Las muertes nos muestran el nivel de horror que se ha alcanzado con la estrategia del Ejecutivo federal contra la delincuencia. Los civiles agresores asesinados pretenden ser una prueba fehaciente del compromiso de las Fuerzas Armadas de Felipe Calderón con la seguridad de los mexicanos; sin embargo, resultan contraproducentes cuando no se demuestra a la sociedad objetivamente y a través de los causes institucionales que murieron después de haber hecho lo imposible porque no fuera así.

Ayer, 30 de enero, se conmemoraron dos años del multihomicidio de quince personas en la colonia Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua. La CNDH ha corroborado graves violaciones a los derechos humanos tanto de las víctimas como de Israel Arzate Meléndez, quien bajo tortura fue obligado a declararse culpable de un delito que no cometió.

El viernes 27 de enero se anunció la muerte de Miguel Nazar Haro, quien fuera Jefe de la Dirección Federal de Seguridad. Murió en la impunidad porque el Estado mexicano nunca fue capaz de ejercer una verdadera justicia transicional. A continuación, desde el Sididh transcribimos el artículo de Pável Uranga, hijo de Francisco Uranga López y Margarita Muñoz Conde, ex guerrilleros torturados personalmente por Miguel Nazar Haro.

Hugo César Vázquez Bahena y Efraín Bahena Hernández fueron interceptados y desaparecidos el martes 24 de enero en la ciudad de Iguala, Guerrero. Momentos antes, ambos habían acudido a las oficinas de la Policía Federal Preventiva a recoger un vehículo en el que días antes familiares habían sido baleados por desconocidos.

En días recientes ha habido una rica expresión numérica que muestra la situación de violencia en la que está enfrascado el país. Diversos actores han intervenido en ajustarse a la verdad, también dejando claro que la lucha por las cifras es un campo donde se debaten las fuerzas simbólicas relacionadas con la estrategia de seguridad en contra la delincuencia organizada.

El pasado lunes, 23 de enero por la madrugada, se llevó a cabo un operativo policiaco en el CERESO de Saltillo, Coahuila, en el que fuerzas federales y estatales. El uso desproporcionado de la fuerza pública se hizo evidente cuando el espacio de la capilla de la Iglesia Católica fue profanado: «el Sagrario fue destruido, las Hostias Consagradas fueron botadas al suelo y maltratadas. El Copón que las contenía también quedó arrojado en el piso».