormente, un informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que entre 12 y 15 de las personas muertas fueron ejecutadas en forma extrajudicial.

No obstante la gravedad de lo ocurrido, el Estado mexicano está faltando a su deber de debida diligencia al investigar este caso.

En días pasados, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización que representa a una de las sobrevivientes, hizo público un informe en el que destacan las irregularidades en la investigación de dichos hechos. Por una parte, preocupa que se haya abierto una investigación en la jurisdicción militar paralela a la investigación en la sede penal ordinaria, ello pese a la reforma al fuero militar que excluyó el uso de la jurisdicción militar en casos en que las víctimas son civiles. Adicionalmente, llama la atención que la Procuraduría General de la República (PGR) solo haya procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles obviando así la prueba que indica que más personas habrían sido ejecutadas.

Más grave aún es la existencia de un documento militar denominado “Orden General de Operaciones de la Base de Operaciones San Antonio del Rosario” en el que expresamente se ordena que “las tropas deberán operar en la noche y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Esta disposición claramente establece una orden de privar arbitrariamente de la vida a las personas que el ejército considere “delincuentes”. Pese a que el mismo documento en otros párrafos señala que se deben respetar los derechos humanos, la contundencia del primer párrafo citado genera al menos una confusión que en contextos de lucha contra el crimen organizado, como el mexicano, favorece la arbitrariedad y el abuso de poder.

Tratándose de ejecuciones extrajudiciales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que “es fundamental que los Estados investiguen efectivamente la privación del derecho a la vida reconocido en el artículo 4 de la Convención y determinen las responsabilidades de todos los autores y partícipes, especialmente cuando están involucrados agentes estatales”.

“Es urgente que el Estado mexicano replantee el curso actual de las investigaciones para enmendar lo actuado hasta el momento y realizar una investigación seria, dirigida a determinar la totalidad de los responsables de estos lamentables hechos, ello implica investigar la posible participación de los altos mandos militares que emitieron dicha orden”, declaró Marcia Aguiluz, directora del Programa para Centroamérica y México de CEJIL.

CEJIL se suma a las voces de numerosos actores locales e internacionales que exhortan a las autoridades mexicanas a cumplir con sus obligaciones internacionales de garantizar acceso a la justicia, verdad y reparación.

Hacemos un llamado especial para que se respeten los derechos de las víctimas sobrevivientes, se les proteja y se les participe en todas las etapas de investigación, asimismo, exhortamos a México a proteger a defensores y defensoras de derechos humanos que acompaña el caso, escuchando sus recomendaciones para reencausar estos procesos en el menor plazo posible.

 

Contactos de Prensa:
Ilse Chango
ichango@cejil.org
+(506) 87615678

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Jul
03

A un año del caso Tlatlaya: Experto en derechos humanos de la ONU insta a las autoridades mexicanas a considerar nuevas evidencias

Autor // comunicacion

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MEXICO / GINEBRA (3 de julio de 2015) – El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, instó hoy a las autoridades mexicanas a tomar en consideración las nuevas evidencias dadas a conocer recientemente en relación con la muerte de 22 personas, incluida una niña de 15 años, hace un año durante una operación militar contra presuntos delincuentes en Tlatlaya.

Según las autoridades mexicanas, todas las muertes sucedieron como consecuencia del tiroteo que se produjo durante el enfrentamiento, pero informaciones periodísticas y el testimonio de una de las tres sobrevivientes señalaron que la mayoría de las víctimas fueron ejecutadas después de finalizado el enfrentamiento.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos estableció que al menos 12 de las muertes fueron ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, la Procuraduría General de la República ha procesado a siete militares por la muerte de ocho civiles, y afirma que el resto murieron durante la operación. Además, no ha habido ninguna investigación sobre la cadena de mando implicado en el caso Tlatlaya.

La nueva información dada a conocer consiste en documentos militares que revelan las órdenes de operaciones dadas al oficial a cargo de la operación, incluyendo la directiva de que “las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes”. Según el experto, las órdenes a oficiales encargados de hacer cumplir la ley nunca pueden consistir en salir y matar criminales; deben consistir en arrestar, y sólo si se prueba necesario, el uso de la fuerza debe ser el mínimo necesario.

“Las autoridades civiles tienen la obligación de investigar, juzgar y sancionar a las personas responsables de las presuntas ejecuciones extrajudiciales, así como por emitir órdenes que pudieran conducir a violaciones del derecho a la vida”, señaló. “La perspectiva de derechos humanos debe ser incluida en todas las órdenes de operaciones, con instrucciones precisas sobre la protección del derecho a la vida y el uso legítimo de la fuerza”.

El Relator Especial también expresó su preocupación por la falta de avances significativos en las investigaciones. “A un año de los hechos, los avances en la investigación para establecer lo sucedido en Tlatlaya resultan insuficientes, negándose el acceso inmediato a la justicia de las víctimas y sus familias”, declaró el experto en derechos humanos. “Aquellos funcionarios que con sus acciones u omisiones posibilitaron el ocultamiento de graves violaciones a los derechos humanos también deben ser investigados”.

“Las autoridades mexicanas también tienen la responsabilidad de garantizar la protección de las testigos y las familias de todas las víctimas de Tlatlaya”, señaló el señor Heyns. “Esta responsabilidad incluye también la seguridad de los defensores y defensoras de derechos humanos relacionados con el caso.”

En el informe que emitió en 2014* tras una misión a México, el experto en derechos humanos señaló los riesgos que para el derecho a la vida supone utilizar el “paradigma militar” en tareas de seguridad y recordó la obligación del Estado de asegurar que las acciones de sus fuerzas de seguridad, incluyendo aquellas realizadas por las Fuerzas Armadas, respeten los estándares internacionales.

En otro informe* al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre La protección del derecho a la vida en las operaciones de mantenimiento del orden, el Relator Especial analizó el uso de la fuerza como último recurso, en estricto cumplimiento con las normas internacionales de proporcionalidad y necesidad, así como la atención oportuna a las personas heridas debido al uso de la fuerza.

El experto independiente instó a las autoridades mexicanas a realizar esta investigación totalmente en el ámbito civil, para garantizar su independencia e imparcialidad, y por lo tanto su efectividad.

“México puede mostrar su compromiso con los derechos humanos, no sólo resolviendo el caso Tlatlaya y asegurando el fin de la impunidad, y la reparación integral a las víctimas, sino también cumpliendo todas las recomendaciones contenidas en mi informe de misión, presentado ante el Consejo de Derechos Humanos en 2014. Para ello, ofrezco al Gobierno mexicano mi completa colaboración y apoyo” concluyó el Sr. Heyns.

(*) Puede consultar los informes y observaciones sobre México en www.hchr.org.mx en el menú “Informes”.

México: Informe de misión (A/HRC/26/36/Add.1) y ‘La protección del derecho a la vida en las operaciones de mantenimiento del orden’ (A/HRC/26/36)

Traducción no oficial

FIN

El Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns (Sudáfrica), es director del Instituto para el Derecho Internacional y Comparativo en África y Profesor de Derecho Internacional de Derechos Humanos en la Universidad de Pretoria, donde también ha dirigido el Centro para los Derechos Humanos y se ha involucrado en amplias iniciativas sobre derechos humanos en África. Ha asesorado numerosas entidades internacionales, regionales y nacionales en temas de derechos humanos. Para conocer más, visite: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Executions/Pages/SRExecutionsIndex.aspx (en inglés)

Los Relatores Especiales forman parte de los ‘Procedimientos Especiales’, el mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los Derechos Humanos, que reúne a los mecanismos de investigación y monitoreo establecidos por el Consejo de Derechos Humanos para hacer frente a situaciones concretas en países o a cuestiones temáticas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su labor. Son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual.

ONU Derechos Humanos, página de país – México:
http://www.ohchr.org/SP/Countries/LACRegion/Pages/MXIndex.aspx

Para más información y solicitudes de prensa en México, favor de ponerse en contacto con:
Gabriela Gorjón Salcedo (ggorjon@ohchr.org)

Para más información y solicitudes de prensa en Ginebra, favor de ponerse en contacto con:
Vanessa Asensio Pérez (vasensioperez@ohchr.org) (eje@ohchr.org)

Para solicitudes de prensa relacionadas con otros expertos independientes de Naciones Unidas, favor ponerse en contacto con:
Xabier Celaya – Unidad de Medios (xcelaya@ohchr.org)

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Jul
03

Insatisfactoria, respuesta del Gobierno federal frente a la confirmación de que en Tlatlaya “la orden fue abatir”; debe investigarse la cadena de mando

Autor // comunicacion

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  • En el contexto del caso Tlatlaya, no hay duda de que el concepto “abatir” significó privar de la vida a personas.



México D.F., a 03 de julio de 2015.- El día de ayer fue presentado un informe elaborado por el Centro Prodh en el que se documentó la existencia, en el caso Tlatlaya, de una orden militar emitida unas semanas antes de la masacre, en la que se instruyó a la unidad castrense involucrada en los hechos “abatir delincuentes en horas de oscuridad”. Dicha orden fue calificada por diversos organismos de derechos humanos como propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos, por lo que demandaron que se investigue la cadena de mando militar.

En respuesta, el Gobierno Federal adujo que la propia orden contiene salvaguardas en materia de derechos humanos y que el término abatir tiene acepciones distintas a la identificada por los organismos civiles, intentando llevar la discusióna un debate lingüístico en vez de abocarse al deslinde de responsabilidades. Al respecto, es necesario hacer las siguientes aclaraciones:

Por cuanto hace a la incorporación de lenguaje de derechos humanos en la orden militar que se ha hecho pública, es fundamental reiterar que el Informe presentado por el Centro Prodh no soslaya esta información sino que, por el contrario, es explícito en decir que: “la propia Orden de Relevo alude al ‘respeto a los derechos humanos’ y es acompañada de un anexo titulado ‘Conductas que deben evitarse en operaciones’” [Cfr. Centro Prodh, Tlatlaya a un año: la orden fue abatir, p. 23]. No obstante, como también se señala en el Informe, esta inclusión es contradictoria e insuficiente, por lo que no disminuye la gravedad de que se ordene abatir delincuentes.

En este sentido y para profundizar el análisis, cabe señalar que la orden militar no incorpora verdaderamente el respeto a los derechos humanos como pauta de actuación transversal de la tropa, lo que implicaría que cada actividad ordenada estuviera permeada por el respeto de los derechos universalmente reconocidos y la vigencia del marco constitucional y convencional. Por el contrario, la orden incluye al lenguaje de derechos humanos de manera accesoria, siempre como un añadido, generando una situación que como mínimo debe calificarse de ambivalente: por un lado se usa el lenguaje de los derechos humanos pero por otro, en la dimensión operativa, las órdenes son abiertamente contrarias a los derechos humanos y además ilegales, pues instruyen expresamente a “abatir delincuentes”, lo que implica la suspensión de facto de nuestro marco legal en la medida en que éste sólo permite a las Fuerzas Armadas detener a civiles cuando éstos se encuentran en flagrancia delictiva, supuesto en el que deben ser presentados ante autoridad competente. Más aún: la orden suspende el derecho humano a la presunción de inocencia, pues la convicción de que una persona es responsable de un delito sólo puede derivar de sentencia judicial y no de la apreciación subjetiva de una unidad castrense.

En cuanto a la afirmación de que el término abatir no tiene ninguna acepción que implique violentar derechos humanos, es preciso recordar que el Informe establece que el sentido del concepto abatir genera extrema preocupación, dado el sentido conforme al cual es empleado en el caso Tlatlaya por diversos elementos del Ejército Mexicano. No es de la definición proveída por los diccionarios de donde surge la alerta de los organismos civiles, sino del significado presente en las actuaciones castrenses. Así, recordamos que la orden de abatir es seguida en el expediente de al menos cuatro menciones donde este verbo es empleado como sinónimo de privar de la vida. [Página 22 del Informe]


1. En el Radiograma emitido por el Teniente al mando, refiere sobre el desarrollo de los hechos: “Resultando abatidos 21 personas del sexo masculino, 1 del sexo femenino…”, lo que es especialmente relevante si se considera que es el primer reporte sobre los hechos del oficial a cargo de la unidad involucrada.

2. En el Informe rendido por el Policía Ministerial Militar refiere que “Una vez controlada la situación, procedió a revisar el interior de la bodega, percatándose que se encontraban varios delincuentes abatidos (22 civiles muertos, 21 del sexo masculino y 1 femenino), armamento y tres camionetas”.

3. Cuando el Ministerio Público Militar recaba la declaración de los soldados, hace referencia a los hechos ocurridos en la madrugada del 30 de julio, en los que según su dicho “personal militar fue agredido por elementos de la delincuencia organizada, repeliendo la agresión habiendo abatido a veintidós civiles…”.

4. En la parte correspondiente a la individualización del tipo de infracción al deber militar que corresponde al Teniente de Infantería, el Juez Sexto Militar adscrito a la I Región Militar señala que: “[S]i bien como se mencionó se encontraban en desventaja numérica respecto a sus agresores, cierto es también que el haberlos sorprendido dentro de la bodega señalada, dicho inmueble contaba solamente con una salida frontal, la que no podían cruzar sin la posibilidad de ser lesionados o privados de la vida, colocándose los ahora inculpados en ese tenor en situación de ventaja, habiendo abatido a los civiles a que se ha hecho referencia”, lo que a su vez es relevante dado que indica un uso jurídico castrense del término.


En el mismo sentido, como el Informe señala, a esto se añade que el propio uso público dado a este término por la SEDENA y la SEMAR corrobora este sentido. En una revisión de los comunicados de ambas Fuerzas Armadas, encontramos que el término “abatir” se utiliza en al menos 20 ocasiones para aludir a la muerte de personas identificadas como presuntos delincuentes en enfrentamientos con las Fuerzas Armadas, tan sólo en boletines relacionados con operaciones de las fuerzas armadas en los dos sexenios más recientes. De los 12 comunicados de la SEDENA que mencionan esta acepción del término “abatir” y sus derivados en un total de 15 ocasiones, 11 son Comunicados Nacionales y 1 de Mandos Territoriales. Los comunicados de la SEDENA en los que se encontró el término corresponden a los años 2010, 2011 y 2012. En cuanto a los comunicados de la SEMAR en el mismo sentido, el término se utilizó en 5 ocasiones en 5 comunicados durante los años 2011, 2012, 2014 y 2015. Los comunicados de esta Secretaría correspondientes a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 y hasta noviembre de 2012.

Por todo lo anterior es que no existe duda de que en el caso Tlatlaya la noción de “abatir delincuentes” tiene un significado unívoco, contrario a los derechos humanos a la vida y a la presunción de inocencia, por lo que su inclusión en una orden castrense es propiciatoria de graves violaciones a derechos humanos.

Siendo así, las exigencias y recomendaciones vertidas durante la presentación del Informe “Tlatlaya aun año: la orden fue abatir” son más vigentes que nunca. Es especialmente importante que se investigue en el fuero civil la cadena de mando militar y que de inmediato la CNDH demande que sean suspendidas todas las órdenes militares que instruyan al abatimiento de personas.


Atentamente:
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez


Contacto de prensa:
Narce Santibañez Alejandre
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Oficina. 55466559
04455 8531 2218
medios@centroprodh.org.mx