Comité de DH de la ONU critica duramente al Estado mexicano

Los días 8 y 9 de marzo se llevó a cabo la sesión del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la que los expertos que conforman este órgano, cuestionaron al estado mexicano sobre la implementación del contenido del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU. La delegación del gobierno mexicano estuvo representada por funcionarios y funcionarias por una amplia delegación que contempló 15 dependencias.

Las principales preocupaciones expresadas por el Comité incluyeron: militarización, fuero militar, arraigo, delitos del pasado y desaparición de la FEMOSSP, tortura, condiciones carcelarias, jerarquía de los tratados internacionales, violencia contra la mujeres, marco normativo que regula el aborto, periodistas y defensores de derechos humanos, derechos de la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y situación de los derechos de los pueblos indígenas y la aplicación del artículo 33.

Tortura
El Comité expresó en reiteradas ocasiones, sin recibir una respuesta clara, su alarma por el uso de la tortura para obtener confesiones, el que el sistema penal dé valor probatorio a declaraciones obtenidas sin control judicial y que la tortura quede en la impunidad.

Feminicidios
El Comité fue insistente en preguntar cómo el estado mexicano dará cumplimiento a la sentencia de Campo Algodonero emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a lo que la respuesta sólo se concreto en decir que se están analizando los mecanismos de cumplimiento. Mientras tanto la FEVIMTRA reportó como avance 2 sentencias de 308 investigaciones realizadas.

Arraigo
El Comité recomendó al estado mexicano desaparecer la figura del arraigo. Consideró que esta es una forma de detención arbitraria y que viola las disposiciones del Pacto. Con las preguntas del Comité y las respuestas por parte del estado mexicano se evidenció la falta total de regulación de esta medida.

Militarización y fuero militar
El Comité deploró el saldo de violaciones a los derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.  Algunos de los expertos indicaron que se configura una suspensión de facto de los derechos humanos en algunas zonas del país.  Expresaron que el Estado no puede justificar de manera alguna proporcionar un trato diferencial a los elementos castrenses mediante la aplicación del fuero militar a casos de abusos.

Situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos
El Comité también expresó su profunda preocupación por la situación de los defensores y defensoras de derechos humanos y la criminalización de la protesta social.  En particular retomó el caso de las mujeres indígenas Alberta Alcántara y Teresa González de Querétaro, expresando su rechazo al que fueran sentenciadas a 21 años de prisión tras un proceso “sin intérpretes, sin debido proceso, y la prueba es una foto”.  Se pidió al Estado que revise este caso.  Igualmente retomó y pidió una explicación por el caso del también preso de conciencia Raúl Hernández en Guerrero.

Sobre este tema una de las expertas del Comité expresó que México tiene “un problema grave y que la palabra mágica programa no basta para solucionarlo”.

Armonización legislativa de la LGAMVLV
El Comité preguntó por la armonización legislativa de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los estados y mencionó como preocupación especial el caso de Guanajuato.

El Comité se consternó ante la información recibida acerca de la sobrepoblación en las cárceles mexicanas y en especial sobre la situación de las mujeres en las mismas.

FEMOSPP y Delitos del pasado
Por otra parte el Comité expresó un rechazo total del cierre de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) y la impunidad por los delitos graves de la guerra sucia.  Una experta observó con gran consternación que no se trata de delitos cometidos “hace 100 años” sino de crímenes de las décadas recientes y que se siguen dando casos de desapariciones hoy en día, por lo cual el Estado debe restablecer una fiscalía para los delitos del pasado.

Marco normativo que regula el aborto
Con respecto al cumplimiento de la obligación que tiene México para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en las 32 entidades del país, el Comité mostró su severa preocupación por la falta de aplicación de la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM-046), así como por las reformas constitucionales en 18 estados que, por proteger la vida desde la concepción, vulneran los derechos humanos de las mujeres. El Comité enfatizó la necesidad de que el Estado mexicano se comprometa a aplicar la NOM 046 en todos los estados, puesto que todos los estados tienen la causal de aborto por violación.

Es importante resaltar que el Estado Mexicano fue muy claro al señalar al Comité que se compromete a vigilar que ninguna reforma penal afecte en el futuro los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Violencia y discriminación contra las mujeres
El Comité de Derechos Humanos manifestó su preocupación por la persistente discriminación y violencia contra las mujeres en el país por lo que le señaló al estado mexicano que aún falta mucho por hacer para combatir esta problemática, como impulsar acciones que deriven en un cambio a fondo de la mentalidad misógina.

También llamó la atención sobre la falta de una legislación de género en extenso, la falta de información en el informe sobre la participación de las mujeres en la vida política, asimismo sobre la existencia de tradiciones que perpetúan la situación de marginación y discriminación de las mujeres indígenas.

Derechos de las personas LGBT
El Comité también resaltó su preocupación por la discriminación por orientación sexual y de género en los ámbitos en las escuelas y lugares de trabajo y las medidas efectivas para proteger los derechos de personas de la diversidad sexual.

Insto al cumplimiento de las sentencias de la COIDH: caso Campo Algodonero y caso Rosendo Radilla.
El Comité expresó gran preocupación por el cumplimiento de la sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso Rosendo Radilla. En diversas ocasiones, los miembros del Comité cuestionaron al Estado sobre la forma en que daría cumplimiento a esta sentencia. Se cuestionó de forma reiterada al gobierno sobre cuándo y cómo se llevaría a cabo la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar ordenada por la CoIDH, con el fin de impedir que la justicia militar conozca de casos de violaciones a los derechos humanos. A estos cuestionamientos, la delegación mexicana respondió de forma general que se cumplirían totalmente con las sentencias, sin especificar los mecanismos.

Libertad de expresión
El Comité señaló su preocupación por el ejercicio del derecho a la libertad de expresión en México. Particularmente, los miembros del Comité cuestionaron el hecho de que no se han despenalizado las figuras de difamación, calumnias e injurias en la totalidad de las entidades federativas. La mayor atención se centró en la violencia contra quienes ejercen el periodismo y la falta de protección personal.

En este sentido, el Comité reconoció la «grave distorsión» de la información sobre la gestión y atribuciones de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) dependiente de la Procuraduría General de la República. Finalmente, los miembros del Comité afirmaron que la sola aprobación por la Cámara de Diputados para incluir en el Código Penal Federal el delito contra la libertad de expresión de quienes ejercen la actividad periodística no otorga facultades a las autoridades federales para investigar y sancionar  estos crímenes.

Pueblos Indígenas
Los expertos que integran el Comité cuestionaron al estado mexicano sobre la falta del derecho a la consulta.