Por Educación/Centro Prodh
El 15 de marzo del 2013, se cumplió un año de la emboscada en la que Bernardo Vásquez Sánchez, dirigente de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), fue asesinado a balazos mientras regresaba a su casa. En el mismo atentado también resultaron heridos su hermano Andrés Vásquez y Rosalinda Dionicio Sánchez que, al día de hoy, todavía no ha recuperado completamente la funcionalidad de su pierna, herida por el impacto de una bala.
Desde el 2007, las y los opositores a las actividades mineras de la empresa Minera Cuzcatlán S.A. de C.V. se han concentrado principalmente en la CPUVO, una organización comunitaria enfocada a la defensa del territorio cuyos integrantes han sido víctimas de repetidas agresiones violentas y asesinatos por parte del grupo pro-mina y otros actores no identificados.
La presencia de la empresa minera de oro y plata, filial mexicana de la canadiense Fortuna Silver Mines Inc., y su relación con las autoridades municipales y agrarias en San José del Progreso, pueblo indígena zapoteca, ha impactado seriamente en la vida cotidiana de sus habitantes, ha generado el rompimiento del tejido social comunitario y ha sido la responsable de homicidios, lesiones y el incremento sistemático de violaciones a los derechos humanos.
El Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios, ha recibido denuncias sobre la existencia de una verdadera campaña de regalías (desde útiles escolares hasta camionetas, maquinaria agrícola y pequeñas obras públicas) a través de las cuales Fortuna Silver Mines Inc. habría intentado comprar el consenso de la comunidad, creando una situación de clientelismo y dependencia con parte de la población.
En repetidas ocasiones la CPUVO ha denunciado que la empresa minera estaba también financiando a un grupo armado en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso (Alberto Mauro Sánchez), con la función de amedrentar los y las opositores a la mina. Sin embargo, las autoridades estatales han hecho caso omiso a dichas denuncias. Y la violencia sigue.
Justo el viernes 15 de marzo, ante presencia de integrantes del Centro Prodh, alrededor de 200 personas que manifestaban pacíficamente en frente de la mina fueron acorraladas por varias camionetas de la facción pro-mina, reteniendo a los manifestantes durante un par de horas. Las personas que mantenían el bloqueo también dispararon con armas de fuego al aire, con la clara intención de intimidar al grupo de pobladores y organizaciones que se encontraban frente a la mina.
San José del Progreso no es un caso aislado: existen en el país alrededor de 27 mil concesiones mineras que ocupan el 16.08 por ciento del territorio nacional, según datos de REMA, obtenidos a través de INFOMEX en 2012. En donde hay un proceso de extracción minera, especialmente de metales preciosos como oro y plata, hay un patrón de violaciones a los derechos humanos, corrupción división comunitaria, violencia y contaminación del medio ambiente que se repite como si fuera el guión de la misma trágica película.