Año de los hechos

2014

jóvenes desaparecidos

personas ejecutadas

personas lesionadas

La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de nuestro país.

Las graves violaciones a derechos humanos se desencadenaron cuando un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado, con la finalidad de “tomar” autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre, que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades, el 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria: Policías Municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera, auxiliados por otras corporaciones y por civiles, los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses -tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica-. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche, continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general, ya no sólo por parte de agentes estatales sino también por civiles que, como después se demostró, eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero, denominada Guerreros Unidos.

El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal: 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos; 6 personas ejecutadas, entre ellas 3 normalistas, incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura; al menos 40 personas fueron lesionadas, contando a dos estudiantes que resultaron con afectaciones graves y permanentes a su salud. En total, más de 180 personas fueron víctimas directas de violaciones a derechos humanos esa noche y alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas, considerando a los familiares de los agraviados.

A pesar del proceso de búsqueda de verdad y justicia que iniciaron las y los familiares de los desaparecidos y de las víctimas de ejecución, la obstrucción de la investigación por parte de las Autoridades ha impedido que la verdad de los hechos ocurridos a los normalistas de Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014 sea conocido por las familias y por toda la sociedad; y por ende, tampoco se ha investigado, procesado y sancionado a todos los responsables de dichos sucesos.

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El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de acuerdo con el Estado de México y los representantes de las víctimas del caso, a acompañar en la investigación de los crímenes y sus responsables, la búsqueda de los desaparecidos, y la atención a las víctimas y familiares.

Este informe es una contribución en la lucha contra la impunidad. El GIEI ha leído y analizado en profundidad las investigaciones llevadas a cabo por la PGJ y PGR, y ha utilizado como una parte fundamental de su estudio documentos, declaraciones y pruebas que ya constaban en el propio expediente. También ha realizado su propia investigación sobre los aspectos considerados clave en la misma, y contado con peritajes de expertos independientes de reconocida trayectoria internacional en varias de las áreas señaladas.

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El Informe Ayotzinapa II, Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas; da cuenta del trabajo realizado por el Grupo de Interdisciplinario de Expertos Independientes, nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Tras el acuerdo logrado en Washington para la extensión del mandato del GIEI por un segundo período, el GIEI ha seguido desarrollando su trabajo en esas áreas durante los pasados seis meses. Este segundo informe da continuidad al trabajo, con nuevos hallazgos y propuestas.

El GIEI ha señalado en distintas ocasiones que nace de una herida producida en los familiares con la desaparición de sus hijos y en el Estado mexicano, y la sociedad mexicana, frente a los hechos atroces. El trabajo del GIEI constituye un mecanismo novedoso de apoyo internacional para enfrentar estos graves hechos y sus consecuencias.

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DeFonDHo es una revista trimestral de difusión de la cultura de derechos humanos editada por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. En este ejemplar contó con varios artículos dedicados a los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Brugos desaparecidos el 26 de septiembre de 2014.

Recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas, cruciales para romper el ciclo de impunidad. 43 familias, un mismo dolor. Las familias de los 43 estudiantes desaparecidos demandan verdad, justicia y reparación. Cuatro décadas de desaparición forzada, impunidad y complicidades son los artículos incluídos en esta edición; y el foto-reportaje Indignación global por Ayotzinapa.

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En los últimos años, la crisis de violencia y graves violaciones a los derechos humanos que vivimos en México se ha caracterizado por un escenario donde las bandas de la delincuencia organizada se disputan los territorios para sus actividades ilícitas. En el relato que se maneja desde la narrativa oficial, hay una “guerra contra el narcotráfico” en la que se oponen, en bandos opuestos y perfectamente distinguibles, el Estado y los grupos criminales.

Este ejemplar incluye el artículo Grupo de Expertos para el caso Ayotzinapa: una oportunidad inédita

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En medio del dolor, madres, padres, hermanas, tíos, hijas y abuelos de los normalistas han emprendido una diversidad de iniciativas para mantener viva la búsqueda de los jóvenes y la exigencia de justicia. Una de ellas fue la conformación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que trabajó más de un año en nuestro país. Si bien el bloqueo al trabajo delGIEI no permitió que este mecanismo tuviera un desenlace de justicia, verdad y cambio estructural, lo cierto es que los aportes que ha dejado este ejercicio inédito de supervisión internacional han sido de gran relevancia no sólo para hacer que la verdad del caso no fuese enterrada: también marcaron con claridad una ruta que nos puede permitir dar los primeros pasos para salir de la grave crisis que llevó a que sucedieran los eventos del 26 y 27 de septiembre de 2014, y posteriormente tantos más.

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