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Audiencia pública ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera

Los días 26 y 27 de agosto se realizará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José, Costa Rica, la audiencia correspondiente al proceso que el máximo tribunal del continente sigue en relación con el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.

 

La Corte, cuyas sentencias son obligatorias para el Estado mexicano, analiza el caso de los ecologistas Montiel y Cabrera debido a que fue sometido ante el tribunal por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ésta se presentó el caso el 25 de octubre de 2001 ante el agotamiento de las instancias que en el país debían haber contribuido a detener las violaciones a derechos humanos cometidas contra Rodolfo y Teodoro. Los campesinos, detenidos y torturados en 1999, fueron liberados en 2001 sin que esto implicara el acceso a la justicia: no se reconoció su inocencia, los militares que los torturaron no fueron sancionados, han tenido que vivir en el exilio y no han variado las condiciones que condujeron a la violación de sus derechos humanos.

El 26 de agosto, a partir de las cuatro de la tarde (tiempo de México), Rodolfo Montiel rendirá testimonio sobre su labor como defensor de los bosques, así como sobre la detención arbitraria y los actos de tortura cometidos por los militares. Explicará el proceso irregular seguido en su contra y los daños sufridos (las secuelas de la tortura y el exilio que lo mantiene alejado de su familia, su tierra, sus bosques). Solicitará, en su demanda contra el Estado mexicano, las medidas necesarias para la reparación del daño y el acceso a la justicia.

Posteriormente tres peritos expresarán sus opiniones sobre aspectos relevantes para una adecuada comprensión de lo acontecido: el doctor Christian Tramsen, médico danés que realizó un examen médico a los ecologistas durante su permanencia en la prisión, explicará los hallazgos de la revisión médica practicada y cómo estos demuestran la comisión de los actos de tortura referidos por las víctimas; el doctor Fernando Coronado Franco, experto en derecho penal y derechos humanos, presentará un análisis del sistema penal mexicano, detallará cómo el marco legal mexicano, al permitir que se dé valor probatorio a confesiones obtenidas sin control judicial incentiva la práctica de la tortura.

Los representantes de las víctimas (el Centro Prodh y Cejil) presentarán de manera oral sus argumentos para indicar que el Estado mexicano violó el derecho de las víctimas a la libertad personal, pues se detuvo arbitrariamente a los ecologistas y se les retuvo en instalaciones militares sin justificación, su derecho a la integridad física por los actos de tortura y maltrato a que fueron sometidos con el fin de obligarlos a firmar confesiones por delitos fabricados y el derecho al debido proceso puesto que en el proceso penal seguido en su contra no se presumió su inocencia sino su culpabilidad y se concedió valor probatorio a las confesiones arrancadas bajo tortura. Argumentarán también que el Estado no investigó la tortura en la jurisdicción civil competente sino en el fuero militar y violó el derecho a la libertad de asociación porque los abusos referidos constituyeron una represalia por la labor de los ecologistas en defensa de los bosques.

Presentarán también sus argumentos, en forma oral, la Comisión Interamericana y el Estado mexicano. Éste último alega que en el presente caso no se ha cometido violación alguna a los derechos humanos.

Con los elementos anteriores la Corte Interamericana estará en condiciones de emitir una sentencia favorable a la vigencia de los derechos humanos en el país. De su resolución dependerá que el Estado mexicano sea presionado para construir condiciones más justas y democráticas.

Los doctores Carlos de la Torre, de la representación en México de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y José Luis Caballero, coordinador de la maestría de derechos humanos de la Universidad Iberoamericana, se pronunciaron sobre la importancia del caso para el logro de avances democráticos en México. Se refirieron especialmente a dos temas que muestran la ausencia de compromiso gubernamental con los derechos humanos: la situación de defensoras y defensores de derechos humanos y la restricción del fuero militar.

Pese a que han transcurrido más de diez años desde los hechos, la demanda de justicia continúa vigente pues la defensa de los derechos humanos no se constriñe a la obtención de la libertad de las víctimas. En este sentido, el juzgamiento y sanción de los responsables de la tortura inflingida a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, el reconocimiento de inocencia, la reparación integral del daño y el reconocimiento público por parte del Estado mexicano de las violaciones cometidas son parte sustantiva de la lucha por la justicia.