Por Área Internacional/Centro Prodh
El departamento de Estado de los Estados Unidos hizo público -el 19 de abril- su informe anual sobre la situación de derechos humanos en el mundo para el año 2012, incluyendo un capítulo sobre México en el que el gobierno estadounidense recaba datos recibidos de fuentes gubernamentales, no gubernamentales e internacionales referentes a una variedad de graves abusos de derechos humanos en el país.
El documento destaca al principio, “Entre las principales problemáticas relativas a los derechos humanos se encuentra el involucramiento de la policía y las fuerzas armadas en serios abusos, incluyendo ejecuciones ilegales, abusos físicos, tortura y desapariciones forzadas. La generalizada impunidad y corrupción siguen siendo problemas graves.”
Asimismo, el informe menciona que “la impunidad generalizada por violaciones a derechos humanos” que persiste a pesar de algunas detenciones por corrupción, siendo esta última una problemática en las instituciones de seguridad y judiciales, entre otras. En cuanto a la corrupción en el país, el análisis resume en términos escuetos pero acertados la problemática: “Si bien la ley contempla sanciones penales por la corrupción, el gobierno no la hizo cumplir de manera eficaz. Información creíble deja ver que los funcionarios frecuentemente participaron en actos de corrupción con impunidad y relativamente pocos casos fueron consignados.”
En materia de tortura, la publicación narra que en 2012 hubo “denuncias frecuentes” por parte de personas detenidas informando que fueron “golpeadas, asfixiadas, torturadas con toques eléctricos, violadas y amenazadas de muerte”. El informe recuerda como caso pendiente el de Israel Arzate Meléndez, víctima de tortura en instalaciones militares en 2010 con el fin de obligarlo a confesar falsamente su participación en la masacre de Villas de Salvárcar; su caso se encuentra pendiente de resolución por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El informe observa que fuentes oficiales y no gubernamentales dan cuenta del abuso de la figura de flagrancia por el Ejército y que las fuerzas castrenses retienen indebidamente a las personas detenidas en vez de ponerlas de inmediato a disposición de la autoridad civil competente.
El sistema de justicia penal adolece de graves deficiencias según la información recabada por el gobierno estadounidense, entre las que podemos encontrar desde la falta de presunción de inocencia, hasta la falta de acceso a un/a abogado/a defensor/a o falta de capacidad del mismo. El informe observa que en México es raro encontrar defensorías autónomas. Además, el informe visibiliza el uso de confesiones obtenidas bajo tortura como “la prueba principal” en procesos penales. También recuerda el caso de José Ramón y Pascual, defensores del agua y ejemplos de la fabricación de culpables en el sistema penal, quienes fueron liberadas por la SCJN a finales de 2012.
En lo relativo al papel desempeñado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), si bien el informe se refiere a diversas estadísticas recabadas por ésta, también cita estudios que indican que el organismo público no aprovecha debidamente su mandato para investigar y exigir rendición de cuentas a servidores públicos señalados por violaciones a derechos humanos, y que se aleja de los estándares internacionales en la documentación de casos.
Según el informe, la CNDH en cambio señala la falta de transparencia de la Procuraduría General de la República (PGR) y otros retos estructurales como factores que limitan los alcances de su labor.
El documento también retoma la situación de riesgo que enfrentan las personas y agrupaciones defensoras de derechos humanos, citando el caso de la comunidad de San José del Progreso, Oaxaca, donde activistas que se oponen a la explotación minera han padecido diversos ataques resultando en la muerte de diversas personas durante 2012.
Finalmente, el informe analiza las condiciones laborales, recabando datos que dejan ver que incluso si una persona gana el salario mínimo oficial, no es suficiente para superar la línea de la pobreza. Observa que las empresas evaden pagar los impuestos debidos, así como sus obligaciones en materia de seguridad social, al emplear a sus trabajadores de manera informal. De particular preocupación resultaron las condiciones de seguridad en las minas del país, especialmente en Coahuila, a la luz de 19 muertes ocurridas en este sector en 2012 e incluidas en el informe.
El texto íntegro del análisis en inglés está disponible aquí y retoma, además de los temas mencionados, la discriminación y violencia contra las mujeres, la situación de pueblos indígenas, los secuestros y abusos cometidos contra migrantes, la libertad de expresión y entre otros.