La permanencia de la impunidad es uno de los renglones en que el sexenio ha quedado a deber, pese a que se gastaron cuantiosos recursos en una consulta ciudadana que no ha derivado en ninguna acción concreta adicional. Y aunque se prometió sanear la justicia, los esquemas del pasado no han sido revertidos, siendo las fiscalías el principal obstáculo.
No hay duda: estamos ante un proceso de profundización de la militarización que despierta fundadas preocupaciones. No se advierte que ninguna institución civil pueda ser contrapeso de las Fuerzas Armadas más allá del actual presidente, lo que a todas luces es insuficiente dado el calado y la permanencia de los cambios legales que se han impulsado, como documentamos en nuestro informe Poder militar. Desde esta perspectiva, cabe preguntar si, después de este sexenio, alguna instancia civil externa tendrá la fuerza necesaria para investigar los casos de violaciones a derechos humanos o de corrupción en los que pueden incurrir los elementos castrenses.