Tlatlaya
Año de los hechos
2014
Entre 12 y 15 personas
privadas de la vida arbitrariamente
En la madrugada del día lunes 30 de junio de 2014, en la localidad de Tlatlaya perteneciente al municipio de San Pedro Limón en el Estado de México, ocurrió un enfrentamiento entre elementos del Ejército mexicano y civiles que se encontraban al interior de una bodega. Lo que hoy sabemos de los hechos conforme a los testimonios de las únicas tres mujeres sobrevivientes y particularmente por las declaraciones que consistentemente ha realizado Clara Gómez, así como de los hallazgos contenidos en la recomendación 51/2014 emitida por la CNDH, es que los soldados privaron arbitrariamente de la vida a entre 12 y 15 personas, a quienes ya tenían sometidas y que se encontraban desarmadas.
Como es sabido, la versión oficial del caso daba cuenta de las muertes generadas casi en su totalidad a causa de un enfrentamiento entre un grupo de “delincuentes” y militares. La Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) , el Gobierno del Estado de México , la Procuraduría General de la República (PGR) e incluso la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) , generaron una versión aparentemente indiscutible que fue evidenciada en su falsedad por la verdad expuesta a la luz pública por Associated Press y la revista Esquire , esta última haciendo eco de la voz de Clara Gómez.
Al cumplirse un año de los hechos, Clara Gómez y el Centro Prodh presentaron el informe “Tlatlaya a un año: la orden fue abatir” , en el que se da cuenta de la existencia de una orden escrita de operación en la que se instruye a los militares “abatir delincuentes en horas de oscuridad”; por dicha orden instancias internacionales como el Relator Especial de la ONU sobre Ejecuciones y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instaron al Estado mexicano investigar exhaustivamente dicho documento.
A dos años de masacre de Tlatlaya, la falta de efectividad de la Procuraduría General de la República (PGR) y del Poder Judicial de la Federación frente a un Ejército renuente a la rendición de cuentas, llevó a la consolidación de la impunidad: al día de hoy, ningún responsable de las Ejecuciones Arbitrarias que tuvieron lugar en Tlatlaya, se encuentra procesado y no se están realizando todas las diligencias necesarias para fincar responsabilidades a todos los niveles.
Cabe recordar que el 14 de octubre de 2015, el Juzgado Sexto Militar dictó sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete elementos que participaron en los hechos, mientras que el séptimo de los acusados fue condenado a un año de prisión por el delito de desobediencia, pena que ya había compurgado. Sentencia confirmada por el Tribunal Superior Militar, el 10 de junio de 2016.
Por cuanto al proceso penal en el fuero civil, el 13 de mayo de 2016, el Magistrado del Sexto Tribunal Unitario en el Estado de México decretó la libertad de los últimos tres soldados que enfrentaban un proceso penal en el fuero civil por los delitos de homicidio con la calificativa de ventaja y encubrimiento; ordenando a la Procuraduría General de la República, perfeccionar su acusación.
Actualmente, la PGR se encuentra integrando una investigación a fin de esclarecer a cabalidad estos hechos.
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Construido a partir de la información a la que ha accedido el Centro Prodh al ejercer la representación legal de una de las testigos sobrevivientes de la masacre –víctima ella misma de violaciones a sus derechos– identificada en los medios como Julia, el presente recuento se compone de los siguientes apartados: Justicia incompleta y ausencia de verdad, donde referimos las razones que impiden tener el caso por resuelto; Necesidad de investigar la responsabilidad institucional del Ejército, donde con pruebas documentales hacemos referencia a la existencia en el caso Tlatlaya de órdenes castrenses que incentivaron graves violaciones a derechos humanos; Indebida extensión del fuero militar, donde señalamos cómo Tlatlaya evidencia los alcances y límites de la reciente reforma al fuero militar; Revictimización, donde aludimos a la ausencia de un trato digno para las víctimas del caso; y, finalmente, un apartado de Recomendaciones en el que proponemos una ruta para revertir la falta de justicia, verdad y reparaciones, con miras a generar verdaderas garantías de no repetición.
La magnitud de la crisis de derechos humanos en México, abarca varios casos de graves violaciones a derechos humanos en nuestro país; entre ellos, la muerte de 22 civiles a manos de elementos militares en Tlatlaya, Estado de México –la mayoría, comprobadas como ejecuciones extrajudiciales–, da cuenta de prácticas denunciadas desde hace años en relación al modo de actuar de las Fuerzas Armadas, las cuales desempeñan funciones policiales en México.
Finalmente, recordamos que el presente informe no se debe entender como una mera denuncia, sino como un aporte en el marco de una serie de recomendaciones concretas que impulsamos actualmente, en conjunto con otras organizaciones de la sociedad civil, que buscan transformar la realidad descrita en estas páginas.
En los últimos años, la crisis de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que vivimos en México se ha caracterizado por un escenario donde las bandas de la delincuencia organizada se disputan los territorios para sus actividades ilícitas. En el relato que se maneja desde la narrativa oficial, hay una “guerra contra el narcotráfico” en la que se oponen, en bandos opuestos y perfectamente distinguibles, el Estado y los grupos criminales.
Este ejemplar incluye el artículo Tlatlaya: la develación de la verdad.