Familia Guzmán Cruz

Entre los años de 1974 y 1976 cinco miembros de la familia Guzmán Cruz (el padre y cuatro hijos), originarios del comunidad indígena p´urhépecha de Tarejero, municipio de Zacapu, Michoacán, fueron detenidos y desaparecidos por miembros de la Brigada Blanca, órgano político perteneciente a la extinta Dirección Federal de Seguridad. Amafer Guzmán Cruz fue detenido en la ciudad de Morelia, Michoacán; Armando Guzmán Cruz en Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; José de Jesús Guzmán Jiménez (el padre) y Solón Adenauer Guzmán Cruz (17 años) fueron detenidos en Tarejero y Venustiano Guzmán Cruz (17 años) en Acapulco, Guerrero. Hasta la fecha no se sabe el paradero de ninguno de ellos.

En 2001, en su informe sobre el programa de presuntos desaparecidos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó la existencia de elementos que sustentan la calidad de detenidos-desaparecidos de los cinco miembros de la familia Guzmán Cruz.

Posteriormente, en mayo de 2002, se presentó una denuncia para exigir el esclarecimiento de los hechos ante la Femosopp, fiscalía especial creada en 2001 para investigar delitos del pasado. En 2006 la fiscalía desapareció sin dejar, tras 4 años de investigaciones, resultados concretos; y la Coordinación General de Investigaciones de la PGR, órgano que se hizo cargo de las investigaciones iniciadas, ha permanecido inactiva.

Ante la indiferencia de las autoridades nacionales, en octubre de 2006, los familiares enviaron una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que admitiera el caso. Cinco años después, en 2011, la CIDH trasladó la petición inicial al Estado mexicano, el cual tras solicitar prórrogas la contestó de forma vaga e incompleta en agosto de 2012.

La Comisión decidió declarar el caso admisible el 12 de julio de 2013, y la primera audiencia tendrá lugar este 7 de julio de 2017.
Durante el proceso ante la CIDH, integrantes de la familia Guzmán Cruz han sido hostigados en varias oportunidades, con mayor intensidad desde noviembre de 2012. En particular, en julio de 2008, noviembre de 2012 y abril de 2015, personas desconocidas habrían ingresado a viviendas de miembros de la familia en actos simulados como robos, sustrayendo información relacionada con la búsqueda de verdad y justicia sobre lo sucedido a sus familiares.

A 43 años de las desapariciones forzadas de los miembros de la familia Guzmán Cruz y de la primera denuncia de estos crímenes; y a 15 años de la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Especial creada para investigar los delitos de la Guerra Sucia, las instancias competentes no han esclarecido ni el paradero de las víctimas ni los hechos y responsabilidades correspondientes.