Maximino García, dirigente de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco y beneficiario de las medidas provisionales Fernández Ortega y Otros, ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en abril de 2009, se encuentra bajo un proceso de criminalización por su labor de defensa de los derechos humanos.
El 27 de enero, en Ayutla de los Libres, Guerrero, se le dictó auto de formal prisión a Maximino. Como consecuencia de ello, el pasado 23 de febrero se llevó a cabo, en Chilpancingo, la audiencia de vista en la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, en la cual, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó alegatos y argumentaciones que muestran que el Juez desestimó las pruebas de manera arbitraria y sin sustento legal, por lo que el auto de formal prisión debe ser revocado de manera inmediata.
A pesar del uso faccioso del sistema de justicia penal, Maximino García no está solo. Además de ser acompañado por Tlachinollan, su caso ha generado solidaridad e indignación a nivel nacional e internacional, lo cual ha derivado en la constante emisión de cartas, comunicados y acciones urgentes.
Ejemplo de lo anterior es la carta que el 20 de febrero Amnistía Internacional envió al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, en la que destaca que la situación de Maximino parte de un patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, de ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales, que han sido documentadas anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensores y defensoras de derechos humanos en México. Esto, entonces, da pautas para pensar que su encarcelamiento es derivado de la labor de defensa de derechos humanos que realiza en su comunidad.
Además, el 22 de febrero, el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), condenó la detención arbitraria y el hostigamiento judicial en contra de Maximino García, e instó a las autoridades mexicanas a liberarlo inmediatamente.
El 23 de febrero, Front Line Defenders señaló en un comunicado que teme por la integridad física y psicológica de Maximino García Catarino; sobre todo, porque se ha dado a conocer que ha sido víctima de malos tratos. Asimismo, expresó su temor porque vaya a enfrentar un juicio injusto. Consideró que su arresto y detención tienen relación con su trabajo en derechos humanos y, en especial, por la defensa que ha realizado de los derechos de los pueblos indígenas Na Savi, en el suroeste de México. Este mismo día, el Centro Robert Kennedy denunció la detención arbitraria de Maximino y el uso desviado e ilegítimo de las instituciones de procuración de justicia para perseguir y criminalizar a las y los defensores.