José Ramón y Pascual se encuentran presos en el penal de Huauchinango, Puebla, sentenciados a más de seis años de prisión por un delito que les fue inventado; esto, por defender el derecho al acceso al agua para toda la comunidad y oponerse al control del mismo por un grupo caciquil.

«Los policías judiciales me pedían 250 mil pesos, para liberarme y como yo no accedí, uno me dijo «espérate, te vamos a dar tu página de sociales», cosa que yo no entendía. Luego vimos como traían un baúl con tarjetas y me armaron un show ante los medios».

Organizaciones de la sociedad civil enviaron una carta a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados para expresarles su preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales, basado en la propuesta presentada por Calderón en septiembre de 2011.

¿Un montaje, para qué? / Carmen Aristegui, en Reforma. El caso Cassez ha sido muy importante porque pone en el debate público la interpretación de la justicia, el debido proceso, el derecho de las víctimas y la actuación de autoridades y medios de comunicación. Los ministros de la SCJN no discutieron sobre la inocencia o culpabilidad de Cassez, sino sobre la actuación de las autoridades policiacas y judiciales.

Después de dos meses de su injusto encarcelamiento, su libertad fue posible gracias al apoyo de su organización (la OPIM) y al intenso trabajo de defensa, documentación y difusión realizado por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

En conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, la mamá de Israel Arzate dijo: «Muchos de ustedes me conocen; quiero, pido, exijo justicia para mi hijo (…) llevo dos años luchando por su libertad, pido que me lo regresen y saldré de Ciudad Juárez, y si puedo del país. No quiero nada con México; los ciudadanos no tenemos garantías de justicia».