Mujeres de Atenco

Los días 3 y 4 de mayo de 2006, 2 mil 515 agentes de seguridad municipales, estatales y federales implementaron un operativo policiaco en los poblados de Texcoco y San Salvador Atenco, Estado de México. Aproximadamente 700 elementos de la Policía Federal Preventiva y 1,815 policías municipales y estatales, agredieron a sus pobladores con lujo de violencia. Atenco era conocido por la resistencia de su población, misma que impidió la construcción del aeropuerto proyectado por el gobierno de Vicente Fox en sus tierras. Más de 200 personas fueron detenidas arbitrariamente, muchas de las ellas no participaban en la protesta; el saldo del operativo fue de dos adolescentes asesinados y 47 mujeres que en su mayoría sufrieron tortura sexual a manos de los policías en el interior de los vehículos utilizados para trasladar a los detenidos a un centro de reclusión

Los agentes aprovecharon la situación de incomunicación y vulnerabilidad de las detenidas bajo su custodia para cometer agresiones de naturaleza sexual, golpes y abuso físico, así como amenazas de muerte y de hacer daño a sus familias; 26 de las mujeres reportaron estas agresiones al ingresar al Centro de Prevención y Readaptación Social (CERESO) “Santiaguito” de Almoloya de Juárez, sin que fueran atendidas debidamente. Los hechos fueron denunciados y la tortura fue documentada por expertos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI).

Inicialmente sólo 21 policías estatales fueron consignados por abuso de autoridad, un delito menor (no grave) que se comete contra la administración pública, pero todos fueron absueltos. Un policía estatal más fue condenado por el delito no grave de actos libidinosos en perjuicio de una de las víctimas de agresión sexual; no obstante, con posterioridad también fue absuelto.

Ante la falta de acceso a la justicia en instancias nacionales, 11 mujeres decidieron llevar el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Centro Prodh y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han representado a las 11 denunciantes, las mujeres de Atenco en resistencia: Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Patricias Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

En su informe de fondo, la CIDH recomendó al Estado mexicano una investigación penal efectiva, con debida diligencia, dentro de un plazo razonable, que buscara esclarecer los hechos en forma integral y que identificara y sancionara los distintos grados de responsabilidad, desde la autoría material de distintos cuerpos de seguridad hasta posibles autorías intelectuales y otras formas de responsabilidad, como encubrimiento y omisiones. También pidió disponer las medidas correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que contribuyeron a la denegación de justicia en este caso y aquellas necesarias para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos como las cometidas en este caso, además de pedir la reparación integral a favor de las víctimas.

El 17 de septiembre de 2016, la CIDH envió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos al detectar la falta de avance sustancia e integral en el cumplimiento de las recomendaciones.

A una década de los hechos apenas hay 36 funcionarios públicos estatales bajo investigación, no hay ninguna sentencia condenatoria firme y ningún funcionario federal o de alto nivel ha sido llamado a rendir cuentas, a pesar de las investigaciones de la SCJN, de las recomendaciones de la CNDH y de organismos internacionales, como la CIDH y el Comité para la erradicación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW).

El caso de las mujeres de Atenco demuestra la falta de disposición del Estado Mexicano para cumplir a cabalidad sus obligaciones internacionales, en particular en lo concerniente al derecho a no ser sometido a tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes y al derecho a la no discriminación de género.

La impunidad que prevalece en este caso afecta profundamente a las mujeres que sobrevivieron la tortura sexual, pero también afecta al resto de las mujeres que viven en México y a la sociedad en su conjunto, puesto que el Estado ha lanzado el mensaje de que en México es permisible violar y torturar a las mujeres y tolerar la discriminación y la violencia por razones de género.