Parte II
Los hechos del 10 de junio de 1971 son una afrenta presente y viva para la sociedad mexicana. Tanto en las administraciones del PRI como partido de Estado, como en los dos sexenios de gobiernos del PAN, ha existido una determinación de Estado tendiente a deformar la historia y obstruir sistemáticamente el acceso a la justicia. El derecho fundamental a la verdad sigue siendo una deuda política e histórica del Estado mexicano con las víctimas.
El Halconazo es historia del tiempo presente. Existe una memoria viva que reclama su derecho a saber qué pasó. No hay hasta la fecha ni verdad, ni justicia, menos aún reparación; no se ha logrado en un ejercicio mínimo de restauración de la dignidad, al identificar a todas las víctimas de estos hechos.
Apenas comenzamos a conocer los pormenores del diseño de estrategias de Estado creadas para castigar a grupos sociales. Los aparatos represivos como la “Brigada Blanca”, “el Batallón Olimpia”, o “los Halcones” y sus secretos siguen siendo celosamente guardados por la clase política y son apenas conocidos, no por la acción del Estado, sino por la lucha de las víctimas, la participación de la academia y el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
Articular históricamente el pasado y el presente permite observar que las recientes movilizaciones de estudiantes, la emergencia del Movimiento #YoSoy132, su cruzada por la apertura, democratización de los medios y exigencia de objetividad mediática, tienen una continuidad histórica con las generaciones precedenes que también se han movilizado. Como afirma Walter Benjamin: “la tradición de los oprimidos nos enseña que “el Estado de excepción” en el que vivimos es la regla”. Los estudiantes del México del año 2012, al igual que los de 1971, no son partes seccionadas de una cadena de acontecimientos, sino actores de la misma calamidad y de una historia común.
Como factor político el estudiantado siempre ha tenido un signo político en sus movilizaciones. El 10 de junio del 71, al frente de la marcha, existía una manta que consignaba “por la unidad obrero-campesino-estudiantil”. La histórica politización y vocación libertaria de las y los estudiantes no es casual. En primer término, porque no están escindidos de la vida social y padecen las misma problemáticas que aquejan a la población. Además, su condición les facilita el acercamiento analítico a las causas de la desigualdad e injusticia prevalecientes, así como a una postura crítica hacía el poder político que las genera.
Hace 40 años se les señalaba como víctimas de los “filósofos de la sospecha” y de maquinaciones oscuras. Hoy día se les dice “ninis”. El Movimiento #YoSoy132 fue la respuesta a la virulencia de actores políticos que los tildaron de porros y acarreados. En los últimos días se ha acusado al movimiento de ser una minoría irreflexiva o instrumento de intereses políticos. Hoy, como hace 40 años, se descalifica a quienes cuestionan al poder al tiempo que el autoritarismo sigue siendo un componente del poder en México.
Por ello, aunque las movilizaciones estudiantiles se presentan en términos de coyunturas y demandas específicas, su capacidad de acción no es azarosa, ni contingente. Por el contrario, su emergencia y reivindicación de otras problemáticas y apoyo a otras luchas, obedece no sólo a su capacidad crítica, sino a que permanecen, en la historia, las condiciones de estructura que lesionan los derechos humanos y generan una situación de agravio y reclamos al Estado. Hoy, como hace 40 años, seguimos padeciendo un Estado de excepción y los estudiantes buscan comprometidamente su trasformación.
Por: Simón Hernández
Colaborador del área de Defensa del Centro Prodh