Si se pretende verdaderamente cumplir con este pendiente, es urgente consolidar acciones de investigación sobre la desaparición, intensificar la búsqueda y determinar las responsabilidades penales de los perpetradores. También, adoptar medidas estructurales profundas para responder al cúmulo de desapariciones que sigue en aumento.
Se deben consolidar nuevas acusaciones contra perpetradores de la desaparición forzada, incluyendo a elementos de otras fuerzas de seguridad, así como contra personas privadas que participaron en los hechos pero que recobraron su libertad debido a las irregularidades cometidas en la investigación de la administración anterior. Además, es imperativo que se ejecuten todas las órdenes de aprehensión pendientes; especialmente, debe garantizarse que rinda cuentas ante tribunales mexicanos el extitular de la AIC. También se debe garantizar que el Ejército mexicano, hoy empoderado más que nunca, no siga administrando información sobre lo ocurrido y lograr que las autoridades estadounidenses compartan toda la información relacionada con el caso en aquel país.
Sin duda alguna, también es necesaria una mayor voluntad política para investigar a cabalidad a las altas autoridades del anterior gobierno que, en una decisión política que evidenció brutalmente la capacidad de injerencia de los gobernantes en las instituciones de justicia, decidieron cerrar el caso con una versión conclusiva carente de sustento científico para sofocar la indignación social generada. Estas altas autoridades, por cierto, no terminan de ser indagadas ni en este caso ni en otros que les involucran, como Pegasus u Odebrecht.
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