El Centro Prodh en los Medios

Imprimir
PDF
Jun
20

Presentan denuncia ante la PGR; el Presidente debe explicar, exigen

Autor // comunicacion

jornada logo

 

AUTOR: Emir Olivares Alonso 
FUENTE: La Jornada 
FECHA: 20 de junio de 2017


Defensores de derechos humanos, activistas y periodistas demandaron al gobierno federal una explicación por los presuntos actos de espionaje en su contra que habrían sido cometidos por instancias gubernamentales, acciones que se dieron a conocer en un informe del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fue publicado por el periódico estadunidense The New York Times.

Los afectados presentaron ayer una denuncia por estos hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) por espionaje y otros delitos, por lo que demandaron una investigación inmediata e independiente. Asimismo, solicitaron medidas cautelares a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dieron aviso a organismos internacionales de defensa de garantías fundamentales.

Posteriormente, citaron a una conferencia de prensa en la que acompañados por organizaciones como Artículo 19, oficina para México y Centroamérica; y R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales y Social TIC, informaron que el informe de la instancia académica canadiense muestra el uso de un malware altamente sofisticado y comercializado por el grupo israelí NSO Group exclusivamente a gobiernos, los cuales en el caso de México se habrían usado para espiar los teléfonos móviles de periodistas, defensores y activistas con un costo de 77 mil dólares (cerca de un millón 400 mil pesos) por cada celular infectado.

Ana Cristina Ruelas, de Artículo 19, leyó un posicionamiento en torno a estos hechos en el que subrayó que la investigación de Citizen Lab muestra evidencias para señalar que instancias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) "son clientes de NSO y que personas en México han sido objetivos de esta forma de vigilancia".

Se dijo que estos hechos "no son aislados, sino que se trata de una vigilancia sistemática de actores de la sociedad civil que resultan incómodos".

De acuerdo con los reportes, los afectados son: Mario Patrón, Santiago Aguirre y Stephanie Brewer, director, subdirector y coordinadora del área internacional del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), respectivamente; los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Rafael Cabrera, Sebastián Barragán, Salvador Camarena y Daniel Lizárraga (estos dos últimos miembros de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad); inclusive el hijo de Aristegui, Emilio, quien era menor de edad; así como Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano por la Competitividad.

Estas acciones de espionaje se dieron entre 2015 y 2016 y se incrementó en momentos relevantes en la que los afectados realizaban labor en favor de víctimas de violaciones a derechos humanos, reportajes sobre corrupción gubernamental o propuestas para leyes anticorrupción. En la conferencia estuvo John Scott Railton, de Citizen Lab, quien detalló que el malware se inserta en los celulares a través de links enviados por mensajes de texto (sms) y una vez infectado el aparato de comunicación es hackeado y se tiene acceso a toda la información e inclusive a los micrófonos y cámaras.

Carmen Aristegui aseveró que después de estas revelaciones el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, "tiene que dar explicaciones. ¿Qué tiene que decir el jefe del Estado mexicano ante una operación donde los agentes del Estado, lejos de hacer lo que tienen que hacer legalmente, han utilizado nuestros impuestos para cometer ilícitos graves? El Presidente está obligado, no es una cortesía, a darnos explicaciones. Esto es inaceptable, como lo es más todavía que asesinen a periodistas en México y no pase nada. Es inaceptable el espionaje y que hayan asesinado a Javier Valdez, a Miroslava Breach (corresponsales de La Jornada) y a otros que suman más de 100 en los años recientes".

Imprimir
PDF
Jun
20

Duda Razonable / Cuando cachan a un gobierno que espía

Autor // comunicacion

Milenio logo PRENSA

 


AUTOR: Carlos Puig
FUENTE: Milenio Diario 
FECHA: 20 de junio de 2017


La primera vez que supimos que un software que solo se vende a gobiernos y había sido comprado por el gobierno mexicano estaba siendo utilizado contra ciudadanos mexicanos, fue en agosto del año pasado, cuando con base en un reporte de Citizen Lab, un laboratorio de la Universidad de Toronto, The New York Times reveló el espionaje contra Rafael Cabrera, uno de los periodistas del equipo que reveló la casa blanca.

En febrero de este año, con la colaboración de, entre otras, la ONG mexicana Red en Defensa de los Derechos Digitales, un nuevo reporte de Citizen Lab reveló espionaje contra investigadores del Instituto Nacional de Salud y miembros de la ONG el Poder del Consumidor.

Desde febrero, la decena de organizaciones no gubernamentales que colaboraban con el gobierno en la Alianza para el Gobierno Abierto, una iniciativa multilateral conformada por 75 países que trabajan en conjunto con la sociedad civil para promover la participación ciudadana, incrementar la transparencia y combatir la corrupción pidieron al gobierno federal explicaciones sobre estas revelaciones.

La respuesta del gobierno fue el silencio.

En mayo de este año, las organizaciones decidieron retirarse de ese esfuerzo. "En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto", acusaron.

De parte del gobierno, solo silencio.

Ayer, en The New York Times, un nuevo reporte de estas organizaciones amplía las víctimas del espionaje a periodistas -Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola- y funcionarios de organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, el Centro Pro y el Imco.

La respuesta del gobierno llegó hasta la tarde. Dice que no hay pruebas de que ellos lo hicieron, cosa normal porque la empresa que hace el software para espiar dice que una de sus ventajas es que es imposible rastrear a quien espía.

Dice el gobierno que quien haya sido víctima, denuncie ante la PGR, pero sabemos que la PGR es una de las instituciones que ha comprado el software. ¿Y si ellos son los espías? El Cisen, la Sedena y algunos gobiernos estatales también lo tienen.

Y por qué hay que ir a la PGR. Si ellos no fueron, ¿no le preocupa al gobierno mexicano que alguien ande espiando? ¿No debería el mismo gobierno pedir una investigación? O, simplemente, ya tiene la respuesta…Y no puede revelarla.