El día de ayer, el Comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM) refirió en varias entrevistas ante medios de comunicación que la comunidad de Nueva Esperanza no había sido desplazada con violencia de la línea fronteriza de Tenosique. Ante la gravedad de la contradicción de sus declaraciones en relación a los hechos documentados, el Centro Prodh, la Red Todos los Derechos Para Todas y Todos, Equpo Indignación, el Movimiento Migrante Mesoamericano y el Centro de Derechos Humanos Usumacinta emitieron un boletín de prensa, en el que desmienten el dicho de la autoridad migratoria.
Según el testimonio de las y los guatemaltecos que lograron no ser asegurados, personal del INM y de instancias de seguridad federal y estatal intentaron persuadir a la comunidad de subir a los autobuses; sin embargo, cuando la gente se resistió, las autoridades utilizaron la fuerza contra algunos de ellos. Debido a que varias personas huyeron hacia su país, las autoridades comenzaron a detener a las niñas y los niños, obligando con esto a los papás a abordar los autobuses, lo cual constituye un trato cruel e inhumano. Es sumamente grave que en estos hechos no se preservara la unidad familiar, pues entre quienes no pudieron desalojar se encuentran menores de edad cuyos padres y madres fueron trasladadas a la Estación Migratoria.
Por otra parte, las organizaciones señalaron que el gobierno federal actuó en contra de su propio dicho, pues días antes había comenzado un proceso de regularización temporal para la mayoría de los hombres de la comunidad desplazada, con el fin de que tuvieran permiso para trabajar en el país. El día 4 de enero, organizaciones de derechos humanos se habían reunido con autoridades de la Secretaría de Gobernación, el INM, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la Procuraduría General de la República (PGR), quienes ofrecieron sin condicionamientos seguir proporcionando apoyo humanitario.
Asimismo, es de notar el uso faccioso del sistema penal para criminalizar a los defensores de derechos humanos. El mismo día del desalojo, dos representantes de la comunidad de desplazados que se trasladaban con Fray Tomás González, colaborador del CDHU, fueron detenidos por la Policía Federal y trasladados a las instalaciones locales de la PGR, donde se les hizo saber que estaban detenidos por ser acusados del delito de tráfico de personas y que Fray Tomás también estaba acusado. Esta denuncia penal tiene el número AP/OGCAPZNO/XIV/042012. Cabe señalar que, según testimonio de uno de los detenidos y después liberados, la persona que les tomó su declaración les hizo muchas preguntas acerca de la identidad y la labor de Fray Tomás.
Por estos hechos, las organizaciones firmantes deploraron el desalojo forzado en contra de la comunidad Nueva Esperanza y lamentaron el uso de la fuerza como estrategia de contención de las víctimas más vulnerables. Además, exigieron detener el proceso de repatriación, pues con este proceder el gobierno mexicano pone en riesgo la integridad de las y los desplazados, quienes no gozan de plenas garantías de seguridad para reingresar a su país. Asimismo, condenaron cualquier acto de criminalización contra Fray Tomás González y las y los colaboradores del CDHU. En este sentido, exigieron que el Estado mexicano les garantice en todo momento su derecho a la integridad y a la seguridad personal.