La crispación que prevalece entre el Ejecutivo federal, partidos políticos de oposición, grupos empresariales y poderes fácticos ha funcionado como cortina de humo para matizar y/o invisibilizar la situación de riesgo que enfrentan cotidianamente los defensores de derechos humanos y periodistas.
Sería erróneo señalar que sólo en el gobierno federal -a través del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas-, recaé la obligación de protegerlos y garantizar su vida y sus actividades; los gobiernos estatales y municipales, constitucional y convencionalmente, comparten junto con el Ejecutivo federal el mismo nivel de responsabilidad.
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