Los hechos del 10 de junio de 1971 son una afrenta presente y viva para la sociedad mexicana. Tanto en las administraciones del PRI como partido de Estado, como en los dos sexenios de gobiernos del PAN, ha existido una determinación de estado tendiente a deformar la historia y obstruir sistemáticamente el acceso a la justicia.

El día de ayer, más de 76 organizaciones de la sociedad civil demandaron en conferencia de prensa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que resuelva en breve y conforme a los derechos humanos, los asuntos relacionados con el fuero militar que están bajo su conocimiento.

En días recientes se han emitido comunicaciones oficiales de organismos como Amnistía Internacional, la Organización Mundial Contra la Tortura y la la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en ingles) para deplorar el hostigamiento a la familia de Israel Arzate

Somos hijos de las matanzas, de las represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de las crisis económicas, de la dominación ideológica y material de una forma de pensar y de una forma de vivir; de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y de las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción.

En medio de la efervescencia social que ha causado la reciente irrupción del estudiantado en la arena pública, particularmente –aunque no de manera exclusiva– el Movimiento #YoSoy132, resulta necesaria la reflexión y un ejercicio de memoria histórica sobre las movilizaciones estudiantiles, su presencia en la historia del país y su rol como partícipes en la incipiente construcción de la democracia en México.

El pasado 8 de junio integrantes del Frente Amplio contra la Supervia se dieron cita en el lugar donde el lunes 4 de junio muriera la señora Guadalupe Aurelia Rodríguez Cruz, víctima de la irresponsabilidad de ICA, OHL; esto, por la complicidad del GDF.