BAJO LA LUPA | Apelar a la responsabilidad de la SCJN, por Maite Azuela
Como lo señala el colectivo Seguridad sin Guerra: si el proyecto fuera aprobado en sus términos por la Suprema Corte, establecería un procedimiento de suspensión de derechos y garantías establecidos en el artículo 29 constitucional. Esperemos que las y los ministros hayan discutido sobre las implicaciones de someter a las instituciones civiles, incluida la propia Corte, a la discrecionalidad de las instituciones militares. (…)
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