El domingo 28 de octubre se cumplieron seis años del asesinato de Karla Pontigo, cuyo caso sigue sin resolverse. La SCJN analiza la reapertura del expediente así como la investigación de ocho funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de San Luis Potosí (PGJESLP) por obstruir la indagatoria (…)

* Ingresa otra caravana; ahora son salvadoreños
* México analiza con Centroamérica la migración «inédita» y «atípica» hacia EEUU
* Los pueblos indígenas están desprotegidos, dice la CNDH
* Ejecutan en una emboscada a líder de damnificados de la sierra de Chilpancingo (…)

La impunidad provocó 58 % de personas desaparecidas en Veracruz en 2016, 51 % de personas desaparecidas en Puebla y 29 % en Michoacán. La impunidad no sólo son procuradurías burocratizadas, largas filas inhibitorias y frustración. La impunidad también son personas desaparecidas, costos en tiempo y recursos para su búsqueda así como un inmensurable dolor.  (…)

La ONU-DH recibió información sobre la presunta criminalización de personas defensoras de derechos humanos de la comunidad indígena de San Pedro Tlanixco (Tlanixco), municipio de Tenango del Valle, en el Estado de México. Tras el análisis de la información recogida, incluida la contenida en el propio expediente judicial, la ONU-DH considera que en primera instancia la administración de justicia no habría observado en todas sus dimensiones el derecho al debido proceso legal de Lorenzo Sánchez Berriozábal, Marco Antonio Pérez González y Dominga González Martínez, personas defensoras indígenas nahua de Tlanixco, quienes fueron condenadas a 50 años de prisión el 27 de noviembre de 2017. El actual proceso de apelación es una oportunidad única para que el Poder Judicial repare los derechos violados. Leer más: http://bit.ly/2EPWSob

Cuándo: 28, 29 y 30 de noviembre

Dónde: Centro Prodh, Ciudad de México

Para solicitar más información se puede llamar al teléfono (01 55) 5546 8217 extensión 102 o 120, o escribir al correo electrónico educacion@centroprodh.org.mx

ARTICLE 19 llamó a esclarecer si el asesinato de Gabriel Soriano Kuri en Acapulco fue un ataque dirigido y perpetrado por presuntos integrantes de la delincuencia organizada con motivaciones políticas, pues, «de ser así, este homicidio sería un hecho sin precedentes pues confirmaría que el narcotráfico está utilizando a la prensa como carne de cañón para presionar políticamente a las autoridades públicas para alcanzar sus fines. Esto señalaría el inicio de una nueva forma de violencia del crimen organizado contra el periodismo».  (…)