El Centro Prodh en los Medios

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Jun
20

Denuncian espionaje; gobierno lo niega

Autor // comunicacion

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AUTOR: Teresa Moreno
FUENTE: El Universal 
FECHA: 20 de junio de 2017


Diez personas, entre abogados, defensores de derechos humanos y periodistas, presentaron una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, por el presunto acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas.

Acusan que entre 2015 y 2016 el gobierno mexicano en 76 ocasiones intentó instalar un programa en los smartphones de 15 personas para espiarlas, como publicó The New York Times.

Señalan que la Sedeña, la PGR y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional habrían adquirido licencias de NSO Group, una empresa israelí, para espiar a quienes trabajaban los temas de Ayotzinapa, Atenco, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la ley 3de3.

La Presidencia de la República les pidió que presenten denuncias y dijo que no hay pruebas del espionaje a activistas y periodistas.

** Diez periodistas y abogados acusan espionaje en PGR

Un total de 10 personas, entre ellos abogados, defensores de derechos humanos y periodistas presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) por acceso ilícito a sistemas e intervención ilegal de comunicaciones privadas, que tienen como penas entre 6 y 12 años de prisión.

La denuncia es por las 76 ocasiones que entre 2015 y 2016, el gobierno mexicano supuestamente intentó instalar el virus de espionaje Pegasus en los teléfonos de 15 personas: periodistas, activistas defensores de derechos humanos y un adolescente. Mediante este malware, los smartphones de las víctimas se habrían convertido automáticamente en espías de bolsillo.

En conferencia de prensa, seis de los demandantes presentaron la denuncia que en parte publicó ayer el diario The New York Times. Se trata de una análisis que realizó Citizen Lab, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3d) y Social TIC, en la que se acusa que supuestamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedeña), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) habrían adquirido licencias para utilizar el malware comercializado por NSO Group.

Desarrollado por la empresa israelí, el malware Pegasus se vende únicamente a entes gubernamentales de los países. Cada licencia de infección tendría un costo de 77 mil dólares, plantearon al presentar el documento Gobierno Espía. Vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

Según la explicación que se ofreció de cómo funciona, cuando una persona recibe un mensaje SMS en su teléfono, es atacada con Pegasus, porque contiene un texto que busca persuadirlo de hacer clic en un enlace infeccioso, haciéndose pasar por una noticia, un aviso o el mensaje de un familiar o amigo.

Si la persona hace clic en el enlace, el virus Pegasus infecta su dispositivo, con lo cual el atacante adquiere acceso a toda la información almacenada en él: mensajes de texto, correos electrónicos, contactos, registro de cada tecla oprimida, monitoreo remoto de datos de localización e, incluso, la activación inadvertida del micrófono y cámara, revela el informe, para cuya presentación se elaboró un hashtag: #GobiernoEspía: vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México.

"El mensaje SMS está diseñado a la medida de la persona que está siendo atacada. Muchas veces contiene su nombre, aspectos relacionados con un familiar, la localidad donde vive o cosas que se relacionan con ella. Una vez que se le da clic a ese enlace se descarga el malware Pegasus y si la infección es exitosa, el atacante toma control del dispositivo", señaló Luis Fernando García, director de la R3D.

El reporte agrega que fueron atacados en total 12 personas relacionadas con temas como Ayotzinapa, Ateneo, Tlatlaya, Tanhuato, la casa blanca o la Ley 3de3, entre otros, y que todos los objetivos fueron atacados usando una infraestructura común, además de existir coincidencias entre los mensajes recibidos por diferentes personas.

Las ONG destacaron su preocupación de que el uso reiterado de estos ataques en contra de periodistas y defensores de derechos humanos se dio durante coyunturas críticas de su labor y con el hecho de que "todas tuvieron un actor en común que fue el gobierno federal.

"No me parece un asunto menor, ni siquiera en un contexto tan violento, porque por el espionaje se abre la puerta para que [se] llegue más lejos (...) Todo va en la misma dirección. Quieren que sepamos que nos están espiando, quieren hacernos sentir vulnerables y que sepamos que ellos saben de nuestros hijos, nuestras vidas privadas y laborales", afirmó el periodista Carlos Loret de Mola en un mensaje grabado que envió a la conferencia.

"Hay que preguntarle varias cosas al gobierno mexicano, ¿dónde está esa información? ¿qué hicieron con ella? Tenemos derecho a saberlo. Estamos aquí para sumarnos a una denuncia formal, porque en este país tan querido, sabemos que no pasa nada; es como la marca de la casa", dijo Carmen Aristegui durante la conferencia de prensa.

Recibieron estos mensajes de texto con links para infectar con Pegasus: Mario Patrón, Stephanie Brewer, y Santiago Aguirre, colaboradores del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh); los periodistas Rafael Cabrera, Sebastián Barragán y Carmen Aristegui, de Aristegui Noticias, así como el hijo adolescente de ella, Emilio Aristegui.

El periodista Carlos Loret de Mola, colaborador de El Universal, Televisa y Radio Fórmula,- Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, periodistas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI); Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Patrón demandó al gobierno federal transparentar los contratos que tienen las diversas instancias de donde supuestamente saliéronlos mensajes que espiaron a la docena de personas.

Pidió que se integre una comisión independiente de expertos que investiguen el caso y hagan un monitoreo de los sucesos, porque "el gobierno no tiene la capacidad de investigarse".

Se recordó que el 23 de mayo, en una denuncia similar por espionaje de los investigadores Simón Barquera, Luis Encarnación y Alejandro Calvillo, 10 organizaciones abandonaron la Alianza para el Gobierno Abierto.

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Jun
20

Serpientes y Escaleras / Un gobierno que espía

Autor // comunicacion

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AUTOR: Salvador García Soto
FUENTE: El Universal
FECHA: 20 de junio de 2017


Las denuncias de espionaje contra el gobierno mexicano no son algo nuevo; históricamente se ha documentado cómo, desde la época del partido de Estado, las escuchas telefónicas, los seguimientos personalizados y hasta la vigilancia y acoso permanente fueron prácticas comunes del régimen priísta contra opositores y disidentes del sistema. Con sus distintas estructuras y denominaciones, la DFS, Inteligencia Militar, policía federal o Cisen, las "policías políticas" y agencias de seguridad siempre espiaron a organizaciones y personajes considerados "peligrosos", "amenazas" o incluso "agentes extranjeros". La práctica se realizó siempre desde las instancias federales, aunque también hay gobiernos estatales que, en su afán de control y vigilancia, impulsaron sus propios "centros de espionaje", algunos ubicados en el Estado de México.

La técnica más recurrente han sido las escuchas telefónicas, que aún hoy se realizan y son motivo de filtraciones constantes de conversaciones entre dirigentes políticos, periodistas y activistas de la sociedad civil. Esa práctica nunca se fue, pero ahora se ha sofisticado con nuevas tecnologías que realizan espionaje ya no basado en líneas domiciliarias, ni en seguimiento de personas con fichas físicas -como las que aún se guardan en un enorme archivo del Cisen con datos, vida y milagros de personajes públicos- sino en el uso de malware que convierten a los teléfonos celulares -que hoy tienen 8 de cada 10 mexicanos- en auténticos espías de la vida privada, personal y profesional de esos mismos personajes.

Eso es lo que ayer denunció el New York Times en un reportaje que afirma que el gobierno mexicano, a través de diversas agencias de seguridad (PGR, Cisen y el Ejército) habría espiado a través de sus celulares a varios dirigentes de Organizaciones No Gubernamentales, defensores de derechos humanos y periodistas a los que se les inoculó en sus aparatos móviles el llamado software malicioso Pegasus, que convierte a los teléfonos móviles en robots espías que lo mismo reportan conversaciones telefónicas que correos, mensajes de texto, chats, videos, fotografías, ubicación y hasta funcionan como cámara y micrófono que transmite, en vivo y directo, cualquier actividad del dueño del teléfono infectado.

Los casos mencionados ayer por el NYT de activistas como Juan Pardinas, del IMCO, Mario Patrón, del Centro Pro, o los periodistas Carmen Aristegui (a quien incluso intentaron espiar a su hijo cuando era menor de edad) Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, Rafael Cabrera y Daniel Lizárraga, autores estos últimos del reportaje de la Casa Blanca de Las Lomas, constituyen una gravísima denuncia en contra de la administración del presidente Enrique Peña Nieto que, en el discurso dice respetar la "libertad de expresión y de crítica", así como el trabajo de defensores de derechos humanos y periodistas, pero en la práctica permite que, según el rotativo estadounidense, sus agencias de seguridad espíen a "personajes incómodos", utilizando la tecnología.

No es la primera acusación de este tipo al gobierno peñista, sin que haya algo más que un deslinde y una recomendación desganada para que los personajes espiados "denuncien ante la PGR para que se puedan realizar las investigaciones correspondientes". Lo mismo que ayer dijo en una carta al editor del NYT el Director de medios Internacionales de la Presidencia de la República, Daniel Millán, fue lo que declararon desde el gobierno el pasado 24 de mayo cuando los dirigentes de 10 organizaciones civiles acusaron a la administración de Peña Nieto de "espionaje contra activistas" y se levantaron de la mesa de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA).

Fundar, Imco, Artículo 19, Observatorio Nacional Ciudadano, México Evalúa, Social Tics, Cultura Ecológica y Control Ciudadano rompieron con el gobierno peñista por la misma razón que ayer documentó el NYT: espionaje a Alejandro Calvillo de El Poder del Consumidor, y Luis Manuel Encarnación, de Contrapeso. La denuncia la hicieron desde febrero al gobierno mexicano, al que pidieron investigar esos señalamientos, y como no hubo respuesta alguna, decidieron abandonar la iniciativa de Gobierno Abierto y denunciar a México para que fuera desconocido por esa iniciativa global que promueve justamente la transparencia gubernamental.

Esta es la segunda denuncia pública y fundamentada que, en menos de un mes, acusa de espionaje al actual gobierno federal. Si no hay una investigación a fondo y un deslinde de responsabilidades, se estaría validando y reconociendo una práctica violatoria de derechos y garantías constitucionales, además de que se confirmaría que con Peña no sólo retrocedimos en indicadores sociales, en seguridad y violencia, o que volvió el "partido de Estado" en las elecciones; también sigue, más sofisticado e igual de intimidante, el #GobiernoEspía.