Los términos de la resolución del INAI significan un revés a la intención de la Guardia Nacional de mantener en la oscuridad información fundamental para que pueda ejercerse un verdadero control ciudadano sobre el uso de la fuerza que realizan sus elementos (…)

El 16 de septiembre Mary Lawlor, la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos, hizo pública una comunicación a nombre al menos cuatro Procedimientos Especiales de la ONU. La comunicación, que se presenta con carácter de urgente busca expresar al Gobierno de México la preocupación de los Procedimientos Especiales por los asesinatos de Javier Barajas, de Rosario Zavala y las amenazas contra Norma Barrón, Angélica Zamudio y de otras familias de personas desaparecidas en Guanajuato (…)

Desde que Inés decidió denunciar dejó claro que la justicia que ella demandaba iba más allá de apresar a los agresores, y que su violación era parte de una historia de violencias y agravios más larga contra su pueblo. La desmilitarización de la montaña y la creación de condiciones dignas para que las jóvenes de la región pudieran estudiar sin tener que atravesar la montaña y vivir con miedo, estuvieron en el centro de sus demandas (…)

Al mismo tiempo, no podemos dejar de mencionar que es necesario que el seguimiento que recibe el caso Ayotzinapa se replique para las otras decenas de miles de desapariciones que siguen asolando a México. Actualmente, persiste la opacidad en la que opera el sector castrense; las desapariciones siguen aumentando, sumando ya más de 20 000 en este sexenio; y sigue sin cumplirse a cabalidad con lo ordenado por la Ley General en materia de Desaparición, porque la FGR no desarrolla herramientas básicas indispensables como los bancos de datos forenses que sin duda contribuirían a facilitar la búsqueda (…)

La falta de investigación es una de las tres deficiencias que Amnistía Internacional identificó en las investigaciones penales de desapariciones y feminicidios a cargo de la FGJEM. Además, Amnistía Internacional constató que las personas servidoras públicas pierden evidencias relacionadas con los hechos (por ejemplo, porque las autoridades no inspeccionan correctamente el lugar de los hechos) y que no aplican correctamente la perspectiva de género. Todo ello obstaculiza el proceso judicial y aumenta las probabilidades de que los casos queden impunes (…)

Empresas recurren a prácticas de simulación con el objetivo de aparentar ante sus inversionistas y personas consumidoras que toman medidas de responsabilidad social (…)