El dia 13 de agosto de 2001 fueron detenidos, en la Ciudad de México, los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo Contreras, junto a Pablo Alvarado Flores y Sergio Galicia Max. Mediante una acusación amañada, fueron reos de las fuerzas represivas y víctimas de prolongadas sesiones de tortura física y psicológica, con el objetivo de vencer la resistencia de estos destacados luchadores de la izquierda azteca. Condenados tras una parodia de proceso judicial, Alejandro cumplió cuatro años de sentencia de prisión; ocho años, Héctor y Antonio.

Los días 28 y 29 de febrero de 2012, reunidos en el Centro Indígena de Capacitación Integral, Universidad de la Tierra en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, decenas de organizaciones se encontraron para intercambiar experiencias y saberes. Esto, dentro del compromiso con la construcción de alternativas que frenen y transformen las condiciones estructurales y sistémicas que han desatado la violencia de Estado.

Sin tomar en cuenta las sugerencias de la OACNUDH para posibilitar una buena práctica legislativa en materia de Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, se aprobó un tipo penal que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que, en cambio, muestra la falta de compromiso del ejecutivo y del legislativo con las familias de personas desaparecidas y con la vigencia de los derechos humanos en Coahuila.

El gobernador de Chihuahua, César Duarte, informó a madres y familiares de jóvenes desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez que en el Servicio Médico Forense (Semefo) de la localidad sólo están los […]

El día de ayer, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan dio a conocer su Informe «Migrantes somos y en el camino andamos», en el que a partir del registro y documentación de la situación de la población migrante que es jornalera agrícola, se constata una sistemática violación a los derechos humanos.

Maximino García, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y beneficiario de las medidas provisionales Fernández Ortega y Otros, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en abril de 2009, se encuentra bajo un proceso de criminalización por su labor de defensa de los derechos humanos.