Por Olivia Vázquez Herrera
México DF.- Organizaciones de la sociedad civil encabezadas por Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron ayer la misión de observación que documentará la consulta que se aplicará en próximos meses a la Tribu Yaqui, para conocer “si la operación del Acueducto Independencia afecta los derechos fundamentales de los habitantes”, mencionó Alberto Solís, de Serapaz.
Rodrigo Gutiérrez, representante del grupo redactor de la guía metodológica para la misión de observación mencionó que ésta constará de visitas a las comunidades así como de la aplicación de un instrumento de evaluación que contendrá preguntas enfocadas a los que, se supone, deberían ser los cuatro ejes rectores de la consulta: libre, previa, informada y culturalmente aceptada.
Agregó además que el carácter previo de la consulta ya fue violado pues actualmente se encuentra operando el acueducto. De igual forma, la consulta no fue informada pues a las y los habitantes de la tribu yaqui se les entregó un disco compacto con el supuesto “manifiesto de impacto”, sin embargo éste se encontraba en castellano y contenía información técnica en castellano, aun sabiendo que en la región se hablan más de siete u ocho idiomas y que es difícil el acceso a un equipo de cómputo.
“Está claro que la consulta tiene un riesgo de convertirse en un trámite meramente burocrático (…) para legitimar el saqueo del agua”, si se respeta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y se realiza de buena fe y con el objetivo de llegar a un acuerdo con las y los habitantes de la región yaqui, “podría ser el primer procedimiento ejemplar de consulta de acuerdo a los estándares”, enfatizó Gutiérrez.
“Se nos pretende seguir despojando”
Mario Luna Romero, secretario tradicional de la Tribu Yaqui externó la preocupación que tienen las y los habitantes de la región respecto a la obra, ya que “a pesar de que ellos cuentan con la legitimidad del uso de los recursos naturales (…) se nos está quitando el agua (…) se nos pretende seguir despojando”.
Agregó además que del agua depende que la tribu tenga una “mejor esperanza de vida”, pero que de seguir las evidentes violaciones estarían obligados a desplazarse de la región, o peor aún “si nos quitan el agua, nos están condenando a morir como pueblo”.
Actualmente, habitantes de la región mantienen movilizaciones en la Carretera Internacional 15 de Sonora, pues exigen que las autoridades hagan caso de sus demandas, entre las que destaca la entrega de un manifiesto de impacto real que contenga información real sobre el acueducto así como de las afectaciones que causará éste a los habitantes, pues se está extrayendo agua del Río Yaqui que sirve para consumo humano y para la siembra.
Luna Romero concluyó su participación diciendo que creen en el estado de derecho y que en la Tribu Yaqui “ya no queremos ser considerados como ciudadanos de tercera o quinta (…) Queremos ser considerados como mexicanos, creemos que nuestros hijos lo merecen”.
Respecto a los daños provocados por la operación del Acueducto Independencia, un grupo de académicos de la UNAM, coordinados por la doctora Mina Navarro, dieron a conocer que dentro de los impactos socioculturales destacan la afectación a la relación dialéctica que mantienen la tribu y su cultura con la tierra y el territorio. Además, se ha visto fragmentado el tejido social, ante el beneficio de unos cuantos pero no de todos los habitantes.
En cuanto al impacto ambiental el daño sería irreparable, ya la operación del acueducto implica la disminución del río Yaqui, afectación que repercutiría a nivel económico-productivo también, pues el río es la principal fuente de agua para la agricultura.
Representantes yaquis reiteraron su demanda al gobierno de Sonora para frenar el embalse del Acueducto Independencia en detrimento de su río, situación que ya propició importantes afectaciones ecológicas, ambientales y económicas-productivas.