El día de ayer, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (as) en Coahuila (FUUNDEC) informó que el pasado 14 de enero, el gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, les había informado sobre la iniciativa de ley enviada al Congreso del estado para tipificar la desaparición forzada como un delito. Así, señalaron que el 21 de febrero, mientras recordaban la desaparición de Daniel Cantú Iris, ocurrida cinco años atrás, se enteraron, a través de los medios de comunicación, que la iniciativa había sido aprobada en los términos en los que fue presentada; por lo tanto, no hubo un proceso de consulta a la sociedad, a pesar de que los diputados habían manifestado, previamente, que tenían voluntad de ello.
Sin tomar en cuenta las sugerencias que la Oficna en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas había hecho para posibilitar una buena práctica legislativa en materia de Desaparición Forzada e Involuntaria de Personas, se aprobó un tipo penal que no cumple con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que, en cambio, muestra la falta de compromiso del ejecutivo y del legislativo con las familias de personas desaparecidas y con la vigencia de los derechos humanos en Coahuila. En este sentido, FUUNDEC explicó que «La tipificación pasa por alto el elemento de la aquiescencia, establecida en la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas y en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, con lo que se impide una investigación y sanción penal de los servidores públicos cuando toleran o permiten que ocurran las desapariciones».
En este sentido, el tipo penal aprobado establece una penalidad más baja que la del secuestro y no sanciona con mayor severidad a los servidores públicos involucrados; por lo tanto, su confusa redacción abre la puerta a la impunidad, al no especificar claramente las conductas delictivas que pueden configurar el tipo penal y al omitir que la negativa de la información por parte del servidor público impedirá el ejercicio de los derechos de los familiares.
Cabe señalar, además, que la tipificación de un tipo penal no resolverá, por sí mismo, el problema de la desaparición forzada. Como bien dice el comunicado de FUUNDEC, «La corrupción, complicidad y participación de servidores públicos con el crimen organizado, y que están a cargo de las investigaciones, son una clara muestra de la participación del estado en los casos de desaparición y una muestra que no hay intención de investigar».
Debido a que las desapariciones forzadas son continuas y van incrementándose en Coahuila y en México, FUUNDEC y FUUNDEM le exigen al presidente de la República, Felipe Calderón, que aplique una política de Estado que les permita localizar con vida a sus seres queridos; asimismo, al Congreso de Coahuila que legisle sobre el delito de Desaparición Forzada conforme a los más altos estándares en materia de derechos humanos; y a la OACNUDH, le pide estar pendiente de este proceso y se pronuncie sobre los avances y congruencia con el enfoque de derechos humanos.