Es cierto que en México está en curso la construcción de un mecanismo extraordinario de identificación forense, que contempla la posibilidad de contratación de empresas privadas para la consecución de sus objetivos; y es bien sabido, también, que la identificación forense tiene un alto costo económico; pero lo que no podíamos imaginar era que hubiese personas, ex funcionarios y empresarios, para quienes la identificación forense pudiera representar un negocio de ganancias millonarias, conseguidas al costo de desplazar por completo del centro de interés a las víctimas y los procesos de verdad, justicia y reparación.
El estándar de la actuación de la Comisión Nacional de Búsqueda y de todos los mecanismos y estrategias para la resolución de la crisis de desaparición en México debe ser: investigación, verdad, justicia y reparación. Por ello no se puede exigir menos que una investigación a fondo sobre los involucrados en esta trama organizada para lucrar con la investigación forense sin escrúpulos ni respeto por la dignidad e ilusiones de las víctimas. Se deben establecer con rigurosidad las medidas que cuiden el debido proceso para el cumplimiento de los objetivos del mecanismo extraordinario de identificación forense del país, poniendo auténticamente en el centro a las víctimas; de lo contrario, la obstrucción de la justicia y la corrupción seguirán profundizando la crisis de desaparición en el país y propinando un duro revés a la expectativa de la sociedad de acceder a procesos de verdad y justicia, que –no hay que olvidar– fue una de las motivaciones más importantes que trajeron al poder al actual gobierno.