El día de hoy, 12 de enero de 2012, varias organizaciones de la sociedad civil condenaron nuevamente el violento desalojo de desplazados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco. Además, presentaron el testimonio de un hombre guatemalteco desplazado, quien narró cómo el INM golpeó a sus compañeros y engañó a las mujeres y niños para poder detenerlos.

El día de ayer, el Movimiento Ciudadano por la Justicia Cinco de Junio emitió, desde Hermosillo, Sonora, un boletín de prensa en el que hizo pública la situación jurídica de Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, miembro fundadora de la Guardería ABC.

El día de ayer, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) refirió en varias entrevistas ante medios de comunicación que la comunidad de Nueva Esperanza no había sido desplazada con violencia de la línea fronteriza de Tenosique. Ante la gravedad de la contradicción de sus declaraciones en relación a los hechos documentados, varias organizaciones emitieron un boletín de prensa, en el que desmienten el dicho de la autoridad migratoria.

Las cifras son muy claras: el año pasado la inflación creció un 3.8%, superando las previsiones; en los dos últimos sexenios el sector informal generó 3 de cada 4 empleos, lo cual implica que 2 millones 781 mil 703 personas no tienen ningún trabajo y lo están buscando, según cifras del INEGI.

El día de ayer, lunes 9 de enero de 2012, alrededor de las seis horas, se realizó un operativo en la franja fronteriza aledaña al Ejido de Nuevo Progreso, en Tenosique, Tabasco, donde fueron desalojados de manera violenta y sorpresiva familias guatemaltecas, mismas que mantenían en esa zona un campamento desde el 23 de agosto de 2011.

Como todos recordamos, el 12 de diciembre del año pasado el uso de la fuerza letal en contra de una manifestación estudiantil de normalistas de la Escuela Raúl Isidro Burgos, en Chilpancingo, Guerrero, dejó como saldo la muerte de dos estudiantes y un trabajador de gasolinera, así como múltiples denuncias de tortura, detenciones arbitrarias, y de uso indebido del sistema de justicia penal en contra de los manifestantes.