El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S. J. (Idhie) de la Universidad Iberoamericana Puebla, publicó su informe Vidas en contención: privación de la libertad y violaciones a derechos humanos en estaciones migratorias de Puebla y Tlaxcala 2020-2021, que describe cómo el viacrucis migrante se actualiza en el centro del país, en particular en Puebla y Tlaxcala, dos importantes estados de paso de las diversas rutas existentes hacia el norte (…)

Sería erróneo señalar que sólo en el gobierno federal -a través del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas-, recaé la obligación de protegerlos y garantizar su vida y sus actividades; los gobiernos estatales y municipales, constitucional y convencionalmente, comparten junto con el Ejecutivo federal el mismo nivel de responsabilidad (…)

Las trayectorias de Tutu y Garretón se entreveran con los dolores más severos de la humanidad -el racismo, las desapariciones-, pero también con las respuestas más luminosas que han surgido ante esos agravios: la reivindicación de la dignidad humana mediante acciones concretas de defensa de derechos humanos (…)

Es cierto que en México está en curso la construcción de un mecanismo extraordinario de identificación forense, que contempla la posibilidad de contratación de empresas privadas para la consecución de sus objetivos; y es bien sabido, también, que la identificación forense tiene un alto costo económico; pero lo que no podíamos imaginar era que hubiese personas, ex funcionarios y empresarios, para quienes la identificación forense pudiera representar un negocio de ganancias millonarias, conseguidas al costo de desplazar por completo del centro de interés a las víctimas y los procesos de verdad, justicia y reparación (…)

La deriva decepcionante de la procuración de justicia y el creciente protagonismo castrense no son una invención. A mitad de sexenio, conviene reconocer que esto es así para seguir exigiendo cambios de fondo en la justicia y para señalar los peligros latentes en propuestas ya anunciadas, como la intención de reformar la Constitución de nuevo para entregar a la Sedena por completo la Guardia Nacional (…)

El Estado mexicano informó que no creará el observatorio externo sobre la Guardia Nacional y la policía del Estado de México ordenado por la Corte IDH en la sentencia del caso Atenco, por considerar que los órganos internos de control interno cumplen ya con ese propósito. Esto es inexacto, pues el observatorio ordenado por la Corte IDH busca un monitoreo externo de la participación ciudadana (…)