El día de hoy, el Centro Prodh presenta este informe, que retoma los casos documentados y defendidos por el Centro Prodh de indígenas injústamente presos. Entre ellos se encuentran el de Hugo Sánchez Ramírez y el de los Defensores Comunitarios del Agua: José Ramón y Pascual.

Como se señaló en un reciente número del Sididh, hace un año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 1/2011, respecto a las denuncias presentadas por diversas organizaciones, así como vecinos y vecinas de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, en relación con el proyecto conocido como Supervía Poniente. Hasta ahora esta Recomendación no ha sido cumplida por el GDF.

El cierre del portal Megaupload por parte del FBI generó en muchos la duda más natural: ¿qué es megaupload? Pues se trata de una de las principales páginas de almacenamiento de archivos para su intercambio y, sin duda, una de las más populares. Megaupload era uno de los principales servicios de almacenamiento para una gran cantidad de materiales subidos en la red de manera libre.

La Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio hizo llegar al Centro Prodh y a varias organizaciones una petición que promueve el derecho a la salud, pero también a un medio ambiente sano; asimismo, favorece el comercio justo y la sustentabilidad de las y los campesinos mexicanos.

Es muy fácil decir que la Ciudad de México está en aras de crecimiento y vanguardia, pero ¿en realidad todo lo que se hace en nuestra ciudad es de vanguardia o para beneficio de todos? Estas son preguntas que pocas veces nos hacemos y reflexionamos. El caso más relevante de “aparente” vanguardia, es el de la Supervía Poniente, vialidad de cuota que pretende unir Santa Fé en Cuajimalpa, con Luis Cabrera en Magdalena Contreras, obra que defiende a capa y espada el Gobierno del Distrito Federal (GDF).

María Elena Barajas Mejía, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, ha sufrido hostigamientos en Morelia, Michoacán; sin embargo, la Procuraduría local no ha querido tomar cartas en el asunto. Ante esta situación, distintas organizaciones se han pronunciado y han emitido una acción urgente, en la que se exige que el Estado garantice la vida, la integridad y la seguridad de María Elena y su familia.