Desde su inicio, la Guardia Nacional fue diluyendo el carácter civil que le adjudicó la reforma constitucional que la creó. Al día de hoy, 3 de cada 4 de sus elementos provienen de las Fuerzas Armadas, y sus mandos siguen un patrón similar de preponderancia castrense. Además, su titular es un militar en retiro; su formación es preminentemente castrense, y en lo operativo, está adscrita a la Sedena.

Hasta el momento, el despliegue de las Fuerzas Armadas en seguridad pública se había presentado como una medida transitoria con fecha precisa para su finalización. Y aunque la Guardia Nacional es un cuerpo militarizado en los hechos, el que se elimine formalmente el carácter civil asentado en la Constitución significaría un punto de no retorno en el proceso de militarización, una peligrosa capitulación del poder civil ante el poder castrense, inadmisible en un país que se pretende democrático.

Si a esto le sumamos la enorme e injustificada diversidad de tareas de naturaleza civil que le han sido encomendadas a las Fuerzas Armadas –incluyendo la concesión millonaria de construcción y administración de obra pública–, nos encontraremos presenciando el trastrocamiento de la relación cívico-militar del que se ha advertido reiteradamente.

Los hechos han demostrado que la militarización de la seguridad, con su estrategia de ocupación territorial, no ha significado una reducción de la violencia.

Por el contrario, aumenta el riesgo de violaciones a los derechos humanos y la ocurrencia de delitos.