El jueves pasado, 22 de marzo, varias organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos y Todas», enviaron una carta a las y los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso de la Unión, para expresar su preocupación por los contenidos del proyecto de reforma del Código Federal de Procedimientos Penales (CFPP), que actualmente está basado en la propuesta presentada por Felipe Calderón en septiembre de 2011.
Como es del conocimiento público, la propuesta presentada por el Presidente de la República no toma en cuenta las recomendaciones de los órganos de las Naciones Unidas ni las del Sistema Interamericano. De hecho, contradice las reformas constitucionales en materia de sistema penal acusatorio, derechos humanos y juicio de amparo, lo cual ha venido en detrimento de las víctimas, quienes se ven expuestas a un Ministerio Público con funciones excesivas de persecución, pero carente de técnicas de investigación y, usualmente, arbitrario en sus decisiones.
Por otro lado, la propuesta viola estándares en materia de medidas cautelares y prisión preventiva, lo cual es contrario a la presunción de inocencia y fomenta prácticas como la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Además, alarma la implementación de cateos sin necesidad de orden judicial a sitios de acceso público y de operaciones encubiertas y agentes infiltrados, mismos que no dejan en claro el modo de control judicial.
Al profundizar y detallar los distintos puntos que actualmente se discuten, las organizaciones denunciaron que, en resumen, el proyecto del CFPP se aparta de la reforma constitucional del 2008 e implica una regresión al modelo inquisitorio. Por lo tanto, urgieron a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados a reorientar el proceso para formular un Código que incorpore los derechos tanto de los acusados como de las víctimas en equidad, que establezca claramente las reglas del debido proceso y que ofrezca incentivos reales para proteger y garantizar los derechos humanos.