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Juegos de Poder / Espionaje ilegal también es corrupción
Martes,
20
Junio
2017

Autor // comunicacion

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AUTOR: Leo Zuckermann 
FUENTE: Excélsior 
FECHA: 20 de junio de 2017


Mientras en el país ocurren un promedio de cuatro secuestros por día, nuestras autoridades están espiando a mi querido colaborador de La Hora de Opinar, Juan Pardinas, y su esposa. Increíble. El gobierno gastando recursos para enterarse de la vida privada e íntima de un ciudadano comprometido con el combate contra la corrupción. Fontaneros políticos que se vomitan en la democracia liberal pensando que el Estado tiene el derecho de obtener información de manera ilegal para luego chantajear y proteger, así, a sus colegas ¿corruptos?

De acuerdo al artículo publicado ayer en el New York Times, firmado por Azam Ahmed y Nicole Perlroth, "no hay pruebas definitivas de que el gobierno sea responsable" de este espionaje. Pero sólo el gobierno -en particular la Secretaría de la Defensa, la PGR y el Cisen- tiene los recursos financieros y humanos para adquirir y operar el llamado software "Pegasus" que permite hackear teléfonos celulares, extraer toda la información que se encuentra en ellos y convertirlos, incluso, en micrófonos para espiar en tiempo real.

Mientras el crimen organizado ejecuta a 28 personas en promedio por día en México, las autoridades están ocupadas espiando a mi estimado colega Carlos Loret. No les satisface ver lo que piensa el periodista en su noticiero matutino en Las Estrellas o en su columna de El Universal. No. Quieren más información por si en una de esas hay que desprestigiarlo aventándole todo el poder del Estado.

Nada nuevo para el Grupo Atlacomulco que hoy nos gobierna. Están acostumbrados a poner "pajaritos en los alambres". En 2001, un artículo de El Universal (http://archivo.eluniversal.com.mx/primera/6865.html) daba cuenta cómo el gobierno mexiquense tenía "una red de inteligencia conformada por 200 empleados dedicada a la vigilancia e investigación de políticos, empresarios y líderes sociales, cuya principal característica es su oposición o crítica a la administración de Arturo Montiel Rojas".

La operaban el entonces secretario de Gobierno, Manuel Cadena, y Alfonso Navarrete Prida, subsecretario de Seguridad Pública, hoy secretario del Trabajo del gobierno federal, viejo operador del presidente Peña. Siendo Peña gobernador, sucesor de Montiel, en 2008 se descubrió otro centro de espionaje que operaba en esa entidad al mando de un ex delegado del Cisen, Luis Miguel Dena. No sólo espiaban a los panistas, que estaban en el gobierno federal, sino a todo tipo de personajes involucrados en la sucesión presidencial de 2012 incluyendo a priístas como Manlio Fabio Beltrones.

Mientras 24 millones de mexicanos ganan cinco mil pesos al mes, el gobierno de este país gastó un millón 170 mil pesos para pagar la licencia de espionaje al iPhone del hijo de Carmen Aristegui (según NYT, "para espiar a diez usuarios de iPhone, el fabricante cobra 650 mil dólares"). Es el colmo que la respetada periodista, que dio a conocer la historia de la infame casa blanca de Peña, financiada por un amigo contratista, no sólo siga fuera del aire sino que además la espíen a ella y su hijo adolescente.

El PRI regresó al poder y el espionaje político retornó a la vida pública. Es una vergüenza que las instituciones no puedan combatir a los enemigos reales del Estado (organizaciones criminales, políticos y empresarios corruptos) pero se dedican a escuchar y ver, sin autorización de un juez, a defensores de los derechos humanos, periodistas y activistas sociales. Mentes cochambrosas que piensan que estos ciudadanos son a los que hay que espiar y combatir. Quizá tengan razón porque todos los espiados quieren algo muy ajeno para los cavernarios de la política mexicana: un país abierto, plural, democrático, de libertades, donde no haya corrupción y se respeten los derechos humanos.

Mientras los 43 estudiantes de Ayotzinapa siguen desaparecidos, el gobierno espía a su abogado defensor, Mario Patrón, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, un tipazo que ha dedicado su vida profesional a desenmascarar abusos de poder. "Tener evidencia de que somos víctimas de verdadera vigilancia confirma que nos están amenazando y que el gobierno está dispuesto a utilizar medidas ilegales para intentar detenernos", dice el buen Mario. Sin embargo, estoy seguro que no los van a arredrar.

Otra vez el gobierno de Peña está bajo la sospecha de una operación corrupta porque el espionaje ilegal también es corrupción. ¡Cómo le engordan el caldo a López Obrador! Los priístas, que se dicen indignados por la corrupción, son los que la propician y así le van pavimentando el camino al poder a Morena.