*Exigen cancelar Acueducto Independencia por múltiples violaciones a derechos humanos
Por Olivia Vázquez Herrera
México, D.F.- A un año de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara expresamente al Estado mexicano consultar a la Tribu Yaqui en relación a la construcción del Acueducto Independencia en Sonora, la obra no ha sido detenida. El proyecto pretende trasvasar alrededor de 60 millones de metros cúbicos de agua de la Cuenca del Río Yaqui a la Cuenca del Río Sonora.
Ante el incumplimiento de la sentencia por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) —pertenecientes a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)—, organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, realizaron una Misión Civil de Observación en meses pasados para documentar las irregularidades de la consulta así como las violaciones a los derechos humanos que derivan del megaproyecto.
En este sentido, el día de ayer se presentó un informe preliminar de la Misión donde se revela que existen múltiples violaciones a los principios del derecho a la consulta de los pueblos indígenas: “No es de buena fe, no es informada ni culturalmente adecuada (…) La información es incompleta, imprecisa y poco accesible (…) Además, no es libre, pues existe presión política, coerción y violencia”, señaló Areli Sandoval, integrante de DECA Equipo Pueblo, organización que forma parte de la Misión de Observación.
Asimismo, precisó que existen múltiples violaciones a los derechos colectivos del pueblo Yaqui y que suponen un daño irreparable a la comunidad: “El derecho a la tierra y al territorio, a la posesión y uso de sus recursos naturales (incluida el agua), a definir su propio desarrollo así como sus derechos culturales”, sin embargo, la Profepa no ha cancelado la obra, pese a que hay varias denuncias: “De continuar estas violaciones, la consulta será un mero trámite sin ninguna eficacia para la protección de los derechos de la Tribu Yaqui”, alertó Sandoval.
De igual forma, un representante del Centro Mexicano de Derecho Ambiental mencionó que la SCJN dejó abierta la opción a la Semarnat de evaluar los daños que conllevaría la construcción del acueducto, no obstante, las autoridades no llevaron a cabo estudio alguno que ayudara a precisar el volumen de agua que se le quitaría al Río Yaqui. Entonces, “como no se puede medir, el daño es irreparable”, y por eso se debe cancelar la obra, puntualizó.
Respecto al proceso de consulta, Javier Bautista de Programa de Interculturalidad y Asuntos Indígenas (PIAI) de la Universidad Iberoamericana declaró que la Tribu Yaqui tiene una estructura ancestral para tomar decisiones como pueblo, por lo que “ellos están llevando la consulta como cualquier otra decisión que se toma de forma comunitaria” y que, además, las y los habitantes han tenido pleno acceso al informe preliminar de la Misión de Observación, pues están conscientes de los vacíos informativos por parte del Estado respecto al acueducto.
Es por ello que la Misión Civil de Observación emitió las siguientes recomendaciones al Estado mexicano, esperando sean tomadas en cuenta para las fases siguientes de la consulta, es decir, la deliberativa y resolutiva: Suspender de inmediatamente la operación del Acueducto Independencia, garantizar el ejercicio de una consulta libre y generar las condiciones para que ésta sea de buena fe. De igual forma solicitaron respetar la decisión final que tome la Tribu Yaqui después de la consulta.
Finalmente, invitaron al foro de análisis: A un año de la sentencia de la Tribu Yaqui, el cuál se llevará a cabo el día de hoy a las 10 de la mañana en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
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