Foto: AP

El domingo 31 de octubre, en Huixtla, Chiapas, la Guardia Nacional disparó en contra de una camioneta y provocó la muerte de un migrante cubano. La justificación de la GN es que el conductor de la unidad intentó embestirlos y “al verse en riesgo inminente su integridad”, accionaron sus armas para detener el vehículo.

Este no es el único caso que se ha documentado. Lamentablemente –y aunque es la primera vez que el Gobierno federal admite que la Guardia Nacional quitó la vida de manera indebida a una persona migrante–, la actuación de este cuerpo militarizado en el control de los flujos humanos ya advertía de la posibilidad de que se llegara a estos extremos.

Prácticamente desde su nacimiento, se ha colocado a la Guardia Nacional en tareas de control migratorio, para las cuales no están preparados, usando un enfoque de seguridad y no de derechos humanos. Esto ha dejado escenas verdaderamente lamentables, de elementos con formación castrense persiguiendo a mujeres, niños y hombres migrantes y abusando de la fuerza ostensiblemente en esas operaciones.

Como ya lo habían advertido la CIDH y la ONU, el uso de personal militar en tareas que deben ser de funcionarios civiles especializados, particularmente siendo las y los migrantes personas en situación de vulnerabilidad, eleva los riesgos de graves violaciones a los derechos humanos.