En días recientes ha habido una rica expresión numérica que muestra la situación de violencia en la que está enfrascado el país. Diversos actores han intervenido en ajustarse a la verdad, también dejando claro que la lucha por las cifras es un campo donde se debaten las fuerzas simbólicas relacionadas con la estrategia de seguridad en contra la delincuencia organizada.
La organización Human Righsts Watch (HRW) presentó su informe mundial en que dice sobre México «Periodistas, defensores de derechos humanos y migrantes son atacados deliberadamente por organizaciones delictivas y miembros de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, México no ha ofrecido protección a estos grupos vulnerables ni ha investigado adecuadamente los delitos de los cuales han sido víctimas». En este sentido, ofrece un ejemplo de la impunidad que atraviesa el país: la Procuraría General de Justicia Militar inició 3 mil 671 investigaciones de presuntos abusos militares entre 2007 y junio de 2011, mientras que sólo quince soldados fueron condenados durante ese periodo. Estos datos han vuelto a poner el dedo en la llaga, tanto que el Secretario de Gobernación Alejandro Poiré, manifestó que “rechaza los señalamientos de HRW sobre las violaciones a los derechos humanos e impunidad de los cuerpos de seguridad federales en México”.
En estas disertaciones no se puede dejar de lado las muertes reportadas en el año pasado. El periódico La Jornada publicó el 31 de diciembre un recuento periodístico con información obtenida de funcionarios del gabinete de seguridad, que señala que durante 2011, fueron asesinadas 11 mil 890 personas en México, en promedio 33 cada día, por presunta rivalidad delincuencial o en enfrentamientos entre autoridades y grupos criminales. Del total, diez entidades –Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Guerrero, Durango, Jalisco, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán y estado de México– acumularon 84 por ciento de los casos.
Según el ejecutómetro de Grupo Reforma (02/01/12), el número de muertes vinculadas con el crimen organizado fue de 12,359 y afirman que, en comparación con el año 2010, esta cifra es mayor y los multihomicidios tienen un grado de más violencia. Los estados que aumentaron la variación son Zacatecas con un incremento del 623%, le sigue Veracruz con un 573%, después Coahuila, Nuevo León y Campeche. Los tres estados que están en el top criminal son: Chihuahua con 3185 ejecutados, Sinaloa (2028) y Guerrero (984).
Para documentar “nuestro optimismo”, La Jornada del 12 de enero ofreció el dato oficial de la Procuraduría General de la República (PGR), sobre el número de muertos durante los primeros nueve meses de 2011: 12,903 asesinados presuntamente relacionados con rivalidad delincuencial. Este dato aumenta el número de personas de manera escandalosa. Oficialmente hasta el 1 de octubre hay un total de 47 mil 453 homicidios en la gestión de Calderón; según la contabilización de La Jornada, el total llega a 55 mil 671 asesinados.
¿Cuándo sabremos las cifras exactas? Los investigadores y académicos podrán conocer esta información, así como los errores y omisiones cometidas hasta 2023. Los documentos en los cuales han sustentado las cifras oficiales están reservados, al menos por los próximos 12 años. Abrirlos antes de ese momento sería no sólo “poner en riesgo la estrategia contra los cárteles”, sino también poner en duda ante la opinión pública la cifra de muertos oficial reconocida hasta el momento -47 mil 515-, como lo afirmó la PGR.
La variación de las cifras nos muestra que únicamente se puede tratar de un aproximado que no coincide con el horror de tantos muertos, que tienen trás de sí a muchas personas más que los están llorando y padecen la violencia atroz. Los muertos hablan, mientras las autoridades ocultan e impiden que la verdad se transparente. Si se nos ocultan las cifras o se presentan de manera atomizada, nos queda claro que menos aún podemos aspirar a un estudio más profundo que nos revele la historia y la verdad de la muerte de casi 60 mil mexicanos.