En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya se enlistó para discusión la Ley de Seguridad Interior. Sí, esa ley que ha sido ampliamente señalada tanto por ser violatoria de los derechos humanos como por otorgar a las fuerzas armadas poder metaconstitucional. Está en las manos, las mentes, los corazones y la determinación de las y los 11 ministros de la Corte defender no solo la Constitución, sino la vida, la integridad y los derechos humanos de los mexicanos. Desafortunadamente, el proyecto del ministro Jorge Pardo Rebolledo, aun con sus propuestas de modificación, protege la esencia de la iniciativa.
Como lo señala el colectivo Seguridad sin Guerra: si el proyecto fuera aprobado en sus términos por la Suprema Corte, establecería un procedimiento de suspensión de derechos y garantías establecidos en el artículo 29 constitucional. Esperemos que las y los ministros hayan discutido sobre las implicaciones de someter a las instituciones civiles, incluida la propia Corte, a la discrecionalidad de las instituciones militares. Además, habrán de sopesar el riesgo de que el proyecto ignora la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas en las intervenciones de las fuerzas armadas. Aquilatar estas consecuencias implicaría desechar ese dictamen y declarar la ley inconstitucional.
Ojalá que la preocupación de quienes representan el Poder Judicial de la nación no radique en los costos de confrontar las aspiraciones de las fuerzas armadas, porque la previsión estaría planteada con la misma falacia de la ley: otorgar el poder de las instituciones civiles a las militares, asumiendo que se ha entregado ya.