*Analizan seguir con el bloqueo en la carretera México-Nogales
México DF.- A tan sólo dos días de que la tribu Yaqui firmara un convenio con la Federación para buscar una solución al conflicto del Acueducto Independencia en Sonora, ahora es el Gobierno Federal -a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)- quien rompe el acuerdo político suscrito al incumplir con las condiciones pactadas para el reparto de agua.
Tras casi cuatro años de lucha de la tribu Yaqui contra lo que se considera una obra de infraestructura hidráulica que atenta contra la conservación de su etnia, el Gobierno Federal aceptó el pasado 21 de enero firmar un convenio para analizar e indemnizar el daño provocado. No obstante, dos días después se firmó otro convenio entre la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo, el cual se contrapone con el primero.
Al respecto, Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional del pueblo de Vícam, señaló que, “la tribu Yaqui califica de una simulación el Convenio firmado el 21 de enero por el Gobierno Federal, pues en los hechos no se han respetado los derechos adquiridos que la Tribu tiene sobre el río Yaqui desde 1940?.
De igual forma, -dijo mediante un comunicado- “cuando firmamos el convenio con la Federación dejamos muy claro que estábamos dando un voto de confianza al Gobierno mexicano, después de haber sido traicionados por el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y que el retiro del bloqueo estaba condicionado a que el gobierno cumpliera su palabra. Dado que no la ha cumplido, tendremos que analizar también las acciones a tomar con relación al bloqueo a la carretera México-Nogales”, anunció.
Finalmente, Mario Luna externó su preocupación de que ahora sea el gobierno federal quien rompe el pacto político con la Tribu Yaqui, pues esto agota los canales institucionales de comunicación que se habían mantenido hasta el momento.
Los convenios y las contradicciones
En primer término, en el convenio del 21 de enero se había establecido que la extracción de agua sería para consumo humano de la ciudad de Hermosillo y obedeciendo “únicamente a necesidades reales y de emergencia de la ciudad”. Sin embargo, el convenio del 23 de enero suscrito entre la Conagua, el gobierno de Sonora y el ayuntamiento de Hermosillo amplía el concepto al referirse no sólo a la ciudad de Hermosillo sino al municipio de Hermosillo, lo cual aumenta discrecionalmente el alcance del acuerdo original.
En segundo término, el Convenio del 21 de enero establece que la extracción de agua que se autorice para consumo humano de la ciudad de Hermosillo estará sujeta a “criterios técnicos y legales”. A pesar de ello, en el Convenio del 23 de enero acuerdan que “el volumen mínimo garantizado a el municipio de acuerdo a sus necesidades y en virtud de no existir otras fuentes de abastecimiento será de 30 millones de metros cúbicos anuales”.
Esto en ningún sentido se apega al acuerdo político de que la extracción sería únicamente en caso de emergencia, además de que no se ha entregado a la tribu Yaqui ningún estudio técnico que acredite por qué se determinó dicha cantidad.
Cabe enfatizar, que uno de los temas medulares que dio origen al conflicto por el agua es que no se ha permitido conocer a la tribu las cantidades que están siendo extraídas para desviar a la ciudad de Hermosillo a través del Acueducto, por lo que la autoridad no puede fijar montos de extracción de forma discrecional como pretende hacerlo en el convenio del 23 de enero.
La tribu Yaqui exige que esta información se transparente de forma que se pueda contar con datos fidedignos para ser analizados durante el proceso de consulta que se llevará a cabo.
En tercer término, en el convenio del 21 de enero se estableció que se determinaría “la forma de supervisión y participación de los distritos de riego e integrantes designados por la Tribu Yaqui para el cumplimiento correcto de la cuenca del Río Yaqui”. Sin embargo, sin haber incluido a la Tribu en el proceso, el convenio del 23 los relega a un papel de “terceros interesados” y limita su participación condicionándolos a acreditar el daño que genera la extracción del para poder participar en la verificación en el lugar de la extracción y a hacerlo a través de un “comité hidráulico”, con 15 días de anticipación y avisando previamente a la Conagua, lo que implica una restricción a los derechos de la Tribu Yaqui de supervisar la utilización adecuada de la cuenca del Río Yaqui.
Asimismo, el convenio del 21 establecía que el gobierno se comprometía a buscar y analizar alternativas hídricas sustentables que no generaran conflictos, sin embargo, en el convenio del 23 señalan que no existen otras fuentes de abastecimiento, con lo que además de boicotear el acuerdo firmado en Gobernación, quedan claras la posturas del gobierno de no buscar alternativas ni opciones viables y factibles para resolver el problema que aqueja a la Tribu Yaqui.