Defensores Comunitarios del Agua

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Nov
30

Defienden el agua, pasan 3 años presos

Autor // comunicacion

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Periódico: Reforma

Reportera: Henia Prado

Viernes, 30 de noviembre de 2012

Líderes comunitarios liberados Defienden el agua, pasan 3 años presos Henja Prado José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz no sonríen, pero tampoco se quejan. 

Es como si en el momento les cayeran encima los casi tres años pasados en la cárcel por un delito fabricado. Aún no asimilan estar libres, luego de que el miércoles pasado la Suprema Corte de Justicia así lo determinó.

"Yo sentía muy feo, tuve mucho sufrimiento, unos 15 días estuvimos en observación, las celdas, no pude dormir, completamente desesperado estuve yo, sentía un dolor muy fuerte, aparte de familia", expresa José Ramón.

"Yo en la cárcel sentí difícil porque nosotros, yo siento que mi familia estén tristes, se preocupan por nosotros", complementa Pascual.

Ambos hombres hablan pausado, articulando con dificultad las frases que les permiten sus limitados conocimientos del español, pues su lengua natal es el náhuatl. Esa circunstancia fue precisamente la que les impidió defenderse ante las autoridades.

A15 horas de haber salido del Centro de Reinserción Social de Huauchinango, Puebla, afirman que en su corazón sólo existe disposición para perdonar a quienes los acusaron falsamente del delito de robo de vehículo.

Su historia, al igual que la de otros indígenas encarcelados tiene el denominador común de la discriminación por la pobreza y el origen étnico.

Ambos son originarios de la comunidad de Ada del municipio de Pahuatlán, Puebla, donde históricamente existe un conflicto por el acceso al agua Sólo algunos de los 2 mil 172 habitantes cuentan con este derecho pues el suministro es controlado por un grupo caciquil que exigen cuotas de hasta 5 mil pesos o 40 días de faenas no remuneradas.

En aras de conseguir el líquido, algunos pobladores se abastecen con cubetas o líneas de mangueras desde manantiales cercanos.

Para impedirlo, el grupo caciquil contamina el agua con animales muertos y basura o corta las líneas de suministro.

Ante la ausencia de las autoridades la problemática ha escalado al punto de presentarse enfrentamientos campales y homicidios.
En mayo de 2008, los habitantes de Atla eligieron a José Ramón, de 64 años y padre de ocho hijos, como presidente auxiliar, y a Pascual, de 48 años y con seis hijos, como juez menor de paz.

Los hombres convocaron a una asamblea y renovaron el Comité del Agua, cuyos nuevos miembros hicieron suyo un proyecto auspiciado por el municipio para beneficiar gratuitamente a toda la población con el líquido.

El 22 de octubre de 2009 un incidente cambiaría la vida de los dirigentes comunitarios.

En esa fecha fueron embestidos por el vehículo que conducía Abraham Aparicio, hijo de Cristóbal Aparicio Domínguez, señalado como integrante del grupo caciquil. El responsable escapó y abandonó el vehículo con las llaves puestas.

El comandante de policía Carmelo Castillo Martínez llegó al lugar de los hechos, tomó nota del abandono y trasladó la unidad al corralón municipal. A pesar de que José Ramón y Pascual perdonaron a Cristóbal, 10 días después éste interpuso una denuncia penal por robo de vehículo con violencia.

El 13 enero de 2009 los hombres fueron detenidos por ese ilícito y en 12 de julio se les dictó una sentencia de 7 años y 22 días de prisión. El Tribunal Superior de Justicia del estado confirmó la responsabilidad, pero modificó el castigo a 6 años, 10 mes y 20 días de prisióa ^üjastill^ fue detenido en 20U, aktóájidóló % cómplice, y BBCUP^» sf libertad el pasado 23 de njviembre. J * Ercasó de los activistas fue llevado ante la Corte luego de que la defensa alegó qué las acusaciones eran falsas y no existían pruebas para sostenerlas, además de que jamás se les proporcionó un intérprete. La primera sala ordenó ponerlos en libertad.

"No es tolerable que en un país como México sigamos asistiendo al uso del sistema de justicia penal para encarcelar y reprimir las demandas legítimas de la población", reprochó ayer Dáríiel Zapico, de Amnistía Inrterñacional.

"La respuesta es muy sencilla, en una palabra: corrupcióa Eso fue lo que sucedió en el caso de ellos, no se necesita tener un gran puesto de poder, sino una cifra considerable de dinero, unos 20 o 30 mil pesos para que el Ministerio Público inicie una averiguación previa por un delito inexistente y luego al juez darle otro tanto", expresó Araceli Olivo, abogada del Centro Miguel Agustín Pro Juárez.

El miércoles a las 18:00 horas terminó el encierro para José Ramón y Pascual Fueron recibidos afuera del por sus esposas Brígida Cruz y Salustía Aparicio, quienes los acompañaron ayer en lá rueda de prensa ? t que ofrecieron. ,<:.) Ahora volverán a su casa •/:> donde los espera una fiesta en la < comunidad. i1 Pero el conflicto del agua continúa sin solucionarse.

"Sabemos que las personas nos echaron en la cárcel, nos difamaron, pero yo siento en mi '' corazón que aunque estuvimos tres años encarcelados, desesperados, pensativos, preocupadísimos por nuestras familias por mi parte siento en mi corazón que yo los perdono, no quiero venganzas, no quiero a ellos con enemigos", dice con franqueza JoséRamóa "No es bueno hacer una venganza, nosotros somos personas inocentes y por eso no vamos a hacer eso", agrega Pascual.

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Nov
30

Ofrecen en Puebla investigar a policías

Autor // comunicacion

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Periódico: Reforma

Reportera: Adriana Castillo

Viernes, 30 de noviembre de 2012.

El titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Víctor Carranca, informó ayer que esa dependencia investigará la responsabilidad de los agentes que intervinieron en la acusación de robo de vehículo en contra de los activistas indígenas Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, liberados el pasado miércoles por decisión de la Suprema Corte de Justicia El funcionario aceptó que en el proceso en contra de los indígenas de Pahuatlán se registraron diversas irregularidades.

"Desde luego que, con la liberación, con la resolución de la Corte, será una obligación de la Procuraduría ahora revisar la actuación de aquellos que intervinieron en aquel momento, tanto los testigos, como los que hicieron las imputaciones, como desde luego la autoridad que ha in+ tervenido en la integración de laj averiguación previa", indicó en entrevista.

"Es un caso que nosotros to-* mamos la decisión de revisar en'' el momento en que nos lo solicit taron. Personalmente vi el expe-» diente y llegamos a la conclusión! de que efectivamente se habían; cometido irregularidades. En miopinión, se fabricó el delito de rd-> bo de vehículo para poderlos detener e inculpar", agregó. > Carranca anunció que se re* visarán los casos de otros indígenas encarcelados.

"He dado la instrucción de; que se revisen los casos en los que tenemos indígenas presas. A veces; es muy clara la comisión del he-> cho delictivo y entonces lo que he4 mos hecho es tratar de facilitar ei¡ traslado a los centros de reclusión cercanos a sus comunidades, penr, desde luego que estamos abiertos i a la revisión de cualquier caso, sea¡ el que sea", remarcó.

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Nov
30

"Queremos agua para toda la gente"

Autor // comunicacion

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Periódico: El País

Reportera: Raquel Seco

Viernes, 30 de noviembre de 2012

"Queremos agua para toda la gente" México libera por falta de pruebas a dos activistas indígenas encarcelados desde hace casi tres años RAQUEL SECO, México "No estamos enfadados", dice tranquilo, por teléfono y ya en libertad, Pascual Agustín Cruz, liberado por falta de pruebas el miércoles junto a José Ramón Aniceto Gómez. Los dos activistas indígenas llevaban dos años y 10 meses en la cárcel por un delito menor que, de fondo, tenía un conflicto por el agua en la comunidad de Atla, en el centro de la República. Pascual, de 49 años, y José Ramón, de 65, se disponen a volver a casa sin decidir si volverán a la carga por el acceso público al agua, por el que fueron a prisión. "Queremos paz y agua para toda la gente", señala renqueante Pascual (su lengua materna es el náhuatl y la mayor parte del español lo aprendió en prisión).

La Suprema Corte ordenó ayer la liberación de los dos únicos presos de conciencia de México —así los considera Amnistía Internacional (AI)—. Los dos indígenas, líderes de esta comunidad nahua, de unos 2.000 habitantes, trabajaban en un programa de universalización del agua potable que chocaba con los intereses de un grupo dedicado a la venta del agua. Tras un confuso accidente en el que, según su defensa, unos aliados del cacique del pueblo los intentaron atrepellar, fueron acusados del robo con violencia del vehículo y condenados a cumplir siete años en un penal de media seguridad del municipio de Huauchinango, a unas dos horas de su pueblo. La Suprema Corte ha reconocido ahora la falta de pruebas. Aunque la sentencia todavía no es pública, en la decisión también parecen haber pesado otras irregularidades, como la ausencia de traductores y abogados que hablaran la lengua nativa de los acusados.

"Esas personas son caciques y no les gustaba que nosotros hiciéramos trabajo para todo el pueblo. El agua es para todos. El poquito dinero de impuestos que estamos pagando es para todos", dice Pascual. Frente al acceso gratuito, asegura la abogada, el cacique cobraba hasta 5.000 pesos (unos 300 euros) por toma.

Ahora toca volver a Atla. "No tienen deseo de venganza", subraya Araceli Olivos, abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH). Lo primero que harán, dice Pascual, es "trabajar en la siembra". Porque él tiene seis hijos, y José Ramón, ocho, y durante los tres últimos años no hubo dinero para ayudar a la familia, de pocos recursos. En la cárcel, los dos cosían balones. Cobraban seis pesos (unos 35 céntimos de euro) por unidad, y conseguían hacer dos al día. "A veces necesitábamos jabón, o papel higiénico, o se nos antojaba un cafecito, ó leche. Pero no alcanzaba", recuerda Pascual. ¿Y si no alcanzaba, qué? "Nos daban ranchito, pero no es lo mismo". Pascual dice, escueto, que pasaron hambre. Y que sus familias, que no los podían visitar a menudo, "hasta lloraban".

El caso fue llevado ante la Corte Suprema por los abogados del Centro PRODH, quienes presentaron este último recurso directo de amparo. Amnistía Internacional, que recogió unas 30.000 firmas por la liberación, ha subrayado que "estos tres años de injusticia son el reflejo de un débil sistema judicial, que lejos de garantizar seguridad y justicia se presta a perseguir a personas únicamente por el hecho de luchar por sus derechos". "Lo más preocupante es que los fallos que caracterizaron este caso, lejos de ser desafortunadas excepciones, parecen más bien ser problemas estructurales característicos del sistema de justicia en México", opina Alberto Herrera, director ejecutivo de AI México.

Amnistía Internacional y el centro PRODH han denunciado que, además de que el delito no existió, en el proceso judicial no se respetaron los derechos constitucionales de que los indígenas contasen con abogados que hablasen su idioma o intérpretes. "Un país en donde un caso fabricado de manera tan absurda tiene que llegar hasta la Suprema Corte para aspirar a un veredicto con justicia, es un país donde la justicia es poco más que un sueño".

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Nov
30

Caso de activistas poblanos revela corrupción de jueces

Autor // comunicacion

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Periódico: La Jornada

Reportero: Fernando Camacho Servín

Viernes, 30 de noviembre de 2012

La corrupción de las autoridades judiciales del país sigue haciendo posible el encarcelamiento de personas inocentes, no sólo por motivos personales, sino para castigar a quienes defienden los derechos •básicos de la población, como ocurrió con los. activistas indígenas José Ramón Aniceto y Pascual Agustín, afirmaron integrantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

Luego de hacer un breve recuento del caso, Andrés Díaz, coordinador de defensa de dicho cch lectivo, subrayó en rueda de prensa que la fabricación del delito por el cual ambos hombres pasaron casi tres años en la cárcel hubiera sido imposible sin la complicidad de los jueces del municipio de Huauchinango, Puebla.

De igual forma, lamentó que en México no haya mecanismos de reparación del daño paca las víctimas de estos abusos, como lo comprueba el caso de las indígenas otomíes Alberta Alcántara, Teresa González y Jacinta Francisco, encarceladas entre dos y tres años, acusadas de, "secuestrar" a seis policías ministeriales y luego liberadas sin que se reconociera su inocencia ni se les indemnizara.

Araceli Olivos, también abogada de José Ramón y Pascual, enfatizó que desde el inicio era evidente la inexistencia de elementos para sentenciar a ambos indígenas nahuas.

El nivel de descomposición del aparato de justicia es tal, añadió, que por 20 mil o 30 mil pesos un particular puede iniciar un proceso amañado en contra de otro, haciendo a un lado cualquier principio de honestidad o imparcialidad y obligando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a dictaminar.

Por otro lado, la activista explicó que el asunto de fondo no se ha resuelto, porque la comunidad de Ada, en la Sierra Norte de Puebla, sigue sin tener acceso universal y gratuito al agua, pues algunas fuentes de abasto fueron cortadas o contaminadas por el cacique local.

José Ramón y Pascual agradecieron el apoyo del Prodh, así como del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y Amnistía Internacional, y aunque admitieron haber sufrido por su encarcelamiento injusto, anunciaron que no demandarán a quienes los difamaron. "No quiero hacer venganzas. Yo siento en mi corazón que los perdono. Nuestra familia ya sufrió mucho", resumió Pascual Agustín.

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Nov
28

Confían en que SCJN exonere hoy a 2 indígenas

Autor // comunicacion

cronica 

Periódico: La Crónica de Hoy

Reportera: Dennis A. García

Miércoles, 28 de noviembre de 2012

Amnistía Internacional México y el Centro Prodh confiaron en que hoy, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se haga justicia y queden libres los indígenas José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruz. 

Ambos son defensores del libre acceso al agua para su comunidad de Atla, y que desde el año 2010 se encuentran presos en el penal de Huauchinango, Puebla, acusados por el robo de un automóvil.

De acuerdo con el Centro Prodh, un grupo que controlaba el agua en su comunidad, intentó atropellarlos por sus acciones en defensa de su comunidad.

Un tercero, Carmelo Castillo, ex comandante de la pohcía de PahuaÜán fue testigo de un acuerdo entre el grupo que controla el acceso al agua y los dos indígenas.

Además de que José como Pascual otorgaron el perdón por el intento de atropellados, sin embargo, dos semanas después, los indígenas fueron detenidos por el delito de robo.

El agresor, también acusó al ex comandante quien también fue preso por el mismo delito. Apenas el 2 3 de noviembre de este año fue puesto en libertad, pero los dos indígenas siguen presos, pues recibieron una pena de seis años de prisión.

En marzo de este año, Amnistía Intanoadonalnombrópresos de conciencia a José Ramón y Pascual, pues concluyeron que estos dos indígenas fueron procesados como represalia por su activismo.

"El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria SJ y Amnistía Internacional confiamos en que el día de mañana la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haga justicia en el caso de José Ramón y Pascual-, enfatizaron.