Imprimir
PDF

La CIDH emplaza al Estado mexicano por tortura
Lunes,
03
Mayo
2010

La incursión de las fuerzas de seguridad federales, estatales y municipales dejó un saldo de graves abusos en contra de la población civil. Los policías emplearon excesiva y brutalmente la fuerza pública mediante actos diversos, como la tortura sexual en agravio de las mujeres que oportunamente denunciaron. Pese a que tales hechos han sido debidamente acreditados las instancias encargadas de las investigaciones han obstaculizado el acceso a la justicia para las mujeres.

En julio de 2009 la Fiscalía Especializada en Delitos Violentos contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) declinó la competencia a favor de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM). Desde entonces no ha sido realizada una sola diligencia para ubicar a los responsables y las investigaciones han estado totalmente paralizadas bajo dos argumentos: a) que la federación sí tiene responsabilidad en la investigación, y b) que la averiguación previa es demasiado extensa y aún continúan revisándola.

En el ámbito federal, además de la errónea decisión de la Fevimtra, no existen las condiciones necesarias para sancionar a los responsables. Más aún, se les ha premiado al otorgarles cargos públicos, alentando de este modo la impunidad.

Debido a que no hay en el país condiciones para acceder a la justicia, 11 mujeres denunciantes de tortura sexual, acompañadas del Centro de derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) presentaron desde abril de 2008 una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que este órgano declare que el Estado mexicano es responsable de las graves violaciones a los derechos humanos consistentes en privación ilegal de la libertad, tortura, falta de acceso a la justicia, entre otras. El 10 de diciembre de 2009 la CIDH trasladó la petición al gobierno mexicano concediéndole dos meses para presentar sus observaciones. Éste no pudo responder oportunamente por lo que solicitó una prórroga que le fue concedida; pero ésta ya feneció. A la fecha, el Estado ha sido omiso en presentar su informe respecto de los hechos y violaciones alegadas en la petición. Muestra de esta manera con claridad el desdén por los derechos humanos y la falta de cumplimiento de sus obligaciones internacionales.

Las mujeres denunciantes y el Centro Prodh consideramos fundamental se condene internacionalmente al Estado mexicano con el fin de acceder a la justicia integral que ha sido negada por cuatro años.

Las acciones legales seguirán siendo acompañadas de acciones de protesta que las mujeres denunciantes, en su legítimo derecho, han decidido realizar para denunciar ante la opinión pública la impunidad que prevalece. Ayer -2 de mayo- ellas, activistas de Amnistía Internacional y el Centro Prodh se manifestaron públicamente y recabaron numerosas firmas que serán presentadas al jefe del ejecutivo federal como medio de protesta. Protagonistas de su propia denuncia, las mujeres seguirán señalando pública y valientemente la falta de acceso a la justicia.