Como todos recordamos, el 12 de diciembre del año pasado el uso de la fuerza letal en contra de una manifestación estudiantil de normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, en Chilpancingo, Guerrero, dejó como saldo la muerte de dos estudiantes y un trabajador de gasolinera, así como múltiples denuncias de tortura, detenciones arbitrarias, y de uso indebido del sistema de justicia penal en contra de los manifestantes. No obstante, los gobiernos estatal y federal buscaron desvirtuar los hechos, atribuyendo responsabilidad de los mismos a los propios estudiantes.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió el día de ayer un informe preliminar, en el cual evidenció las fallas de las autoridades involucradas en los hechos. De acuerdo con este orgasnismo público, la Policía Federal, la Policía Investigadora Ministerial del estado y la Policía Preventiva Estatal fueron las causantes directas de la muerte de tres personas, de cuatro heridos por arma de fuego y de catorce estudiantes víctimas de tratos crueles. Esto significa que violaron el derecho a la vida, la seguridad e integridad personal, la libertad, el trato digno, la seguridad jurídica y la legalidad, por el uso indebido de armas de fuego en contra de una manifestación pública. Es de destacar que la CNDH concluyó, de manera contundente, “que el grupo de personas que se manifestaba públicamente no portaba arma de fuego alguna”.
Ante estos hechos, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan emitió un boletín de prensa en el que señala que este primer informe constituye un primer reconocimiento oficial de la verdad histórica de los hechos, por lo cual, insta a la CNDH a continuar sus investigaciones hasta la emisión de un informe final, en el que se recomienden garantías de no repetición de hechos. En este sentido, recalcó que estas investigaciones sientan un precedente novedoso y convincente que debe repercutir en la más amplia participación de las víctimas.
Finalmente, Tlachinollan demandó que, dada la gravedad de los hechos, es urgente el deslinde de las responsabilidades políticas, así como la atención a las causas estructurales que motivaron el conflicto. Además, señaló que, en coordinación con los normalistas de Ayotzinapa, continuará impulsando acciones para que estos hechos no queden en la impunidad.