Como se señaló en un reciente número del Sididh, hace un año, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la Recomendación 1/2011, respecto a las denuncias presentadas por diversas organizaciones, así como vecinos y vecinas de las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, en relación con el proyecto conocido como Supervía Poniente. Hasta ahora esta Recomendación no ha sido cumplida por el Gobierno del Distrito Federal (GDF). El primer punto de dicha Recomendación plantea la necesidad de que el Jefe de Gobierno ordene la suspensión de la obra hasta que se lleve a cabo la consulta pública que debió hacerse por ley, misma que a la fecha no se ha cumplido.
El 2 de diciembre de 2011, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (TCADF) emitió una sentencia en relación con la demanda de nulidad interpuesta por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, con la participación de Greenpeace y Litiga Ole, en la que anula la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente a la manifestación de impacto ambiental presentada por le empresa Controladora Vía Rápida Poetas (OHL-COPRI), toda vez que la propia Secretaría reconoce no haber cumplido con la consulta pública a la que estaba obligada, por no considerarla necesaria. Esto significa que la obra se está llevando a cabo en la ilegalidad, lo cual confirma lo que la CDHDF ha sostenido.
Según un boletín de prensa emitido por la Comisión Civil de Acompañamiento, el no cumplimiento de la Recomendación 1/2011 implica que no ha cesado la violación a los derechos a un medio ambiente sano y al agua de los habitantes del Distrito Federal, toda vez que no hay una evaluación confiable de los daños al medio ambiente que puede ocasionar la Supervía. De acuerdo con diversos especialistas de la UNAM, la UAM, el Colegio de México, el Centro Mario Molina y otras instituciones de enseñanza superior y de investigación, este impacto podría ser grave. Por lo tanto, exhortó enfáticamente al Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard Casaubon a que suspenda la obra para evitar que continúe la violación a los derechos humanos y se siga poniendo en riesgo al medio ambiente en la Ciudad de México.
Ante el recurso de revisión de la sentencia del TCADF, pidieron que el GDF se abstenga de interferir con la autonomía de esta instancia, cuya función es dirimir controversias entre el gobierno de la ciudad y los ciudadanos. Asimismo, hicieron un llamado a los magistrados de la Sala Superior del TCADF para que en la revisión de la sentencia actúen con estricto apego al razonamiento jurídico y al interés público empleado por la Primera Sala, donde la sentencia fue aprobada por unanimidad.
Finalmente, manifestaron su apoyo al Frente Amplio contra la Supervía Poniente por la defensa que ha hecho de los derechos humanos y de la ley a favor de las y los habitantes del Distrito Federal, y reiteraron su convicción de que sólo el cumplimiento cabal de la ley, el respeto a las instituciones y a los derechos humanos, así como la participación ciudadana, permitirán que prevalezca la justicia y una convivencia armónica en nuestra Ciudad.