Con este contexto, la agenda de empresas y derechos humanos es más visible a nivel internacional, regional y nacional; pero las medidas que se han tomado no han sido suficientes. La pandemia evidencia las asimetrías de poder y la debilidad de los marcos regulatorios existentes: el número de personas que viven en pobreza extrema aumentará en 150 millones en 2021 según el Banco Mundial, pero al mismo tiempo algunas élites se han visto beneficiadas de manera desproporcionada.1
Por esto es importante revisar las acciones y narrativas alrededor del lavado de responsabilidad corporativa. Esto es, develar cómo las empresas recurren a prácticas de simulación solamente con el objetivo de aparentar ante sus inversionistas y personas consumidoras que toman medidas de responsabilidad social, y con esto enfrentarnos al fenómeno conocido con los anglicismos de blue, green, pink y rainbow washing.
Este contexto exhibe que las medidas voluntarias no son suficientes. A 10 años del lanzamiento de los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas, afirmamos que el mecanismo contiene claros compromisos consecuentes con principios internacionales , y que han dado un impulso importante para avanzar esta agenda. Sin embargo, su implementación ha sido muy limitada. Por eso es fundamental comenzar a transicionar de medidas voluntarias a los mecanismos obligatorios que garanticen que las empresas respetarán los derechos humanos y el medio ambiente.
Uno de estos mecanismos es la adopción y la ratificación por los Estados del Instrumento internacional jurídicamente vinculante que regule a las empresas transnacionales y otras empresas (“Tratado Vinculante”)9. El instrumento internacional de la ONU en materia de derechos humanos ha estado en negociaciones durante más de seis años, con un fuerte movimiento internacional de sociedad civil respaldando el proceso y presionando para que haya avances.
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