El día de ayer, 30 de enero de 2012, se conmemoraron dos años del multihomicidio de quince personas en la colonia Villas de Salvarcar en Ciudad Juárez, Chihuahua. Al rememorar lo acontecido, las organizaciones Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, Centro Juárez de Apoyo a Migrantes y el Centro Prodh, emitieron un boletín de prensa, en el que hicieron un recuento de lo vivido ante instancias nacionales e internacionales a partir de los hechos.
Las organizaciones recordaron que el pasado 31 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió las recomendaciones 49/2011 y 50/2011, mediante las cuales se corroboraron las graves violaciones a los derechos humanos que sufrieron las víctimas, pero también el imputado Israel Arzate Meléndez, quien bajo tortura fue obligado a declararse culpable de un delito que no cometió.
Asimismo, el 9 de noviembre de 2011, Human Rights Watch en su informe «Ni Seguridad, Ni Derechos: Ejecuciones, desapariciones y tortura en la «guerra contra el narcotráfico» de México» señaló que, en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada en México, militares y policías han cometido violaciones de derechos humanos generalizadas y que casi ningún caso está siendo investigado adecuadamente. En este Informe, la organización retomó la violación de los derechos y garantías de Israel Arzate Meléndez como uno de los casos base para realizar este señalamiento. Por otra parte, en diciembre de 2011, Amnistía Internacional denunció la evidencia de tortura sufrida por Israel Arzate, misma que ha sido ignorada desde el inicio de su detención por representantes del ministerio público y del poder judicial de Chihuahua.
El caso de Israel Arzate ejemplifica el patrón de violaciones a derechos humanos cometidas tanto por elementos de las Fuerzas Armadas como por las autoridades encargadas de la procuración y administración de la justicia, para quienes el nuevo sistema de justicia penal (acusatorio, oral y adversarial) no ha permitido garantizar efectivamente una defensa adecuada, la equidad procesal y la presunción de inocencia. Por otro lado, la falta de eficacia en las investigaciones sobre la masacre de Villas de Salvárcar evidencia que se siguen obteniendo confesiones mediante la práctica de la detención ilegal y la tortura. Además, da cuenta del involucramiento de militares en la detención arbitraria, la incomunicación y la tortura y confirma que su participación en tareas de investigación y persecución del delito pone en riesgo la vigencia de los derechos humanos.
Es por esto que el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro Prodh señalan que, mientras prevalezcan estas prácticas, se mantendrá la falta de garantías al derecho a las víctimas de esta tragedia a acceder a la justicia. Por lo tanto, demandaron al General Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa Nacional y al licenciado César Horacio Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua, aceptar la recomendación de la CNDH y darle cumplimiento efectivo; en este sentido, exigieron investigación a fondo de los hechos y sanción a los responsables, así como velar por la seguridad y la integridad de Israel Arzate y su familia. Por último, hicieron un llamado al Tribunal Colegiado de Circuito para que tome en cuenta la recomendación en la resolución del caso dentro de los amparos interpuestos por Israel.