Conforme a los registros, desde su creación y hasta el 10 de marzo de 2021, la Guardia Nacional hizo uso de la fuerza en 161 eventos. En todos estos fueron utilizadas armas de fuego y en ninguno –según concluyó su propio Órgano Interno de Control– se determinó que hubo exceso de la fuerza.

El pasado 10 de marzo de 2021, el Centro Prodh presentó una solicitud de acceso a la información con la finalidad de conocer el número y las versiones públicas de los reportes pormenorizados sobre uso de la fuerza que hubieran generado los elementos de la Guardia Nacional, quienes tienen la obligación de presentar un informe a su superior jerárquico inmediato cada vez que utilizan la fuerza en cumplimiento de sus tareas. Esta obligación fue ideada, sobre todo, como un medio de control para evitar abusos y violaciones a derechos humanos y no sólo como un registro administrativo interno.

En respuesta, la Guardia Nacional clasificó todo lo relacionado con los reportes pormenorizados como información reservada por un periodo de 5 años, con base en una presunta afectación a la adecuada investigación de delitos, equiparando esos reportes con el Informe Policial Homologado (IPH). Esta decisión deja a la sociedad sin vías para constatar si realmente los elementos de la Guardia Nacional hacen uso de la fuerza de manera racional y proporcional. Por ese motivo, interpusimos ante el INAI el recurso de revisión RRA 6771/21.

Antes de emitir resolución, el INAI concedió a la Guardia Nacional una audiencia para que mostraran algunos de estos reportes, con lo que se corroboró su existencia. También realizó una diligencia en el interior de las instalaciones de la Guardia para constatar que los reportes pormenorizados y el Informe Policial Homologado son documentos distintos y que esos reportes se encuentran en cada uno de los expedientes de los elementos involucrados en eventos de uso de la fuerza. Esto puso en evidencia que la negativa de la Guardia Nacional se debe a un empeño de mantener sus actuaciones en la opacidad y no a consideraciones de otra índole.

El 01 de septiembre, el INAI dictó resolución considerando que deben elaborarse versiones públicas de los reportes y dio a la Guardia Nacional un plazo de 20 días hábiles para cumplirlo. El Instituto indicó a la Guardia Nacional cómo elaborar esas versiones públicas, señalando qué información puede ser clasificada como reservada, y cuál deben contener los documentos.

Lamentablemente, la respuesta de la Guardia Nacional ha sido negativa. Insistiendo en que los referidos informes y el IPH son lo mismo, se ha dedicado a interponer trabas administrativas y de formato de la información para eludir el cumplimiento de sus obligaciones.

Esto revela su intención de mantener en la oscuridad información fundamental para que pueda ejercerse un verdadero control ciudadano sobre el uso de la fuerza que realizan sus elementos.